Cuando parecía difícil superar la mezcla de incompetencia e improvisación mostrada por las autoridades europeas durante la crisis griega y tras ocho meses de calma (gracias a las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, a finales de julio: «Haré todo lo necesario para salvar el euro y, créanme, será suficiente»), ha aparecido el cisne chipriota (si parafraseamos al profesor Nassim Nicholas Taleb). Aún no sabemos si será negro, es decir, si la insolvencia de la banca con sede en Nicosia se convierte en una bomba con gran repercusión en la eurozona.
Más allá de cómo acabe el asunto (en el momento de escribir, Chipre ideaba un plan B para recaudar 5.800 millones de euros, ante la amenaza del BCE de cortar la liquidez a las entidades locales a partir del día 26) y por mucho que digan nuestras autoridades de que se trata de un caso único, hay dos evidencias preocupantes. Por un lado, la seguridad jurídica en la eurozona es dudosa (al buscarse soluciones de un tipo u otro, según el país que tenga el problema). Por otro, se ha roto un tabú que parecía inviolable: el de la garantía de los depósitos de los particulares en los bancos (después de que las autoridades chipriotas intentaran, de forma fallida, cargar la factura de las entidades locales a sus ahorradores).
Todas las soluciones serán malas para el contribuyente chipriota (suspensión de pagos y salida del euro, con una costosa devaluación: las deudas seguirían en euros; echarse en brazos de Rusia, a cambio de darle el control sobre los ¿yacimientos de gas? en la zona; nacionalización de los fondos de pensiones, si no hay gravamen a los depósitos). Pero, de optarse por la primera (y si el coste no fuera «excesivo» para la zona euro), se habría enviado una señal a los rezagados del sur de Europa que amenacen de incumplir con la austeridad: la puerta de salida estaría un poco más abierta.
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