ESPECULACIÓN CON VIVIENDAS SOCIALES

Concentración de afectados por la venta de vivienda en diciembre de 2013

El fondo que compró 3.000 pisos sociales los ofrece al doble de precio

Un informe de la Cámara de Cuentas denuncia que el Ivima no atendió las alegaciones de los inquilinos porque no los consideró parte de la venta.

El fondo de inversión Goldman Sachs, que adquirió hace dos años 2.935 pisos sociales con inquilinos en alquiler al Instituto de la Vivienda (Ivima), los está ofreciendo ya al doble del precio al que los compró: una media de 68.000 euros. “Los venden en Vallecas y Ventilla a 140.000”, denuncian los arrendatarios. Al tiempo, un informe de la Cámara de Cuentas denuncia que el Ivima no atendió las alegaciones y quejas de los inquilinos porque no los consideró “interesados en el procedimiento [de venta]”, porque sus “derechos e intereses” no se veían “afectados”. Pero la cámara enumera los grandes perjuicios que sufrieron.

Tres mil euros. Es el capital social con el que nace la empresa que gana la adjudicación de 2.935 viviendas por 201 millones de euros. “La cuantía resulta insuficiente para responder del volumen de actividad adquirido”, recuerda en su informe la Cámara de Cuentas. No cumple, por tanto, el pliego de condiciones del concurso.

Sin acreditaciones. Se constituye una sociedad específica para la compra y no consta que haya timbre de entrada o rúbrica que acredite que la mesa de contratación recibiese el expediente.

Nuevos socios. Se incrementa en 21,2 millones el capital con la entrada de “un grupo financiero internacional que no cumplía las condiciones para licitar y cuya sucursal en España, inicialmente seleccionada, finalmente no presentó ofertas”.

Los pisos sociales del Ivima se vendieron al fondo de inversión en agosto de 2013 y, a partir de otoño, los vecinos comenzaron a enterarse de que el dueño de sus hogares, donde residían en régimen de alquiler desde hacía años, era otro. Cuenta Sonia Martínez, la presidenta de la plataforma de afectados, que los administradores de las fincas fueron informados solo un mes antes que ellos y que supieron que su suerte cambiaba por una carta sin membrete.

El informe de la Cámara de Cuentas es tajante al respecto: se incumplió “el deber de informar [de la venta] a los interesados” para que “pudieran presentar [alegaciones] a tales resoluciones como establece la ley”. Por eso, de nada les sirvieron las quejas, reclamaciones o recursos posteriores frente a la operación.

Los arrendatarios pretendían que se les permitiese comprar al precio que se habían vendido los pisos al fondo (68.000 euros). Además, exigían que se les notificase individualmente la venta y que se les concediese un plazo de tiempo para decidir si los adquirían o no, así como para lograr un préstamo. Deseaban, por tanto, hacer uso del derecho de tanteo y retracto. Es decir, el derecho a igualar la oferta de un tercero, como constaba en su contrato. El Ivima alegó que cuando la venta se hace en bloque, como en este caso, se pierde este derecho.

El pliego de la venta tiene “una redacción imprecisa” 

Pero el órgano fiscalizador remarca que en la venta no ha habido “publicidad en forma legal”. Es decir, que la compraventa en dos meses y en pleno verano se hizo de espaldas al vecindario. Ahora, el 70% de los inquilinos tiene derecho a comprar las casas al cumplirse 10 años de habitarlas. Pero el precio se ha disparado desde que adquirió las viviendas el fondo de inversión. Goldman Sachs las está ofreciendo a 140.000 euros. “Quien puede, compra, porque ha invertido mucho dinero en el piso [en los años que lo ha habitado]”, relata Sonia Martínez.

De los 32 bloques que adquirió el fondo, ya se pueden comprar casas en tres situados en la Ventilla y Vallecas.

Pero las viviendas no sólo se están vendiendo más caras, sino que también son mayores las tributaciones a las que deben hacer frente ahora los inquilinos. Porque ya no se gravan con el IVA reducido (4%), sino con el 6% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al tratarse de segundas transmisiones.

Los vecinos han perdido, asimismo, la oportunidad de renovar automáticamente sus reducciones de alquiler (de hasta el 95%) si cumplen determinadas condiciones. Goldman Sachs es quien decide si se mantienen o no estas condiciones.

Al no ser ya casas del Ivima, si una familia crece, tampoco va a poder beneficiarse de las reducciones a familias numerosas. Y, además, ahora se exige a los vecinos que paguen el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los últimos cinco años. Hasta ahora, y aunque estaba en su contrato, la agencia pública de la vivienda no incluía la tasa en la factura porque el 30% del vecindario está en riesgo de exclusión social.

La empresa no tenía el capital necesario.

Por todas estas razones, la Cámara de Cuentas concluye que las casas “han dejado de cumplir su función” social. De los 2.935 pisos, 524 ya no tienen un contrato del Ivima, sino directamente con Encasa Cibeles, la inmobiliaria de Goldman Sachs.

La lista de irregularidades es larga. El pliego de la venta tiene “una redacción imprecisa” y la empresa no tenía el capital necesario. No se informó, como es preceptivo, al Consejo de Administración del Ivima. Encarnación Moya, del PSOE, denunció en la comisión parlamentaria del pasado viernes que se actuó así para sortear a la oposición. Tampoco aparecen en el expediente de enajenación los supuestos estudios técnicos que sustentaban las ventajas de la venta.

Al contrario, vender en bloque los 32 inmuebles limitó el concurso a unas pocas compañías cuando, según la Cámara, con enajenaciones parciales [venta a inquilinos o pequeñas inmobiliarias] podrían haberse “incrementado sustancialmente los ingresos de la Administración”.

Dos ofertas muy distintas con la misma puntuación

La Cámara de Cuentas señala en su informe que existe una “incongruencia entre el procedimiento de adjudicación [de las 2.935 viviendas] y los criterios de selección de ofertas”.

El procedimiento mediante “concurso” exige que se detallen los criterios, “así como la ponderación que se atribuye a cada uno para seleccionar la propuesta más ventajosa sin atender solo al precio”.

Los auditores públicos ponen un ejemplo muy claro. “Las dos empresas mejor valoradas en la selección inicial obtuvieron, sin una suficiente fundamentación, la misma puntuación, pese a que presentaban actividades sociales y características, composición técnica y experiencias muy diferentes. La primera está dedicada específicamente a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria y acredita poseer una organización y equipo técnico apto, así como experiencia en España”.

“La segunda se define como un holding bancario internacional interesado en adquirir promociones como negocio estratégico, sin organización especializada ni personal con conocimientos técnicos ni experiencia en el sector en España”.

COMENTARIO:

Este es un caso de libro, por sus irregularidades, para llevar a los tribunales de justicia europeos, en donde la protección y defensa de los derechos de consumidores y usuarios se lleva a rajatabla, frente a posibles abusos contractuales y desprotección jurídica de una de las partes. Vergonzoso.