ESPAÑA PIERDE LETRAS Y GANA INCERTIDUMBRE

Ruta del Cares-Picos de Europa-España(foto J.A.Miyares)

España es ya Espñ

España ha perdido desde enero de 2010 1,3 millones de empleos y siete peldaños en la agencia de calificación Standard&Poors. Ya no tiene ninguna A ni perspectivas de mejora antes de 2015. Esa es la situación que resulta de cruzar los dos grandes varapalos del día.la Encuesta de Población Activa y la primera rebaja de calificación de solvencia de España en la era Rajoy.

Los datos de la EPA son un auténtico bochorno para España al exhibir una tasa de paro tercermundista para la Eurozona, que pretende ser el área más próspera y saneada del planeta.Si la agencia nos deja a dos peldaños del bono basura al situar España en triple B en vez de la Triple A de antaño, la EPA sí que nos coloca directamente en el vertedero del mercado laboral mundial. Según el informe de S&P, aunque la reforma laboral de Rajoy "mitigará muchas de las rigideces del mercado español", no tendrá efecto en años.

"Consideramos que es difícil que la reforma pueda conducir a una creación neta de empleo a corto plazo; en consecuencia, creemos que la ya muy elevada tasa de desempleo -sobre todo la juvenil - probablemente continuará creciendo hasta que una recuperación económica sostenida se asiente en la segunda mitad de la década". Lo único que hará a corto plazo será "acelerar el necesario ajuste de los salarios y reducir el volumen de despidos".

Aunque la agencia reconoce que Rajoy está emprendiendo "reformas de calado", le critica haber perdido tanto tiempo en la presentación de los Presupuestos para 2012 y, además, no se los cree. Da por hecho que no se cumplirá el objetivo de déficit y, además, no descarta un escenario horrendo este año, que sería que el PIB de España no caería un 1,7%, sino ¡un 4%!

Entre los factores que harán que nos desviemos de la senda de austeridad, los expertos de la agencia .-que no son infalibles precisamente, pero que siguen influyendo en los mercados- apuntan que las autonomías volverán a fallar este año y que la reestructuración de la banca puede terminar costando al contribuyente 37.500 millones de euros a la vista de las últimas operaciones.

Rajoy tiene que seguir haciendo deberes, pero el problema le desborda, según la propia agencia, que urge a la Unión Europea a tomar nuevas decisiones de apoyo. "En España se está jugando el presente y el futuro del euro", sostiene Cristóbal Montoro. La presión sobre Angela Merkel y el Banco Central Europeo se disparan si quieren mantener la moneda única. Y la canciller debe intentarlo, "si quiere que su país siga siendo una potencia exportadora con un mercado cautivo que no tenga monedas propias que devalúen contra el marco", según asegura el profesor del IESE Javier Díaz-Jiménez. En su opinión, "Vista la situación de verdad que tenemos, se puede decir que Rajoy ni ha empezado aún a hacer reformas".

Mientras tanto, España es ya Espñ para S&P lo que la sitúa, en cuanto a capacidad de devolver deuda, a la altura de Colombia, Rusia, Italia e...Irlanda. Una tragedia que obliga a Rjoy no ya a reformar, sino revolucionar auténticamente la economía del país y a Rublcb a ser pero que muy constructivo después de la herencia legada.

Espñ puede perder también la E de Empleo, después del fúnebre plan presentado por el Gobierno de no prever tasas de paro por debajo de los cinco millones durante toda la legislatura.

UNA FUERTE DENTELLADA A LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR POR PARTE DEL GOBIERNO.

Caín-Valdeón-León-España(foto J.A.Miyares)

Vuelta de tuerca a los servicios públicos.

Los recortes mantienen los servicios pero suben los copagos y quitan derechos a extranjeros.
La oposición teme por el Estado de bienestar.

Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez—, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrir una sentencia judicial. El golpe más fuerte será para los inmigtrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.

El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una "demolición del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.

EL PAÍS ha hecho una recopilación de los principales cambios que los ciudadanos van a empezar a notar en sanidad, educación, dependencia y justicia. Por lo general, las novedades se traducen en problemas para el bolsillo, aunque en algunos casos implican, además, cierto cambio de modelo en las prestaciones que por el momento solo se apunta.

Este resumen no incluye el principal proyecto legislativo de estos cuatro meses: la reforma laboral, que ha dado la vuelta a muchos aspectos del mercado de trabajo —y recortado derechos— pero no afecta específicamente al funcionamiento de lo público. Y debe ser leído con dos cautelas: los decretos leyes, aunque ya están en vigor, podrían ser modificados mínimamente en el trámite parlamentario; y su aplicación concreta se deja, en muchos casos, en manos de las comunidades. Los Gobiernos autónomos decidirán hasta qué punto llevan el recorte.

SANIDAD

Los pensionistas pagan, los inmigrantes quedan fuera

El copago no ha llegado a la sanidad: ir al ambulatorio, al especialista o ingresar en un hospital sigue siendo gratuito (pagado con impuestos) para los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que, en la práctica, hasta ahora, eran todos salvo los rentistas. Pero ahora hay un colectivo que va a quedar fuera: los 150.000 inmigrantes extracomunitarios sin papeles solo tendrán derecho a atención de urgencias, no a consulta o tratamiento habitual (salvo si son niños o embarazadas: en ese caso mantienen el mismo trato que los españoles). Esa situación de mayor desamparo es la que tenían los sin papeles hasta 2000; aquel año, el Gobierno del PP cambió la ley y estableció que bastaba estar empadronado para tener tarjeta sanitaria: extendió el derecho; ahora, el PP da marcha atrás: lo restringe.

Para el resto de ciudadanos el acceso a la sanidad no cambia: tienen tarjeta quienes coticen o hayan cotizado, o estén bajo cobertura de otra persona, o no tengan recursos. Es decir, casi todo el mundo, salvo rentistas. La redacción del decreto del Gobierno levantó la sospecha de si los mayores de 26 años que ya no tengan cobertura de los padres y estén en paro quedarían desasistidos; el ministerio responde que no, que estarán asistidos, como hasta ahora, si acreditan no tener ingresos. Sus derechos son los mismos que tenían. El problema es, más bien, que ahora hay muchos más jóvenes en esa situación, porque el paro juvenil se ha disparado hasta alcanzar el 50%.

