EL PRIMER informe sobre la corrupción elaborado por la Comisión Europea es un duro golpe para la Marca España, puede dificultar la recuperación del crédito exterior y debería abochornar a los partidos que gobiernan las administraciones. Y ello porque en el documento queda claro que España se ha situado en la Champions League de la poco honorable clasificación de países corruptos. Estos son algunos de los datos del informe presentado ayer por la comisaria de Interior. Uno de cada cuatro euros de los contratos públicos -es decir el 25%- acaba en manos de corruptos. El 97% de las empresas detecta prácticas irregulares en las administraciones. Entre 1996 y 2009, los medios de comunicación se hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. La Comisión ha detectado tres grandes focos en los escándalos: el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. Es decir, que todos los niveles de las administraciones están afectados por comportamientos corruptos, aunque Bruselas pone especial énfasis en el riesgo que supone el poder discrecional de los ayuntamientos para la planificación urbanística y en la falta de transparencia y control de las cuentas de los partidos políticos.
Aunque el documento es informativo, la Comisión aconseja a España que tome medidas para atajar un grave problema que preocupa al 95% de los españoles -frente a una media del 63% en los países de la UE- y que en definitiva es la causa principal de la crisis por la que atraviesa el modelo de representación democrática. Y a pesar de que tanto el CIS como el resto de las empresas demoscópicas alertan desde hace tiempo de la alarma ciudadana por los escándalos de corrupción, Bruselas advierte que las medidas que se han tomado no son suficientes para atajar el problema. Concretamente, propone una mayor supervisión de las donaciones de empresas que contraten con el Estado y cambios en la Ley de Transparencia para establecer controles independientes sobre su cumplimiento.
El caso Gürtel, en el que está implicado «un ex tesorero de un partido y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas» es el único que el informe de la UE cita por su nombre. Y puede decirse que en él se sustancian todas las corruptelas, desde la financiación irregular hasta los contratos con las administraciones públicas. En estos días se cumplen cinco años del estallido del escándalo con la detención de Correa y la instrucción del caso sigue abierta. Ayer trascendió un informe de la Udef que reitera la implicación de Álvarez Cascos, ex secretario general del PP y ex vicepresidente del Gobierno, en el cobro de comisiones de las empresas de Correa y solicita al juez nuevas investigaciones. La lentitud de la Justicia en la depuración de las responsabilidades penales es sin duda una de las causas de la inquietud de los ciudadanos ante la corrupción. Europa nos ha sacado los colores y el Gobierno debe tomar nota. Rajoy anunció en sede parlamentaria que prepara un paquete de medidas contra la corrupción y para mejorar los controles de la financiación de los partidos. Debe hacerlo con urgencia.
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