Pide las actas de la Junta Directiva donde estaba la mujer de Urdangarin.
El asesor jurídico de la Casa del Rey y González Pons, citados como testigos.
El juez José Castro encaró este viernes la recta final de la instrucción del caso Nóos, en el que está imputado el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y el ex presidente balear Jaume Matas, para investigar nuevos detalles de la supuesta trama de apropiación indebida de fondos públicos que dirigió el marido de la infanta Cristina.
Entre las pruebas que va a recabar el juez Castro figuran dos que buscan averiguar qué papel desempeñó la infanta Cristina de Borbón, primero como vocal directiva del Instituto Nóos y después como propietaria a medias con su marido de una empresa, Aizóon, a la que llegaron grandes cantidades de dinero de los contratos públicos adjudicados a Nóos.
El juez atiende así la petición hecha por el autodenominado sindicato Manos Limpias, personado en la causa y que reclama la imputación de la infanta desde hace más de un año.
Tanto el juez Castro como la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se han opuesto hasta ahora a la imputación de la infanta Cristina que solicita insistentemente Manos Limpias. El juez argumentó en marzo de 2012 a través de un auto que no existían en la causa indicios “racionales” suficientes para imputar a la hija del Rey, y rechazaba actuar contra la Infanta basándose en “meras elucubraciones”. El juez concluía que “actuar prescindiendo de tan elementales requisitos solo conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo”.
Los correos del ex socio
Desde entonces, la investigación ha avanzado y el ex socio de Urdangarin ha aportado a la causa una serie de correos electrónicos donde se sugiere que la infanta Cristina pudo ayudar al negocio de su marido facilitándole algunos contactos.
El último auto del juez José Castro comunicado este viernes avanza en una línea de la que se desprende que, por primera vez desde el inicio del caso en 2010, tiene sobre la mesa la posible imputación de la infanta, según indicaron a este periódico fuentes jurídicas, y busca indicios definitivos para apoyar su decisión. La Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes, no apoya este análisis y la necesidad de imputar a la hija del Rey al considerar que la investigación no ha descubierto indicios suficientes para tomar una decisión que sería especialmente delicada para la imagen de la Casa del Rey, ya muy deteriorada por la imputación de Urdangarin.
El juez Castro investiga si Urdangarin buscó “crear un área de influencias” desde el Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, con el apoyo de la hija del Rey y de su secretario, Carlos García Revenga, también imputado en la causa.
El juez interrogó sobre esta posibilidad a Urdangarin en la última comparecencia de finales del pasado febrero. El Duque de Palma negó cualquier participación de su mujer o de García Revenga en el Instituto Nóos, pese a que la primera era vocal de la junta directiva y el segundo, tesorero.
Urdangarin declaró al juez que su mujer estaba en la junta directiva de Nóos “por comodidad, transparencia y formalismo”, y se negó a contestar sobre correos electrónicos suministrados por Diego Torres donde se daba cuenta de las gestiones de la infanta Cristina a favor de los negocios de su marido.
En el auto que firmó este viernes, el juez Castro reclamó las actas, firmas y documentación de las juntas generales, ordinarias y extraordinarias celebradas por el Instituto Nóos, en 2003, 2004 y 2006. El instructor quiere conocer quienes participaron en esas reuniones y donde tuvieron lugar.
Numerosas personas que trabajaron para Nóos han declarado al juez en los dos últimos años que no vieron a la infanta Cristina tomar decisiones en relación con la actividad del Instituto Nóos ni participar en los órganos directivos del mismo.
El juez ha solicitado también al registro mercantil de Barcelona una copia de la hoja registral de Aizóon, la empresa cuya propiedad comparten al 50% Urdangarin y su esposa que se lucró fundamentalmente con fondos públicos que lograba el Instituto Nóos para organizar eventos de turismo y deportes en Baleares y la Comunidad Valenciana.
El juez detalla en su auto hasta 33 citaciones de distintos personas relacionadas con el caso, de las que 31 irían en calidad de testigos y dos de imputados, entre ellos el supuesto testaferro de Urdangarin, Robert Cockx. Entre los testigos que deberán declarar ante el juez destaca Esteban González Pons, ex consejero valenciano y alto cargo del PP nacional, por su supuesta participación cuando dirigía el área de Presidencia en la firma del convenio para la realización de los Juegos Europeos por los que Nóos llegó a cobrar casi 400.000 euros y que no fructificó.
Además, el juez cita a José Manuel Romero, conde de Fontao, asesor jurídico externo de la casa del Rey. Romero fue supuestamente la persona que gestionó la salida de Urdangarin del Instituto Nóos y le asesoró para que no figurara como cargo directivo en nuevos negocios privados que emprendiera el yerno del Rey.
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