La otra novedad clave del real decreto es el copago farmacéutico. Los pensionistas, que suponen el 75% del gasto en medicinas y que hasta ahora las tenían gratis, van a tener que pagar parte de la receta por primera vez (un 10% del precio del medicamento, salvo aquellos con rentas muy altas que pagarán el 60%); y el resto de ciudadanos, que ya pagaban el 40% de la receta, pagarán más: entre el 40% y el 60%, en función de su nivel de renta. Los enfermos crónicos seguirán pagando como ahora: un 10%; y los parados que hayan agotado todas las ayudas no pagarán nada.

La aportación de los jubilados tendrá un límite en euros: para la inmensa mayoría, entre 8 y 18 euros mensuales. Por ejemplo: si un pensionista con varias dolencias consume medicinas por valor de 200 euros al mes, le tocaría pagar 20 euros (el 10%); pero solo pagará 8 o 18 (depende de su renta) y el resto se lo devolverá la Administración. La Administración, eso sí, tiene seis meses para devolverlo, y eso si no se retrasa. La pensión media en España es de unos 800 euros mensuales.

También van a dejar de financiarse con fondos públicos algunos medicamentos para síntomas leves (se apunta, por ejemplo, a los antidiarréicos y antimucolíticos), que ahora se dan con receta y pasarán a ser íntegramente de pago; el Gobierno no ha dicho aún cuáles. Y las sillas de ruedas, muletas, prótesis, preparados alimenticios y ambulancias no urgentes las copagará el usuario con los mismos porcentajes que las medicinas (ahora también se pagan en la mayoría de las comunidades, no en todas, pero cada una establece en qué medida).

Está por decidirse algo fundamental: si se recortarán o no las prestaciones que ofrece la sanidad pública. Ahora hay un catálogo de servicios básicos, común para todas las comunidades autónomas, que luego estas pueden ampliar pero pagando las prestaciones extra con fondos propios. El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, ha anunciado que revisará ese catálogo. No ha especificado más. Podría retirar prestaciones o cambiar los requisitos para acceder a ellas; o incluir otras nuevas, aunque eso, ahora mismo, es más que improbable.

EDUCACIÓN

Clases con más alumnos, universidad más cara

El recorte en educación —que se pone en marcha a partir del curso 2012-2013 y afectará tanto a la escuela pública como a la privada concertada— llegará por dos vías: en primaria y secundaria, exprimiendo los recursos: más niños por profesor y más horas lectivas (no más horas de trabajo) para los docentes. En la universidad, subiendo al máximo las tasas y con la previsión —esto aún no se ha aprobado, aunque se ha anunciado— de endurecer los requisitos académicos para tener beca.

El tope de alumnos por clase en primaria pasará de 27 niños a 30; en secundaria obligatoria, de 30 a 36; en bachillerato, de 37 a 42. Objetivo aparente: reducir plantilla no funcionarial (si cada profesor se hace cargo de más alumnos, sobrarán interinos y sustitutos). Un cambio que, según las asociaciones de profesores y de padres, empobrecerá la calidad de la enseñanza. A eso hay que añadir que las bajas solo se cubrirán pasadas dos semanas (ahora hay un plazo distinto en cada comunidad).

Los profesores, por otro lado, tendrán que dedicar más horas a dar clase. Su jornada laboral no cambia (37,5 horas semanales), pero varía el reparto por tareas. No tendrán más horas de trabajo, pero sí más horas lectivas: mientras que ahora dedican un máximo de 25 horas en primaria y de 18 a 21 en secundaria a dar clase —el resto es para corregir exámenes, preparar las clases, atender a los padres, etcétera—, ahora esos umbrales serán el "mínimo" de horas lectivas, no el máximo. Darán, por tanto, más horas de clase, a costa de todo lo demás.

En cuanto a la universidad, será mucho más caro estudiar en ella (aunque seguirá estando muy mayoritariamente financiada con fondos públicos). Ahora, el estudiante paga aproximadamente el 15% de la matrícula: unos 950 euros de los 6.000 que cuesta un curso. Y cada año las tasas suben, más o menos, entre el 2% y el 6,5% (el IPC más un extra que puede ser, como máximo, de cuatro puntos: lo decide cada comunidad).

Lo que hace el decreto del Gobierno es ampliar esa horquilla y permitir a las comunidades que cobren al estudiante entre ese 15% actual y un 25% de la matrícula. Eso quiere decir que las tasas para el curso próximo podrían subir hasta un 66% (hasta 540 euros más, según la estimación del Ministerio de Educación), aunque es imposible conocer la subida media (dependerá de qué horquilla aplique cada comunidad, cuánto se esté pagando ahora en cada una, cuánto cueste el curso...). Eso para la primera matrícula. Los repetidores lo tendrán peor, sobre todo los reincidentes: pagarán, en la segunda matrícula, entre el 30% y el 40% del coste; en la tercera, entre el 65% y el 75%, y en la cuarta, entre el 90% y el 100%, es decir, el coste íntegro del curso. Ahora, repetir también sale más caro, pero no tanto; cada comunidad decide qué penalización cobra a los repetidores.

Por último, las becas. El presupuesto baja un 12%. El Gobierno dice que las mantendrá, aunque ha deslizado que habrá cambios en los requisitos. No se tocarán los umbrales de renta máximos para obtener la beca. Pero sí lo que se exige luego al estudiante para mantenerla: ahora, el becado debe aprobar entre el 60% y el 80% de los créditos académicos (dependiendo de la dificultad de la carrera); Educación planea pasar al 65%-85% de los créditos y que no baste con el aprobado, sino que se exija una nota mínima de 5,5 para las becas de matrícula y de 6 para las becas-salario (las que se dan para que los alumnos no dejen los estudios para trabajar).

DEPENDENCIA

El calendario se paraliza

La ayuda a la dependencia sufre un recorte de 283 millones de euros: desaparece, íntegra, una de las dos partidas con las que el Gobierno la cofinancia. La otra partida, la principal (unos 1.500 millones), se mantiene porque no es eliminable: el Ejecutivo está obligado a pagar su parte, ya que la ayuda a la dependencia, como la sanidad, la educación o las pensiones, es un derecho desde 2006.

