Soria aprovechará la reforma eléctrica para evitar un nuevo ‘tarifazo’ este mes de julio.
El Ministerio de Industria quiere llevar la reforma energética al Consejo de Ministros del próximo viernes 21 como fecha límite para conseguir un acuerdo del órgano colegiado del Gobierno antes de que se celebre la próxima subasta sobre el precio de la energía, que está prevista oficialmente para el día 25. El objetivo estratégico de esta decisión no es otro que favorecer una normativa que amortigüe el efecto de una eventual subida de la luz en este segundo trimestre de 2013.
Los analistas del sector están convencidos de que la evolución del mercado en estos últimos tres meses va a traducirse en un incremento cercano al 7% del llamado término de energía. El Gobierno ya ha anunciado su decisión de congelar los peajes en el sistema eléctrico, pero la ley obliga a repercutir de manera automática el coste de las materias primas a la tarifa eléctrica. En definitiva, el recibo de la luz podría experimentar una subida desalentadora de entre el 3 y el 4% a partir del próximo mes de julio.
Las expectativas se complican si se tiene en cuenta que los últimos contratos de energía para el suministro de último recurso, más conocidos con el nombre de ‘Subasta Cesur’, depararon una caída inaudita del 15% en marzo pasado, rebajando el listón de referencia a un nivel que ahora se vuelve en contra de todos los consumidores y también del Ministerio de Industria. El titular del departamento, José Manuel Soria, intenta matar dos pájaros de un tiro anticipando los reales decretos de la anunciada reforma eléctrica para incluir soportes legales que modifiquen la fórmula tradicional en virtud de la cual el precio de la energía que fijan los operadores mayoristas se traslada al recibo mensual de la luz.
La reestructuración del sector energético constituye una de las asignaturas prioritarias del Programa Nacional de Reformas que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea y todo hace indicar que el ministro tampoco tiene mucho interés en apurar los plazos de su presentación en sociedad, que inicialmente se habían establecido a finales de junio. Los agentes del mercado se muerden las uñas ante la puesta de largo de un nuevo marco legal que va a suponer una clara ruptura con los procedimientos tradicionales de gestión en el sistema eléctrico.
Red Eléctrica como aliado preferente del Gobierno
Además de los decretos destinados a reducir por vía de apremio los costes regulados de transporte, distribución y régimen especial de renovables, el nuevo diseño normativo va a profundizar en una revisión de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 con el fin de asegurar el suministro eléctrico mediante la introducción de mayor competencia. Quizá el momento no sea el más adecuado para fomentar una revolución de tamaña naturaleza dada la crisis de la demanda eléctrica, pero el Gobierno necesita soluciones urgentes y estructurales que frenen en seco la galopada de un déficit de tarifa incesante y a punto de asomar por el precipicio de los 30.000 millones de euros.
El Ministerio de Industria intenta aprovechar la ocasión para dar un vuelco a las relaciones de poder con el sector de manera que el Gobierno tenga la sartén por el mango a la hora de ajustar cuentas y controlar los mecanismos de formación de precios en el mercado. Dentro de esta línea de actuación, la reforma supondrá un reforzamiento del papel de Red Eléctrica como operador del sistema y aliado preferente del Gobierno a la hora de modular los tráficos de demanda.
La empresa que gestiona la red de alta tensión está llamada a hacerse con todas las centrales de bombeo eléctrico en España, tal y como se ha puesto de manifiesto con la reciente ley de garantía de los sistemas insulares y extrapeninsulares. Entre otras muchas cesiones, esta normativa obliga a Endesa a desprenderse de sus emblemáticos proyectos de Chira-Soria en Gran Canaria y Gorona del Viento en la isla del Hierro. El comprador será Red Eléctrica, por lo que la compañía que preside José Folgado verá mejorada su posición competitiva en el mercado eléctrico. La estrategia está perfectamente calculada y constituye una clara declaración de las intenciones del Gobierno por acabar con el oligopolio natural regulado que ha manejado el negocio del kilovatio en España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario