El Gobierno tendrá listo el ingreso mínimo vital para 2021
El ministro Escrivá también aboga por incentivar la edad de jubilación real y acercarla a los 67 años de edad.
El ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acudido hoy al Congreso para explicar las guías maestras de su ministerio durante esta legislatura, entre ellas, la puesta en marca del ingreso mínimo vital que estará listo, según ha dicho, en 2021. «Hay espacio fiscal para ello», ha asegurado y puntualizado que este punto se materializará en los Presupuestos Generales del Estado.
La inclusión es una de las grandes asignaturas pendientes de España, en opinión del ministro, pues «tenemos un déficit de políticas redistributivas». Unas de las herramientas clave será la puesta en marcha de ingreso mínimo vital que estará listo, según ha dicho, en 2021. Fuentes del ministerio han matizado a que el coste será sensiblemente menor a lo que se había barajado inicialmente.
«Hace falta un diseño fino y preciso», ha reconocido Escrivá, quien ha señalado también la dificultad que supone el hecho de que sean varias la administraciones que tienen competencias en este sentido. Tanto la Administración General, como la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las entidades locales cuantan con algún tipo de ayuda. Esta «fotografía» es la que muestra ante la UE un mapa de España con «gran desigualdad entre territorios», ha dicho. En cualquier caso, esta medida deberá salir adelante de la mano de la vicepresidecia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. De hecho, fue Pablo Iglesias quien la anunció.
La viabilidad de las pensiones
Por otra parte, José Luis Escrivá, llegó al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde la cúpula de la Airef con el reto de solucionar uno de los problemas más complejos de la situación económica y una de las mayores preocupaciones de los españoles: el futuro de las pensiones. Ayer, durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso para explicar sus líneas maestras, el ministro quiso cargar contra los mensajes «apocalípticos» y lanzar un mensaje de tranquilidad: «El sistema es solvente», aseveró.
Escrivá defendió que busca poner fin al miedo social generado en torno la viabilidad de las pensiones y avanzó que su propósito pasa por que la reforma del sistema llegue al Congreso para recibir su aprobación en la segunda mitad de este año. Esta declaración de intenciones, que llega tan solo un día después de que Bruselas recriminara a España que no haya puesto marcha medidas para asegurar su sostenibilidad, fue contestada con ironía por la oposición. «Ojalá no hubieran metido miedo a los pensionistas cuando gobernaba el PP», reivindicaron los populares.
El ministro ha insistido en que buena parte del déficit del sistema, que supera los 18.000 millones, se debe a gastos impropios, esto es, prestaciones ajenas a las pensiones que se han ido financiando con cargo a la Seguridad Social y que a lo largo de la legislatura se irán sacando de esta cuenta para pasarla a la del Estado. «Se trata de un problema contable. Hay que poner las cosas donde tienen que estar», ha dicho. En la práctica, esto supone trasladar el déficit del sistema al ministerio de Hacienda, algo que según se deduce de las palabras de Escrivá, cuenta ya con el beneplácito de Montero pues ya ha reconocido que este «es un tema que hay que reconducir». «Esta ha sido la fuente de mayor incertidumbre que está instalada y que el Pacto de Toledo identificó en su momento debemos abordarla y es que además no es tan difícil», según Escrivá.
Escrivá ha reconocido, además, los retos a los que se enfrenta el sistema, especiamente a partir de 2050, cuando se generará un aumento del gasto por la jubilación de la generación del «baby boom». Ello, ha dicho, generará un aumento del gasto que rondará el 3% del PIB, pero Escrivá lo ha considerado «manejable y abordable». Una de sus actuaciones para elló será favorecer el uso de incentivos para retrasar la edad de jubilación real y avanzar así en el cierre de la brecha entre la edad efectiva de retiro y la legal, en los 67 años. Hay incentivos «que no se han usado lo suficiente» y que permitirían hacer frente al aumento del gasto «con resultados tangibles», ha dicho, para puntualizar después que detallará más su propuesta la próxima semana en su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo.
El ministro ha abogado además por que sea precisamente el acuerdo de esta comisión el que «devuelva la certidumbre a los pensionistas» y ha dicho que es insostenible mantener los actuales niveles de tensión en torno a un tan sensible para una parte de la población que ya no tiene margen de actuación. En este sentido, Escrivá ha dicho que su objetivo es recuperar el consenso y contar «a partir del año que viene» un marco legal estable con el que actualizar las pensiones. Otro de los objetivos del Ministerio será la la reforma del complemento de maternidad de la pensiones, que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que también deben recibir los hombres y por la revisión de las las prestaciones por incapacidad temporal, es decir, las bajas médicas. A este respecto ha vaticinado que vendrán más cambios: «Hay margen, seguro, para que se usen mejor».
Compatible con otras rentas
Por lo pronto, Escrivá ha anunciado que la herramienta de ayudas deberá ser «flexible» y contar con «presupuesto suficiente». Y ha apuntado a la importancia de la flexibilidad pues actualmente, ha defendido, hay «mucha heterogeneidad» en las formas de exclusión y es clave diseñar varios «itinerarios» para que todo el que lo necesite sea beneficiado. «Hay ocasiones en que personas no terminan de acceder a la prestación porque no se enteran o porque no son capaces de entrar en el sistema por los canales de entrada». Fuentes del ministerio han aclarado que se está valorando la posibilidad de que este ingreso mínimo sea compatible con el cobro de otras rentas para evitar que genere desincentivos al empleo.
Preguntado por la situación en la que se encuentra las empresas que aún desconocen las bases de cotización para este año 2020, el ministro ha asegurado ser consciente del problema y ha avanzado que se resolverá con un decreto ley, que pedirá ser tramitado por la vía de urgencia, y que se llevará al consejo de ministros en las próximas semanas. «El proceso administrativo no es tan es rápido como nos gustaría», ha dicho, pero «estamos en ello». Escrivá ha explicado además que se ha reunido con los agentes sociales durante estas semanas y ha aseverado ser «consciente de su preocupación».
MUCHA PROMESA QUE PUEDE LLEVAR EL VIENTO
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