Pero hay algo igual o más duro que el recorte de presupuesto, y es que el calendario de la ley —que debía integrar progresivamente a los dependientes en función de su gravedad, hasta atenderlos a todos en 2015— se paraliza. Este año les tocaba entrar a los dependientes moderados de grado 2 (los más graves de los moderados), pero no entrarán. Y entre los grandes dependientes, teóricamente ya cubiertos, sigue habiendo miles en lista de espera.

Por otro lado, se reduce de 86 a 50 millones la partida destinada a la atención social que dan los Ayuntamientos a las personas más necesitadas. Puede ser la puntilla para unos servicios sociales, los locales, que ya no dan abasto.

JUSTICIA

Un recurso, 800 euros

Las tasas judiciales existen desde 2003, pero solo las pagaban las empresas, y no todas. Ahora las va a pagar todo el mundo: empresas y particulares. Y las tarifas se disparan: la horquilla actual es de 50 a 600 euros; la nueva, de 100 a 1.200 euros. Será, sobre todo, mucho más caro recurrir una sentencia: de 300 euros pasa a 800. El Ministerio de Justicia argumenta que hay que acabar con el "exceso de litigiosidad" en España y con el abuso que supone encadenar recursos para eternizar los pleitos.

Sigue exenta de tasas, como estaba, la jurisdicción penal; pero a la civil y la contencioso-administrativa se une ahora la jurisdicción de lo social (derecho laboral): recurrir una sentencia sobre un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, costará 500 euros. Hasta ahora era gratis.

Comentario personal: De este modo la justicia beneficia al osado y aprovechado con dinero en perjuicio del que disponga de pocos medios.Todo esto acompañará a la subida del recibo del gas y luz desde octubre del 2011 y el IVA que recaerá esecialmente sobre los declarantes de la renta que no tienen más ingresos que sus nóminas,librando a los más ricos que tienen mucho dinero en sociedades de camuflaje como las sicav y profesiones liberales que cobran en dinero negro para ellos no vi ciertamente medidas serias y convincentes,lo que llevará a la clase media nominada a proletarizarse y la de los defraudadores a enriquecerse estableciéndose dos clases bien diferenciadas
 ricos y pobres. 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

EN EL PARLAMENTO NADIE SE SIENTE RESPOSABLE DEL DESASTRE ECONÓMICO DE ESPAÑA

Senda del Oso-Teverga-Asturias(foto J.A.Miyares)

Todo cambia, menos la política

Gobierno y PP, acosados por las encuestas, se tiran al cuello del PSOE

El hemiciclo del Congreso de los Diputados tiene una especie de microclima endémico. No siempre lo que ocurre en la calle llega hasta la Cámara. En el momento de mayor intensidad del 15-M, por ejemplo, apenas se hablaba de ese asunto en las Cortes. Hace solo dos semanas, en el peor momento de la crisis de deuda, una sesión de control en el Senado con Mariano Rajoy circuló por otros derroteros —el traslado del Guernica a Euskadi, la reforma laboral o el estado autonómico—. Ayer volvió a pasar.

La economía española vive un momento dramático, todos los ojos de la prensa y los analistas internacionales se han puesto en Madrid. Fuera de la carrera de San Jerónimo, casi todo está cambiando. Nada es lo que era hace unos meses. Ya se habla abiertamente de intervención de España, se recorta la Sanidad —dejando fuera por primera vez a los inmigrantes irregulares— y la Educación. Se altera por completo la regulación del mercado laboral. Se suben impuestos y tasas, se aprueba una amnistía fiscal. Además, España está ya en una recesión que se antoja profunda. Se prevén seis millones de parados. Todo está trastocado, el país se parece muy poco al que era hace solo dos años.

Y sin embargo, en la Cámara las cosas no cambian tanto. El debate más importante hasta el momento, el de los Presupuestos, se concentró en una imposible batalla dialéctica para saber quién mintió, quién sabía, quién asume la responsabilidad política de los recortes. Una guerra sin cuartel entre PP y PSOE que sigue cada día, a pesar de que, por primera vez en mucho tiempo, no hay elecciones a la vista. El cambio más importante es que ahora es el PP quien pide al PSOE que arrime el hombro, lo mismo que los socialistas le reclamaban hace solo dos años a los populares

Cristóbal Montoro, un hombre de partido que fue ministro pero se ha curtido mucho en la oposición, renunció al habitual tono anodino de los anteriores responsables de Hacienda —Elena Salgado y Pedro Solbes— para apostar por un discurso muy político. El Gobierno y el PP, acosados por el desgaste, han decidido salir al contrataque, esto es, contra el PSOE. Tratan de que Alfredo Pérez Rubalcaba asuma, al menos en parte, el coste de las medidas que está tomando el Ejecutivo.

Desde el primer minuto de su discurso, Montoro se dedicó a eso con eficacia, para satisfacción general de su bancada. Era evidente que había muchos mensajes para el exterior, en especial la amenaza de intervenir comunidades autónomas. Pero no era eso lo que le gustaba a su bancada, ni lo que concentraba sus palabras.

Lo más importante para él parecía insistir en que todo es culpa de Zapatero y Rubalcaba. “España está en una situación crítica por un Gobierno anterior, no por lo que ha hecho este, que solo lleva tres meses”, decía Montoro mientras pedía apoyo al PSOE. Y el candidato socialista le contestaba “quién le ha visto y quién le ve, señor Montoro, si yo sacara el diario de sesiones, ¡madre mía!”.

Montoro no quiso hablar de los recortes en Sanidad y Educación. Es el debate que está en la calle y en los medios, pero como no está en los Presupuestos, no entró. Cosas del Congreso.

Como si la campaña no hubiera acabado, Montoro volvió al ataque contra Andalucía, sacó la trayectoria de Rubalcaba en los 90 y hasta su actitud durante el 11-M.

La más clara evidencia de ese bucle es el debate sobre el déficit de 2011. Cuatro meses después, el Gobierno sigue con la retahíla —clave en su estrategia política para achacar los recortes al Ejecutivo anterior— y Rubalcaba sigue negándolo: “Nadie les engañó, simplemente se cayeron los ingresos, como en Holanda o en el Reino Unido”.

Pero el gran debate de fondo, el que está instalado en toda Europa sobre la posibilidad de que la política de austeridad a ultranza mate a España y otros países, no entró de lleno en el Congreso. Lo trató de introducir Rubalcaba, con la idea de que si gana François Hollande tal vez se relaje la presión que Europa mete a España. Es un debate muy instalado dentro del Ejecutivo, buena parte de los ministros desean incluso la victoria de Hollande. Pero Montoro, públicamente, no podía decirlo y evitó el asunto. “El futuro de España, en estos momentos, está en manos de la izquierda francesa”, dijo Rubalcaba. Y la única respuesta que recibió fue la de un diputado del PP que gritó: “¡Pues estamos aviaos!”.

EL NEGOCIO DE LA SANGRE

Terrarium-Lanzarote-Canarias(foto J.A.Miyares)

El negocio de la sangre
 De la sangre se obtiene el plasma, que se transforma en hemoderivados
 Las empresas compran plasma a EEUU, donde sí se paga la donación
 España no es autosuficiente en productos derivados del plasma
 Grifols, la compañía que tiene el monopolio, solicita pagar al donante

Cuando Víctor Grifols planteó la semana pasada al Gobierno la posibilidad de pagar a los donantes de plasma en España, tanto el Ministerio de Sanidad como la Federación de Donantes de Sangre se apresuraron a criticar sus declaraciones, recordando que en España -como en el resto de Europa-, la donación es altruista y no remunerada.

No es así en EEUU, donde la venta de plasma está regulada por la Agencia del Medicamento (FDA, según sus siglas en inglés) de donde procede una parte de los hemoderivados que se consumen en los hospitales españoles; que no se podrían abastecer sólo con el plasma procedente de donantes españoles (altruistas y no remunerados).

Cuando alguien dona sangre en uno de los bancos de transfusión en España, este 'oro rojo' se separa inmediatamente en tres componentes con distintos usos: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Esta separación, explica a ELMUNDO.es el doctor Luis Puig, responsable de hemodonación en el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, se realiza bolsa por bolsa y en las primeras 24 horas.

"De cada donación individual se extrae una unidad de hematíes [glóbulos rojos], una de plasma [unos 250-300 centímetros cúbicos] y unas pocas plaquetas", explica. "Se necesitan las plaquetas de cuatro donantes para alcanzar lo que se llama una unidad terapéutica de plasma".

Todo este material sanguíneo se remite desde los bancos de sangre hasta los hospitales, donde se emplean en transfusiones y diferentes tratamientos. Aunque, como explica Puig, se hace en diferentes proporciones: "Por ejemplo, de las 271.000 unidades donadas en Cataluña el año pasado, remitimos a los hospitales unos 260.000 concentrados de hematíes válidos (una parte se desecha porque no es válida o caduca) pero sólo unas 38.000 unidades de plasma".

Una industria 'molinera'

Todo ese plasma 'sobrante' que no se remite a los hospitales se envía a la industria farmacéutica para que lo transforme en hemoderivados, es decir, una especie de 'plasma terapéutico'. "El 90% del plasma es agua y el resto una combinación de proteínas que necesitaríamos utilizar en grandes cantidades para poder tratar a un paciente", explica el doctor catalán. Ahí entran en juego compañías como Grifols (que tiene el monopolio de los hemoderivados en España), que se encargan de obtener dichas proteínas de forma concentrada y estable para utilizarlas como medicamentos (un proceso que se conoce como fraccionar el plasma).

Los principales hemoderivados que se obtienen del plasma son la albúmina (que sirve para tratar, por ejemplo, ciertas patologías del hígado y shocks traumáticos), factores de la coagulación (el 8 es el más conocido para el tratamiento de pacientes con hemofilia que sufren hemorragias frecuentes) y las inmunoglobulinas (que se emplean en sujetos inmunodeprimidos que sufren infecciones frecuentes).

El problema radica en que los hemoderivados que se fabrican en España con plasma procedente de donantes altruistas no es suficiente para cubrir las demandas de los hospitales españoles, tal y como aclara la compañía a ELMUNDO.es. De manera que se puede decir que en España se consumen hemoderivados con dos orígenes distintos: los 'made in Spain' (en todo momento propiedad del Estado y de las CCAA) y los 'importados', que se compran a países como EEUU, donde sí está permitido pagar a los donantes.

En el caso del plasma 'español', los bancos de sangre los remiten a Grifols para que lo transforme en hemoderivados, pagando únicamente por el proceso de fabricación ("un procedimiento similar al que usaban antiguamente los molineros, a quienes se les llevaba el cereal y devolvían la harina cobrando sólo por la utilización del molino", según la metáfora que utilizan desde el propio Grifols).

Plasma importado

Grifols, sin embargo, no ha querido precisar ni cuánto cobra por estos procesos, ni cuántos litros de plasma necesitaría España para ser autosuficiente en hemoderivados ("se fraccionaron 360.000 litros de plasma español, procedentes de donaciones altruistas, pero fue insuficiente", aclaran). Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre, calcula el consumo de hemoderivados es el doble de esa cantidad; lo que supondría algo más de 300.000 litros procedentes de países donde la donación de plasma retribuida sí está permitida (una cifra que Grifols no confirma).

Países de nuestro entorno, como Francia y Holanda, sí han logrado ser autosificientes en hemoderivados. Ellos disponen de empresas públicas encargadas de fraccionar el plasma que reciben de donantes altruistas de plasma (y que ejercen la labor que en España se encarga a Grifols).

Como explica el doctor Puig, la plasmaféresis ofrece la ventaja de que permite obtener mayor cantidad de plasma de un sólo individuo (unos 600 o 700 centímetros cúbicos). Para ello se utiliza un sistema de centrifugado de la sangre mediante el que se obtiene únicamente el plasma y se 'devuelven' el resto de componentes sanguíneos al donante, "y dado que el plasma en el organismo se recupera más rápidamente que, por ejemplo, los glóbulos rojos, se puede donar plasma con mayor frecuencia". Con un fomento de la plasmaféresis, admiten los hematólogos, podrían cubrirse mejor las necesidades de plasma en España; aunque se trata de un proceso más complejo que la donación de sangre (y que suele llevar alrededor de hora y media).

Plasmaféresis remunerada

Este método consiste en la donación únicamente de plasma, que permite separar este 'ingrediente' del resto de componentes de la sangre, que se reinyectan al donante sobre la marcha. Grifols dispone en EEUU de 147 centros de plasmaféresis acreditados por la FDA, en los que únicamente pueden donar los llamados 'donantes cualificados'.

Dado que el plasma que donan estas personas se va a emplear como materia prima para fabricar hemoderivados (una especie de medicamentos sanguíneos), cualquiera no puede ser 'donante cualificado', sino que es la propia FDA la que acredita a estas personas y establece los criterios.

Entre otras cosas, se establece que no puedan donar plasma más de dos veces en un intervalo de siete días, y con al menos dos días entre cada donación. Por cada plasmaféresis (de la que se obtienen unos 850 ml) reciben entre 25-30 dólares, "por su tiempo, puesto que han de estar unos 90 minutos en cada donación (entre cuestionarios previos, analíticas y la propia extracción) y este tiempo se les debe remunerar de alguna forma", asegura un portavoz de Grifols.

En cifras:

• La planta de Grifols en Parets del Valles (Barcelona) tiene capacidad para fraccionar 2,1 millones de litros de plasma al año.

• Los 147 centros de donación repartidos por todo EEUU le permiten obtener 6,5 millones de litros de plasma al año.

• Los 360.000 litros de plasma de donantes españoles no cubren nuestras necesidades de hemoderivados.

• España supone un 10% de la factura total de Grifols en el mundo, y que ascendió a 2.300 millones de euros en 2011.

ASÍ NOS VE LA PRENSA INERNACIONAL. ¿A QUIÉN QUIERE ENGAÑAR EL GOBIERNO?

Terrarium-Lanzarote-Canarias(foto J.A.Miyares)

La dramática situación española abre las ediciones de medios internacionales.

El incremento del número de parados y la rebaja crediticia de S&P copan sus páginas web

TASA DE PARO ES DE 24,44 EN ESPAÑA,durante el primer trimestre de 2012, un dato con el que se ha alcanzado máximo histórico al llegar a los 5.639.500 desempleados. La noticia, unida a la rebaja de la nota de España en dos escalones por parte de Standard&Poor's, ha supuesto un nuevo mazazo para la economía española y para la visión exterior de la situación que atraviesa nuestro país. La Encuesta de Población Activa publicada esta mañana y la nueva calificación de la agencia crediticia no solo ha abierto las ediciones digitales de los medios de comunicación españoles, sino que también ha copado las páginas principales de diferentes medios internacionales.

El Financial Times abría su página web con el titular "la crisis económica española se profundiza" y una imagen de una cola de parados delante de una oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE). Es una de las instantáneas que mejor refleja la situación dramática de España. Algunos datos, como los que señalan que más de la mitad de los jóvenes están en paro y 1,7 millones de familias tiene a todos sus miembros sin trabajo, son alarmantes.

La página de la agencia Reuters menciona que "España hace frente a la crisis después de la rebaja de su calificación". En su noticia, destaca que hace frente a la mayor tasa de paro en dos décadas y recoge unas declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en las que asegura que "los datos son terribles".

Al Jazeera también ilustraba la noticia "el desempleo alcanza niveles de récord en España" con la fotografía de una cola del paro. La noticia de la televisión árabe incluye en vídeo en el que ofrece imágenes de las protestas en Valencia y Barcelona contra los recortes -con incendios en la calle incluidos- y de manifestaciones del 15-M. La BBC habla de "crisis profunda" e ilustra su información con una imagen de la Puerta del Sol llena de gente durante la manifestación contra la reforma laboral el pasado 29 de marzo, día que se celebró la huelga general.

The Guardian resalta que la tasa de paro será mayor durante los próximos meses, llegando al 25% mientras que The Times también recoge la noticia en su portada. Le Monde se pregunta si los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy no van a servir de nada mientras que el Corriere della Sera califica de "jarro de agua fría" la nueva calificación y los datos del paro.

También The New York Times habla de España. Aunque no lo hace su difícil situación laboral, sí menciona la rebaja de nota de S&P e incluso se hace eco de rumores que apuntan a un posible rescate de España por parte de Bruselas. En el Washington Post, la noticia más destacada en relación a la calificación española es la reacción de Luis de Guindos, que asegura que "no hará falta un rescate".

La revista Time abre su edición digital con España y establece una irónica relación entre la economía y el deporte. Después de las derrotas del Real Madrid y el Barcelona esta semana en semifinales de la Champions League, se pregunta: ¿sigue el fútbol español a la economía?

PUEBLO DESENCANTADO, EL GOBIERNO VIVE DE LA MENTIRA Y PARA LA MENTIRA

Terrarium-Lanzarote-Canarias(foto J.A.Miyares)

ERA CÓMPLICE Y AHORA LE TOCA RESOLVER

• El PP hereda una situación que habían contribuido a generar
• Rajoy tiene que administrarla, por eso dice que no ha cambiado nada

El presidente Rajoy afirmó el jueves que la política antiterrorista y penitenciaria del Gobierno no ha cambiado y es verdad. Lo que ocurre es que le habíamos entendido mal. Es decir, la mayor parte de la sociedad se fijó en lo que decían los 'populares' en la oposición y no en lo que hacían.

Por eso, después de leer en su programa electoral que iban a tener una actitud proactiva en la ilegalización de las formaciones proetarras o después de que afirmaran vehementemente que los acercamientos eran un insulto para las víctimas, algunas de las decisiones que han adoptado en el gobierno han causado cierta sorpresa. Nada de eso hubiera ocurrido si se hubieran manejado los datos con cierta precisión

En 2008, tras el fallido proceso de negociación con ETA, el Gobierno y el PP firmaron un acuerdo contra el terrorismo de cinco puntos. Fue un pacto absolutamente blanco, aparentemente sin enjundia, en el que se decía básicamente que había que luchar contra ETA y respetar a las víctimas, y, sobre todo, que la iniciativa en la política antiterrorista la tenía el Ejecutivo

A partir de ese momento, el Gobierno socialista diseñó una estrategia por la que miraba hacia otro lado mientras la izquierda abertzale se musculaba, y detenía etarras, con la convicción de que los dirigentes de Batasuna estaban tan interesados en no desaparecer por culpa de ETA, que iban a procurar que la banda se comprometiese a dejar de atentar.

