El PP consuma el archivo de la justicia universal por la vía ultrarrápida
La oposición acusa al Gobierno de plegarse ante las presiones de China
Los grupos denuncian un "atropello” del procedimiento para evitar los informes previos.
El Partido Popular ha consumado este jueves en el Congreso de los Diputados el archivo de la justicia universal con un procedimiento exprés por el que a finales de marzo estarán archivados una docena de sumarios que se tramitan en la Audiencia Nacional, entre ellos el del genocidio en el Tíbet y el de la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso.
El Ministerio de Justicia decidió optar por la vía de la proposición de ley del Grupo Popular, para evitar así el trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, entre otros. Si hubiera empleado la vía de proyecto de ley del Gobierno, la reforma no habría entrado en vigor antes de verano y, además, hubiera tenido que estar sometida debate y polémica mediática y pública. El Ejecutivo quiso, por tanto, actuar con rapidez y con la mayor discreción posible y recurrió a su mayoría absoluta. El objetivo del Gobierno, según llegó a admitir la dirección del Grupo Popular, es evitar conflictos diplomáticos, especialmente el abierto con China por la persecución de varios exdirigentes acusados de genocidio en el Tíbet.
Y es precisamente esta admisión lo que la oposición recrimina al Ejecutivo. Esto es, ceder al "chantaje de una tiranía", en palabras de la diputada de UPyD Irene Lozano, plegarse ante las presiones internacionales y, en definitiva, permitir la vulneración de los derechos humanos. Todos los grupos parlamentarios rechazan de plano este proyecto que, denuncian, acabará favoreciendo a "grandes corruptos, gerifaltes chinos, genocidas y tiranos".
¿Cómo lo justifica el PP? El portavoz popular encargado de defender la reforma, José Miguel Castillo, ha defendido que la Audiencia Nacional ha transformado la justicia española en una corte penal internacional. sin tener "la competencia ni los medios económicos necesarios". Ha mantenido que "servir de estímulo para otros países no es un argumento válido" y ha acusado a la oposición de querer "mantener un sistema de mucho ruido y pocas nueces" con el objetivo, entre otros, de "confundir la opinión pública". Castillo ha recordado al PSOE una frase del anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido: "La justicia universal no puede convertirse en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo".
Pero no ha habido muchos más argumentos frente a la frase más repetida por la oposición: "Hoy es un día triste para los derechos humanos". Estas palabras han resonado en el Pleno de la Cámara baja un día después de que los fiscales de la Audiencia Nacional se sumaran a las voces opositoras contra la reforma de la justicia universal y acordara trasladar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su inquietud por la aprobación de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obligará también cerrar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Guantánamo, en el Sáhara, o en Ruanda.
Todas las formaciones han clamado contra la reforma. El PSOE ha advertido que deja en una situación de desprotección a las víctimas españolas, puesto que se limitarán las investigaciones a los países que han suscrito convenios internacionales de derechos humanos. "¿Se imaginan una ley que obligara a cerrar el caso Bárcenas o el caso Urdangarin?", se ha preguntado por su parte el diputado de ERC Joan Tardà. El portavoz de CiU, Jordi Jané, ha confiado en que la tramitación en el Senado logre frenar el alcance de la reforma. Gaspar Llamazares, del Grupo de la Izquierda Plural, ha cuestionado que no fuera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "tan gallardo a la hora de defender ciertas normas", el encargado de asumir el coste de esta medida. "El Gobierno", ha dicho en referencia al procedimiento, "demuestra que pasamos de la democracia parlamentaria a la democracia gubernamental y de la democracia gubernamental a la democracia de partido".
Por su parte, Emilio Olabarria, portavoz de Justicia del PNV, un grupo especialmente beligerante con esta reforma, ha calificado de "felonía parlamentaria" y de "fechoría" la tramitación de esta proposición y ha recordado que "los crímenes contra la humanidad han de ser castigados en cualquier lugar del mundo eufemísticamente llamado democrático". La semana pasada la oposición en bloque, salvo UPN y Foro Asturias, se unió para pedir a la Mesa del Congreso de los Diputados la elaboración urgente de un informe jurídico sobre el trámite exprés impuesto por el PP para archivar casi por completo la justicia universal. Los grupos dudaban de que este procedimiento se ajustara al reglamento, que prevé una tramitación urgente solo cuando "la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita". El PP y su mayoría absoluta lo han permitido.
COMENTARIO:
España es la nación mundial de la injusticia.Mal día para la justicia y otro triunfo de la INJUSTICIA
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