Rajoy propone una reforma de la Administración que depende de la buena voluntad de las CCAA.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto desde el palacio de La Moncloa la campaña de promoción y venta de la reforma de las Administraciones con el adelanto de alguna de las 217 recomendaciones que incluye el informe-auditoría correspondiente que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Los compromisos de ajuste, simplificación y ahorro en la Administración central se concretarán en proyectos de ley porque el Gobierno no requiere más que de sí mismo para acometerlos. Lo demás dependerá de la voluntad de los gobiernos regionales.
La parte que afecta a las comunidades autónomas se tendrá que quedar en una serie de sugerencias, como las esbozadas por el jefe del Ejecutivo para que los gobiernos regionales supriman organismos o agencias como los de predicción meteorológica, amparo de la competencia o gestión de la energía. Rajoy ha querido presentar el informe como un análisis técnico y de propuestas de racionalización y ahorro también muy de sentido común, ajenas a cuestiones ideológicas, para buscar el pacto con las autonomías y la oposición socialista. El Gobierno remitirá el texto al Consejo de Política Fiscal y Financiero para negociar con las primeras.
Aunque no ha dado detalles concretos, el fondo de la propuesta del Gobierno es suprimir duplicidades y agrupar servicios, justo en sentido contrario al constante crecimiento del Estado de las autonomías en las dos últimas décadas. Los ejemplos puestos por Rajoy son claros. Hay materias en que los gobiernos regionales hacen lo mismo que la Administración central. Es el caso de los servicios meteorólogicos, los organismos de la energía, los consejos económicos y sociales y las oficinas de representación en el exterior, que, como ha recordado el jefe del Ejecutivo, pueden ser acogidas en las embajadas de España para ahorrar, por lo menos, en locales.
Rajoy ha reconocido que la tarea de poner al día las Administraciones públicas, agilizarlas en su funcionamiento y conseguir que sean económicamente sostenibles es una labor "ardua, difícil y que exige mucha determinación". También que le llevará todo el resto de la legislatura. El choque con los intereses de las autonomías controladas por nacionalistas está servido, dado que su proyecto político es constituirse en Estados.
No obstante, el presidente del Gobierno ha insistido en que la reforma de la Administración es fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo con el objetivo de superar la crisis, además de vital para asegurar que el Estado cumpla en el futuro con sus obligaciones de prestar servicios a los ciudadanos.
"El ahorro no puede venir por la subida de impuestos ni por el recorte de servicios", ha admitido Rajoy para apelar a la responsabilidad de todos los gobernantes a la hora de generalizar las centrales de compra, el acuerdo para no duplicar esfuerzos, el recorte de la burocracia, la duplicidad en las funciones y la resistencia a liquidar organismos de interés superfluo o empresas públicas deficitarias.
Rajoy ha hecho el discurso de apertura del proceso de reforma general de la Administración acompañado por los principales responsables de llevarla a término: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Para dejar claro su empeño ha presidido la reunión de la comisión ministerial que ha elaborado la auditoría citada, con Jaime Pérez Renovales (subsecretario de Presidencia) al frente.
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