La Infanta alega en su recurso que su imputación constituye una condena social
Cristina argumenta que siempre confió en la honradez de su marido y que su secretario avalaba la legalidad de Nóos.
La infanta Cristina advierte en su «recurso» ante la Audiencia de Palma que su imputación, debido a su condición de personaje vinculado a una institución clave para el Estado, ya constituye un «juicio de condena provisional, multiplicado por el papel social de los medios de comunicación». El escrito de la hija del Rey se adhiere a la petición de la fiscalía para revocar su encausamiento y constituye todo un tratado de derecho sobre la imputación.
La defensa de la Infanta afirma que el juez hace una conjetura de género, se asegura que nunca han existido indicios y se apunta a «la nula credibilidad» de Diego Torres, «con licencia para mentir» Formalmente el documento de los abogados de la hija del Rey -Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord- es un simple apoyo a las tesis de la fiscalía sobre la inexistencia de indicios suficientes para citarla como imputada. En el fondo se asemeja a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Uno de los argumentos más llamativos es la referencia a las consecuencias que una imputación tiene para «personas de trascendencia pública». Según esta tesis, si en el común de los ciudadanos, la primera declaración como encausados puede tener «un valor apenas reductor del principio de presunción de inocencia (...), para ciertos personajes públicos, especialmente a aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado, tiene socialmente un sentido punitivo adicional, que debe ser tomado en consideración», dicen los abogados.
Esta circunstancia «exige un especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a la imputación», recuerda el escrito a la Audiencia.
Los abogados de la duquesa hacen suyas, y remachan, las alegaciones de la fiscalía en contra de su citación como imputada. También destacan que desde que el juez Castro y la Audiencia, el año pasado, dictaron sendos autos rechazando el encausamiento de Cristina no han aparecido nuevos indicios contra ella.
Frente a las tesis del juez de que la Infanta y su secretario en la Casa Real, el también imputado Carlos García Revenga, se prestaron a hacer de ganchos para los negocios ilícitos de Nóos, la defensa mantiene que la duquesa nunca tuvo la menor sospecha sobre el instituto. «La confianza de Cristina de Borbón tenía dos fundamentos: la institución matrimonial y la posición de garantía de tutela o, al menos, de permanente asesoramiento que, con respecto a ella, ostentaba Revenga», dicen sus letrados. La hija del Rey nunca dudó, añaden, de las actividades de su marido, pero, además, en la asociación estaba una persona de su máxima lealtad: su secretario en la Casa Real.
El escrito defiende el rol de Revenga «de garante de control de riesgos». Los abogados inciden en que «no existe el más mínimo indicio de que el secretario de las Infantas» supiera de irregularidades en Nóos, ni mucho menos aún de que transmitiera esas sospechas a Cristina. El juez y la acusación popular postulan que varios correos desvelados por Diego Torres indican que la duquesa colaboró y estuvo al tanto de lo que se cocía. Para los abogados, «no hay ningún dato en ellos del que quepa inferir directamente una hipotética actuación de carácter delictivo». Torres, por su parte, no pide su imputación.
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