En una democracia madura, la transparencia y la igualdad ante la ley deberían ser principios inquebrantables. Sin embargo, en nuestro país, cada día parece más evidente que el poder político ha decidido situarse por encima de las normas que impone al resto. Lo que para los ciudadanos comunes es infracción, para los gobernantes es costumbre. Lo que se nos exige cumplir, ellos lo burlan sin pudor.
¿De dónde saca un partido político o un gobierno dinero en efectivo para disponer de chistorras a tutiplén para sus gastos? Resulta que limitan el uso del dinero en efectivo a los ciudadanos -dinero que es suyo, fruto de su trabajo-, y mientras tanto reparten billetes, dádivas, lechugas y chistorras como si nada fuera con ellos. Dinero que no es suyo. ¿De dónde sale? ¿Aparece de la nada?
Supongo que, fuera de esa anomalía de limitar el uso del efectivo a todos menos a ustedes, tendrán los justificantes de cada euro líquido ante el banco correspondiente. Pero cuesta creerlo. Salvo que tengan montado un mercado en Ferraz.
De verdad, parece que se ríen de la inteligencia de la gente. Lo hacen todo tan descaradamente que ya ni ofende: ahora solo indigna y reclama justicia. Hasta el propio presidente ha reconocido haber cobrado en efectivo alguna vez, como si quisiera curarse en salud antes de que alguien se lo señale.
Pero, ¡ojo! ¿No es hora ya de que la Fiscalía haga su trabajo y vele por la limpieza democrática? Junto a ella, todos los estamentos, los tribunales de cuentas y los órganos de justicia deberían actuar de oficio ante tanta indecencia y desvergüenza institucional. Se llama transparencia democrática.
Porque no hablamos solo de tener imputada a la esposa del presidente, o a su hermano, o a sus dos últimos secretarios de organización, a la mano derecha de ambos y a su fiscal general. Hablamos de un patrón. Un patrón que muestra que el presidente ha incumplido su propio programa electoral, ha pactado con quienes decía no pactar jamás, ha indultado a quienes consideraba indecente indultar y ha legalizado una amnistía que calificó de anticonstitucional. Todo, por aferrarse al poder. Por seis escaños. Es que hasta lo dijo.
Ha condonado deudas derivadas del despilfarro de fondos públicos, ha concedido competencias a cambio de apoyos, ha regalado poder y, sobre todo, ha dividido. Ha creado un clima de insolidaridad territorial y de desigualdad ante la ley. Hay normas de inmunidad para sus socios, y normas de estricto cumplimiento para el resto de los ciudadanos.
¿Cómo no sentir que se ha alejado de todos nosotros?
Se salta la independencia judicial: es juez, parte y repartidor. En cualquier país democrático, por mucho menos, ya habrían dimitido y convocado elecciones. Pero no. Dicen que no lo hacen "para salvarnos de nosotros mismos". Como si los ciudadanos fuésemos menores de edad, incapaces de votar con criterio. Como si fueran ellos los únicos capacitados para gobernar.
Todo esto es tan indecente que deberían actuar de oficio todos los organismos encargados de velar por la limpieza democrática. Pero miran hacia otro lado, o se alían con el poder. Estamos huérfanos ante semejante autocracia descarada.
Duele repetirse, pero lo haré una y otra vez: nos jugamos mucho si bajamos la cabeza ante esta banda de impresentables.
La democracia, si no se defiende, se disuelve como un azucarillo ante nuestros propios ojos.
El poder es goloso, crea adicción, y nadie quiere soltarlo. Por eso hay que denunciar, exigir y actuar. La Fiscalía, los tribunales de cuentas, la Audiencia Nacional y la justicia deben intervenir con contundencia y rapidez. De lo contrario, seguirán dominando la información y el relato, colocando afines aquí y allá, manipulando todo para perpetuarse en el poder.
Cuando se ignora al poder legislativo y se controla el judicial, solo queda señalar a los críticos como "bulos", acusar a los jueces de "politizados" y, con ese relato, fabricar una legalidad a medida. Lo ilegal se convierte en "bueno para la convivencia", cuando, en realidad, solo busca perpetuarlos en el poder.
Así comienza el camino hacia la tiranía. Venezuela no se convirtió en lo que es de un día para otro: fue un proceso de erosión institucional, disfrazado de democracia. Y aquí, por desgracia, el espejo se parece cada vez más.
No juguemos. Nos jugamos demasiado.
Tenemos un "Maduro" en versión Sánchez.
Un llamado a la conciencia cívica: la democracia no se sostiene sola, necesita ciudadanos despiertos, valientes y críticos. Si las instituciones no reaccionan, debe hacerlo la sociedad civil. Es hora de exigir rendición de cuentas, transparencia y respeto a la ley.
El poder no pertenece a los gobernantes: pertenece al pueblo, y es este quien debe recordárselo.
No basta con indignarse: hay que actuar, votar, fiscalizar, alzar la voz y defender cada espacio de libertad que intenten arrebatar.
Porque cuando el poder se burla de la ley y las instituciones callan, la única barrera que queda frente al abuso es el ciudadano consciente.