El Gobierno socialista puso en marcha la 'vía Nanclares' y facilitó la salida de presos como 'Txelis', ex 'número tres' de ETA, utilizando el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Entonces, el Tribunal Constitucional legalizó Bildu con los parabienes del Gobierno. En ninguno de los casos, el PP puso el grito en el cielo de forma seria. Sus dirigentes reconocieron en privado que estaban informados de todo y no quisieron asumir la posibilidad de que una crítica pudiera ser expuesta por el Gobierno como un modo de poner palos en las ruedas a un final de ETA que la debilidad operativa de la banda hacía inminente.

Y si había alguna duda sobre lo que estaba en marcha, sobre aquellas gestiones que se habían realizado en secreto y sobre las que el Gobierno había ordenado a las Fuerzas de Seguridad que no investigasen (porque se encontraban, por ejemplo, los encuentros entre los dirigentes de Batasuna y del PSE en los últimos tiempos), el presidente Zapatero tuvo buen cuidado en explicárselo al ministro del Interior el día que le visitó en el palacete de Castellana número 5.

De modo que los 'populares' heredaron una situación que habían contribuido a generar y que ahora tienen que administrar; tanto desde el punto de vista político como penitenciario.

Por eso el Gobierno de Rajoy puede decir que no ha cambiado la política penitenciaria (pactada además con el Gobierno vasco), porque, pese a las críticas públicas, en la oposición avaló, entre otras decisiones de su antecesor socialista, la 'vía Nanclares'. Aunque tampoco en este punto los 'populares' son totalmente precisos porque, con los socialistas, para acceder a esta cárcel había que pedir perdón a las víctimas. Aunque fuese un perdón de trámite.

ESPAÑA ENFERMA SIN CURA Y DESAHUCIADA

Terrarium en Lanzarote-Canarias(foto J.A.Miyares)

El paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre, hasta los 5,6 millones.

La tasa de paro se establece en el 24,44%.Supone casi un 7% más que en 2011.Alcanza el nivel más alto desde el año 1994.

El paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre de 2012, un 6,9% más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha este viernes pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 24,44%, porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior.

La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976).

Durante el primer trimestre se destruyeron 374.300 puestos de trabajo (-2,1%), con lo que el número de ocupados alcanzó la cifra de 17.433.200 personas, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2003.

El descenso de la ocupación ha sido casi tres veces superior entre los varones, con 278.300 empleos menos, que entre las mujeres (96.000 menos), si bien el aumento del desempleo en el trimestre les ha afectado de manera similar, con 183.700 parados más en el caso de los varones y 182.200 mujeres más en paro.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, el paro se incrementó en el primer trimestre en 729.400 desempleados, un 14,8%, mientras que los empleos destruidos alcanzan los 718.500 (-3,9%).

El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en el primer trimestre en 153.400, un 9,7% más que en el cuarto trimestre de 2011, y ya alcanzan la cifra de 1.728.400.

Diferencias entre la EPA y los datos mensuales del paro

La EPA (Encuesta de Población Activa) es "una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias que viene realizándose desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la población en relación con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos", explican. El INE (Instituto Nacional de Estadística) es el encargado de llevar a cabo esta encuesta.

La EPA se realiza sobre una muestra de 65.000 familias al trimestre o, lo que es lo mismo, unas 200.000 personas al año. La primera encuesta que se realiza a cada familia se hace de forma personal por entrevistadores fijos del INE. Las sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o de forma personal. Los entrevistados tienen que contestar sobre su situación en la semana anterior a la entrevista.

Los datos tardan en procesarse un mes y medio, por lo que durante este tiempo puede darse que mucha gente que tenía trabajo lo pierda, o al revés, lo encuentre. También ocurre que mucha gente manifieste su deseo de trabajar y lo exprese así en la encuesta, pero que en realidad nunca se dé de alta en el INEM, de ahí que las cifras de la EPA suelan ser bastante más altas que las del INE.

Por su parte, los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo llegan directamente de los Servicios Públicos de Empleo, antiguo INEM (Instituto Nacional de Empleo) que ofrece dados de los parados inscritos, con nombres y apellidos. Tiene una periodicidad mensual, de ahí que se hable de datos del paro en diciembre, enero, etc.

COMEMTARIO PARTICULAR : Mientras no se reduzcan a la mitad los políticos, fundaciones, sociedades, enchufados de toda índole , los ricos no paguen sus tributos como los salariados de nóminas y los sindicatos vivan de sus afiliados y no de las subvenciones estatales además de dar ejemplo de honradez y transparencia con un poder judicial y ejecutivo independiente y ejemplar, este país se va a la ………. sin remedio en muy poco tiempo.

José Ángel Miyares Valle

LA UNIÓN EUROPEA NO PUEDE ENFRETARSE A ARGENTINA POR LEY

Costa volcánica de Lanzarote.España(foto J.A.Miyares)

La UE carece actualmente de medidas legales para enfrentarse a Argentina sobre YPF.

Con el Tratado de Lisboa se consiguieron competencias sobre las inversiones extranjeras, pero no las suficientes como para poder controlar a la petrolera YPF.La Unión Europea está "dispuesta a apoyar a España" en el entramado.Se está trabajando en una normativa que permita a los países miembros tomar medidas en casos de incumplimientos.

La Unión Europea no cuenta a día de hoy con mecanismos jurídicos suficientes para presionar a Argentina con el objetivo de que cumpla con sus compromisos sobre las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el conocido caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

"La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea. Si bien con el Tratado de Lisboa del 2009 la Comisión adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, pero todavía no existen instrumentos legales.

Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el Tratado de Protección de la Inversión Bilateral (BIT) entre España y Argentina. "Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron.

Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la Comisión Europea propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente está en trámites. Esta nueva normativa pretende introducir un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a "medidas inconsistentes" por parte del país con el que tenga firmado el BIT.

Asimismo, recordaron que el acuerdo del Marco de Comercio y Cooperación Económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a Europa la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Por ello, aseguraron que "nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea, y en las relaciones bilaterales", durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.

No obstante, las citadas fuentes insistieron en que la UE "está dispuesta a apoyar a España en este proceso, y a cooperar con España y abordar este asunto con las autoridades a nivel político". El portavoz comunitario Olivier Bailly dejó hoy claro que Bruselas "está del lado de España" ante los planes del Gobierno argentino de nacionalizar una parte la petrolera y tomar el control de la compañía.

¿QUÉ NOS QUEDARÁ DE LA SOCIEDAD DEL BINESTAR CUANDO TERMINE EL GOBIERNO LAS REFORMAS?

Playa de Lanzarote-Canarias-España(foto J.A.Miyares)

Freno a las sillas de ruedas

La reforma sanitaria establece el copago para las personas que usan prótesis
Los afectados aseguran que esto será un hachazo para su integración social y laboral
El ahorro se pagará en gastos sociales, advierten

El ahorro previsto por el Gobierno en su decreto sanitario para prestaciones como las prótesis —700 millones— puede ser escaso comparado con el golpe que, dicen, sufrirá un colectivo, el de las personas con discapacidad, ya acostumbrado a perder. Los responsables de las organizaciones que los representan aseguran que la pérdida de poder adquisitivo que entraña para ellos la reforma dará un tiro mortal a la todavía precaria integración de estas personas: integración social y en el mercado laboral. Hay quien asegura que para los más vulnerables, un nuevo ahogo económico en estas circunstancias podría devolver al encierro en sus casas a aquellos que ya se habían atrevido a salir a la calle con su silla de ruedas, coger un autobús, comprar el pan...

El decreto afecta directamente a los discapacitados físicos que necesitan las prótesis externas —sillas de ruedas, piernas ortopédicas, corsés—, por las que se establece un copago igual que el de los fármacos. Existe desde mediados de los noventa un catálogo nacional que define el precio de estos aparatos y el periodo de renovación amparado por la sanidad pública. La fecha es el primer problema: solo ocho comunidades han avanzado en alguna medida en la renovación de ese catálogo incorporando productos y solo tres, Andalucía, Cataluña y Galicia financian al 100% lo que cuesta cada cosa.

Así que España está dividida en dos. Por un lado las comunidades que siguen con el catálogo original, que obligan al discapacitado a adelantar lo que le cuesta el producto y luego la Administración le reembolsa el precio que figura en el catálogo. Como es un precio muy antiguo estos ciudadanos, en la práctica, ya pagan parte de sus prótesis, hasta el coste real del mercado. En el resto de las comunidades (con algunas diferencias) el sistema es algo menos oneroso, puesto que es el despacho de ortopedia el que se encarga de adelantar este pago y pasar la factura a la Administración.

Así como para los medicamentos hay un plazo de dos meses para aplicar el copago, en este caso el calendario será de medio año porque está pendiente, dicen en el Ministerio de Sanidad, la renovación de ese catálogo. Esta es la enésima promesa de que los aparatos que incluye, anticuados y pesados, se sustituirán por otros más modernos y, por tanto, de precios actualizados.

Mientras ello ocurre, ya se sabe que rentas no muy altas, por encima de 1.600 euros mensuales, tendrán que hacer frente a la mitad del producto que compren. Y las inferiores a 22.000 euros anuales (el límite para hacer la declaración de la renta) el 40%; los pensionistas, un 10%. “Pero no se puede comparar lo que cuesta una caja de pastillas, normalmente, con una silla de ruedas”, advierte Rosa Fernández, secretaria técnica de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop).

La población con cualquier tipo de discapacidad que se declara activa no es mucha. De 1,48 milones en edad laboral, son 526.000, según la última encuesta del INE. El paro les afecta en mayor medida que a la población general. No obstante, este decreto solo atañe a los discapacitados físicos (aunque el medicamentazo pesa sobre todos ellos).

A pesar de ello, son los jóvenes los que estaban, después de muchos años de estigma, sacando la cabeza. Una mayor formación les estaba lanzando al mercado laboral. “Pero no, parece que tenemos que volver a la mendicidad”, dice airado Javier Font, presidente del CERMI en Madrid. El CERMI es la gran plataforma que aúna a las asociaciones, muchas y variadas, de discapacidad en España. Font pertenece a la directiva nacional. Y sigue, enfadado: “Están desmantelando el Estado de bienestar, pero deben saber que lo que dejen de gastar por un lado lo gastarán por otro, porque está demostrado que a menor gasto sanitario, mayor gasto social. ´

Algunos de los afectados se plantearán volver con sus pensiones a casa y optar a las ayudas a las que tendrán derecho en el área social, una vez abandonado el trabajo”. El colectivo, dice, es de rentas bajas, a pesar de que pueden sumar (siempre con la variedad a la que acostumbra España) un salario a sus pensiones de incapacidad. “Esto les complicará los ingresos, el terreno ganado en el ámbito laboral, pero también, que no lo olviden, la calidad de vida conquistada”. Para ejemplificar esto último baste un ejemplo, el que presta con nombre y apellidos, que no siempre es fácil, por aquello del estigma, Estela Cerezo: “Tengo 36 años, un marido que acaba de salir del paro y dos hijos. Nací con un fémur más corto que el otro y mi pierna va metida en la ortoprótesis. Hay prótesis más baratas, pero la mía cuesta 7.000 euros; solo el pie son 3.000 porque puede meterse en un zapato plano y en uno de tacón. Echen un vistazo a los escaparates...”. El pie más caro que financia el catálogo son 300 euros y ella tiene 36 años: quiere sandalias, tacones... “Echen un vistazo a los escaparates”.

El resto de su relato es el papeleo para que le reembolsen parte de lo comprado, formularios, visitas, recursos, para una mujer que trabaja y tiene dos hijos.

A todo esto hay que añadir que uno no compra una silla de ruedas para siempre, mucho menos una pierna ortopédica, menos aún si se es pequeño y hay que ir adaptándola al crecimiento... “Y hay que hacer pruebas y más pruebas hasta que todo encaja perfectamente, ya les aseguro que no es agradable... En vez de ir a mejor estamos yendo a peor, con esos aparatos antiguos del catálogo y sin tener en cuenta la vida actual. Y ahora, encima, acabarán cobrándonos más. Yo exijo, es mi salud, no es solo estética”, zanja Estela Cerezo.

Cierto. No es en absoluto descartable que el ahorro que se consiga se pierda por los nuevos gastos en salud, porque estas personas, a poco que abandonan sus cuidados o no dispongan de los aparatos más modernos, ven su salud resentida.

