La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla
Alaya impone una fianza de 722.000 € a UGT y CCOO por la Operación Heracles.
Les prohíbe salir de España y tienen que entregar “inmediatamente” el pasaporte y el DNI. La juez Mercedes Alaya ha decretado una fianza de responsabilidad civil subsidiaria de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Roberto Carmona Soto, dentro de la segunda fase de Operación Heracles.
Mera fue detenido el pasado martes en esta fase judicial instruida por Alaya en lo que supuso todo un ataque al sindicato ugetista, ya tocado por las facturas falsas de comilonas y fiestas con cargo a subvenciones de la Junta. Mera, en calidad de secretario general de la FIA (Federación de Industrias y Afines de Andalucía), fue uno de los seis participantes del acta fundacional de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, constituida el 30 de junio de 2003.
El secretario provincial de UGT Cádiz no estaba solo. Lo acompañaban el actual secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, cuando era secretario de Organización y Finanzas de la Confederación Sindical de CCOO en la comunidad andaluza (COAN); Manuel Pastrana, secretario general de UGT Andalucía hasta el pasado mes de mayo, tras 15 años en el cargo, y Roberto Carmona, secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras, también arrestado dentro de la Operación Heracles.
“Mera lo que hizo únicamente fue un trabajo sindical para buscar una solución a la situación que atravesaban entonces esos trabajadores y tratar de favorecer que estos recibieran una prestación adecuada", justificó el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, quien insistió en la inocencia de su compañero gaditano: “No tengo constancia de que haya hecho algo irregular", señaló, sin asegurar de una manera contundente la inocencia de Mera.
Alaya desveló en un reciente auto cómo dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO se enriquecieron “personalmente” con el caso de los ERE falsos, el mayor escándalo de corrupción de Andalucía, La segunda fase de la Operación Heracles se salda con 45 imputados y una decena de detenidos.. La cifra total de imputados en todo el caso se eleva ya a 170 personas. Las detenciones de Mera y Carmona provocaron el pasado jueves un escrache contra la juez en la misma puerta del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se enriquecieron “personalmente” con el caso de los ERE falsos, el mayor escándalo de corrupción de Andalucía, según consta en el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado lunes contra dirigentes de estas dos organizaciones sindicales al que ha tenido acceso El Confidencial. Esta segunda fase de la Operación Heracles se salda con 45 imputados y ocho detenidos. La cifra total de imputados en todo el caso se eleva ya a 170 personas.
Alaya demuestra cómo Juan Antonio Florido García, exsecretario de Organización de Industria Textil de la Junta de Andalucía, habría obtenido, además de la cantidad de 221.543,29 euros correspondientes a las rentas derivadas de su prejubilación tras el ERE de Hytasa, la cantidad de 43.472,18 euros procedentes del holding Vitalia (derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía).
La retribución de Florido se habría conseguido “por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresa”, como figura en el escrito judicial de Alaya, que hace referencia al oficio recibido de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil respeto a medidas contra las irregularidades de las mediadoras Vitalia y Uniter, Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE, y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasí.
El desvío de fondos públicos a través de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de renta habría provocado el enriquecimiento personal de terceras personas que habrían intervenido en la contratación y gestión de estas pólizas. “Fruto de este escrutinio”, especifica el auto, “estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, fundamentalmente como fuente de información respecto a empresas en crisis a las que pudiera resultar conveniente un proceso de reestructuración de plantilla, mediante ERE, prejubilaciones u otras medidas, así como facilitar los procesos habilitando la participación de las anteriores mediadoras”.
Como alto cargo de Comisiones Obreras en Andalucía, Florido mantuvo una estrecha relación con Jesús Bordallo, delegado de Vitalia en Andalucía, a quien presuntamente trasladó la mayoría de los expedientes relacionados con los sectores químico y textil, en cuyos procesos de reestructuración laboral habría participado Florido como representante sindical (Bonpunt, Hitemasa, Intesur, Nilefos Química, Surcolor, Pickman, Tioxide Europe, Tendencias Ferrera).
El despido de 2.000 mineros en Huelva
La implicación de los dos principales sindicatos en este caso también alcanza a otro exdirigente de Comisiones Obreras como Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de este sindicato, y Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz desde noviembre de 2010, implicado, a través de la consultora Uniter, en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva que supuso el despido de 2.000 mineros. Carmona y Mera fueron detenidos ayer por la mañana.
El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, suspendió una rueda de prensa que había convocado para explicar detalles de la investigación interna sobre las facturas de comilonas y fiestas a cargos de subvenciones de la Junta de Andalucía. UGT, a través de una nota informativa, exigió “respeto” a la labor sindical; también que la investigación judicial no se puede utilizar como “una causa general contra los sindicatos”.
El exconsejero andaluz de Empleo y diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera. (EFE)Según el sumario de los ERE, un informe de la Guardia Civil cifró en 7,6 millones de euros el dinero transferido "a entidades vinculadas directamente" con los sindicatos entre 2000 y 2010. Para el Instituto Armado, los conceptos por los que facturaban los sindicatos eran "asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos" que "deberían haber tenido cobertura" mediante el trabajo de las propias mediadoras de los ERE.
La Fiscalía Anticorrupción quería saber más y solicitó a la magistrada Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que indagara en los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales.
Alto cargo de la Diputación de Sevilla
La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, por orden de Alaya, también arrestó ayer a Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla. Rodríguez Contreras, que era mano derecha de José Antonio Viera en la Consejería de Empleo, ejercía actualmente de director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla. El presidente de este organismo, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, lo destituyó de sus funciones de modo inmediato.
“Rodríguez Contreras tendría una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado, para la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo, las de su propio municipio (Las Navas de la Concepción). Por las investigaciones practicadas, podría ser responsable de haber prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales, las cuales finalmente se otorgaron de forma fraudulenta con cargo a la partida 31L, por decisiones influidas de intereses particulares”, indica el auto de Alaya.
El empresario José María Sayago, con estrecha vinculación con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, también ha sido detenido. Sayago fue concejal de El Pedroso. En la Sociedad de Desarrollo Local de este municipio sevillano recibió, junto a José Enrique Rosendo, que fue vicepresidente de esta sociedad, ayudas de 29 millones de euros, según se refleja en uno de los autos de la juez Alaya. Rosendo y Sayago habrían recibido el 39% de las ayudas de empleo y 17 millones para capitalizar empresas sin trabajadores.
Dentro de esta segunda fase de la Operación Heracles, fue detenido Ángel Quesada, director del complejo de hoteles Don Pedro y Don Pablo de Torremolinos. En el Don Pedro hubo en 2004 un ERE gestionado por la aseguradora Vitalia -ahora Generali- por el que se prejubilaron 54 personas. Quesada es además vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol.
COMENTARIO:
No creo que actualmente entre los agentes sociales y teniendo en cuenta la generalizada denigración de la vida pública, haya nadie que ejerza un papel más repugnante en la sociedad que los sindicatos. En teoría, defensores de los trabajadores y en la práctica una panda de ladrones que se lo están llevando crudo delante de nuestras narices. En gran parte la culpa es de los sucesivos gobiernos, sobre todo los de izquierdas, que los han ido regando con generosas subvenciones a cambio de no removerles las calles. O sea, los han comprado uno tras otro. Esto de subvencionar a toda esta tropa, no se ve en ningún país decente del mundo, lo que nos da la medida de la clase de sistema que tenemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario