EN MITAD de una gran expectación nacional e internacional -396 periodistas acreditados de todas las partes del mundo lo atestiguan-, la Infanta Cristina declaró ayer durante más de seis horas ante el juez Castro por delito fiscal y de blanqueo de dinero. El interés que despertó esta comparecencia está plenamente justificado, ya que no existen precedentes de que un miembro de la Casa Real se vea obligado a rendir cuentas en un juzgado. Aunque una de las frases más repetidas en torno al caso Nóos es que la Justicia es igual para todos -la dijo incluso el Rey en un discurso de Nochebuena-, lo cierto es que su declaración estuvo rodeada de circunstancias extraordinarias. Desde la llegada -en coche hasta la puerta del juzgado ahorrándose el famoso paseíllo-, hasta unas medidas de seguridad excepcionales, pasando por el saludo a la entrada de su abogado -como si en vez de ir a declarar fuera a inaugurar el edificio- y por el tratamiento de «señora» que le dispensó el juez durante el interrogatorio. Y un detalle muy simbólico: no tuvo que pasar por el arco de seguridad del juzgado ni poner el bolso en el escáner. Las medidas de protección del exterior de los juzgados contribuyeron a mantener a distancia el circo organizado por un grupo de manifestantes.
Estas atenciones especiales, y el respeto con el que la trató el instructor, no impidieron, sin embargo, que el juez cumpliera escrupulosamente con su obligación. El tenaz Castro sometió a la Infanta a un riguroso y exhaustivo interrogatorio acerca de todos los detalles sobre Aizoon -de la que es propietaria con Iñaki Urdangarin al 50%- y le preguntó sobre todos y cada uno de los gastos que ella misma pagó con cargo a la sociedad. Hasta 400 preguntas le formuló el juez.
Muy bien asesorada por sus abogados, la hija menor del Rey negó cualquier conocimiento de las actividades de Aizoon, aseguró que asumió el 50% de la sociedad porque confiaba totalmente en su marido, que no sabía que su casa era la sede de la empresa y que desconocía de dónde salía el dinero con el que se pagaba al servicio doméstico y el de la tarjeta con con la que abonaba algunos de sus gastos personales. En este sentido, no se salió del guión escrito por el abogado Jesús María Silva: la Infanta actuó por «su fe en el matrimonio y el amor por su marido». «No sé», «no conozco», «no me consta», «no recuerdo». Esas fueron las frases que repitió sin cesar durante su larga declaración. Si bien reconoció que en 2006 supo que su padre, el Rey, había pedido a Iñaki Urdangarin que dejara Nóos «por razones de imagen».
Aunque la Infanta haya ejercido el derecho a responder con evasivas que no comprometan su posición, sus declaraciones resultan inverosímiles e insostenibles. El juez será quien tenga que pronunciarse sobre el particular dentro de la instrucción del caso Nóos. Pero si bien el delito fiscal por el que está imputada puede ser discutible -porque los argumentos de Hacienda y del fiscal que la exculpan tienen fundamento-, el de blanqueo está mucho más claro. Ella se benefició del dinero de Aizoon y así lo ha venido a reconocer el fiscal cuando ha solicitado para la Infanta una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros si Iñaki Urdangarin fuera condenado. Ello significa que aunque la Fiscalía no aprecie reproche penal en su conducta, sí considera que se lucró con el dinero malversado de su marido. De cara al futuro, no es una hipótesis descabellada pensar en un posible pacto de Castro y Horrach para librar a la Infanta del banquillo, pero no de la responsabilidad del enriquecimiento ilícito.
Tanto sus abogados como Zarzuela confían en que tras la declaración, la Infanta sea exonerada de cualquier delito. Pero al margen de cuál sea su futuro procesal, doña Cristina debería renunciar a sus derechos como Infanta más temprano que tarde. Hace ya dos años que debería haberlo hecho, cuando imputaron a su marido por delitos de corrupción. Su resistencia numantina a perder los privilegios de los que goza -por más que resulten simbólicos-, está haciendo un daño objetivo a la institución monárquica.
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