“La ortoprótesis que llevo en el brazo ahora es mejor, pero antes pesaba muchísimo, siempre tenía problemas de espalda, y aún tengo, voy al fisio muchas veces y me lo pago yo. Lo mío es de nacimiento, no sabría vivir sin ello, no lo concibo, no saldría de casa si no puedo pagarlo...”, dice Cristina, otra mujer trabajadora, de 29 años. Pero tiene la suerte, añade, de que su madre le adelanta el dinero cuando tiene que renovar la prótesis. La familia, otra vez, como siempre, sosteniendo el bienestar en esta crisis. El falso brazo lleva un guante, que la tinta del periódico y el tinte de la ropa ensucian con más frecuencia de la que el catálogo permite renovar con ventajas económicas. Y Cristina cobra unos 1.200 euros mensuales. Echen, de nuevo, un vistazo a los escaparates

Estética y salud, que a veces se funden en una sola: no es lo mismo arrastrar un entramado de hierros que una pieza de fibra de carbono. A pesar de todo, las ortoprótesis no son la parte del león en este asunto. Se venden, dicen en el sector, unas 400 piernas al año y unos 150 brazos en toda España. “Esto no arruina a un país”, dice Rosa Fernández, de Fedop.

Las sillas de ruedas, también muy caras, se cuentan, sin embargo, por miles. En una de ellas se sienta cada día Carme Riu, la presidenta de la asociación catalana de mujeres con discapacidad física Dones no Estándars. Las sillas de ruedas son, quizá, el asunto más espinoso. Son caras, sí, pero quienes las usan necesitan también cuidados más delicados. “Tuve polio con siete años, pero anduve hasta los 55. Ahora tengo 60 y los brazos desgastados. Los que vamos en silla de ruedas necesitamos ponernos en pie, aunque sea una hora al día, porque, si no, viviremos menos, nuestros órganos necesitan que nos pongamos de pie. Yo lo hago, con dos bitutores en las piernas, con botas especiales, y hay quien necesita un elevador. Y los corsés. Si no tenemos todo esto, viviremos menos, es así de sencillo”, dice después de haber desgranado una serie de precios de varios ceros cada uno.

Riu asegura que no atender estos requerimientos sanitarios se pagará en diálisis, por ejemplo, cuyo transporte también está incluido en el nuevo cajón del copago... “Confío, y no sé por qué, en que rematen todo esto con un poco de criterio, que piensen en que hay personas detrás de todo ese supuesto ahorro. Esas personas necesitan esas cosas porque, si no, se morirán y eso será”, dice con dureza y sin pelos en la lengua, como siempre, “un homicidio inducido por el Estado de bienestar”.

Las sillas de ruedas son caras, se decía, y se cuentan por miles. Solo en Andalucía, según aproximaciones del sector, se gastan alrededor de 20 millones de euros por este concepto, alrededor de nueve en Galicia, esas comunidades donde están financiadas por completo. Pero en ellas se sientan muy distintas personas que, seguramente, cabe organizar por nivel de gravedad o renta. El ministerio asegura que todo ese detalle está por verse. Que quizá haya excepciones cuando se afine la letra gorda. Pero los afectados afirman que allá donde no pagaban ahora empezarán a pagar con los mínimos que plantea el decreto, y donde ya se aplicaba copago quizá se quedarán como están. Porque las comunidades solo tienen margen para mejorar los límites del Gobierno. En todo caso, el decreto ya advierte de que si alguna pretende aliviar la carga económica de estos usuarios lo hará de su bolsillo propio. Quizá para preservar una posible deuda con las empresas de ortopedia, como la que se ha contraído con las empresas farmacéuticas.

En el sector de la ortopedia creen que no está de más que se reorganice un poco el variadísimo panorama que ofrecen las comunidades, y, como los afectados, opinan que hay que actualizar el catálogo, incluir mejoras técnicas en los productos y adecuar los precios, muy lejos de lo que ahora paga la Administración por ellos. Pero también avisan de que no cargarán con la deuda. Mientras tanto, un estudio elaborado en la ciudad de Barcelona hace cinco años cifraba en 27.000 euros anuales más los que necesitaba una persona con discapacidad para hacer una vida normalizada respecto a la población general. “Son demasiados, solo falta que encimas nos recorten lo que ya tenemos”, dice Carme Riu.

LOS "INDIGNADOS" VUELVEN A TOMAR LA RED

Cactus de Lanzarote-España(foto J.A.Miyares)

QUIEREN ACAMPAR EN LA PUERTA DEL SOL PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO

El 15-M sigue vivo. Cuando falta menos de un mes para que se cumpla un año del movimiento social espontáneo que llenó las plazas reclamando un cambio político, social y económico, los 'indignados' vuelven a hacerse notar. Con el anuncio de una nueva acampada en la puerta del Sol a partir del próximo 12 de mayo llega un vídeo en el que se invita a la movilización "por un cambio global".

Un anciano obligado a robar comida por necesidad, una mujer aterrada por la posibilidad de perder su trabajo, un padre de familia a punto de ser desahuciado o una joven golpeada durante una carga policial son los protagonistas. Aunque el vídeo ya ha sido colgado en varias webs de la órbita del movimiento 15-M y recorre a toda velocidad las redes sociales, los realizadores reclaman que la pieza es "anónima" y aclaran que no pertenecen a ningún colectivo "tipo Democracia Real o Acampada Sol. El 15 M es más que eso".

Los crudos testimonios de este cortometraje muestran las distintas caras de la crisis, el paro o la sanidad. El corto está envuelto en una atmósfera solemne y cargada de simbología, donde los protagonistas -los realizadores subrayan que son "personas particulares, no hay ningún actor"- portan unas velas para formar un mosaico con la fecha que pretende volver a movilizar a los 'indignados': 12-M. El portavoz del grupo de cineastas que ha producido el vídeo relata que la idea nace a partir de las historias de "familiares y amigos que lo están pasando mal, todos queremos ver la luz al final del túnel y creemos que la solución forma parte de nosotros". "Solo queremos dar un mensaje de unión", recalca.

A pesar del cisma en Democracia Real Ya -el colectivo impulsor del movimiento 15-M- una nueva oleada de 'indignados' se vuelve a movilizar en las redes sociales de cara a la nueva acampada convocada para mediados del mes que viene. La indignación popular ha repuntado tras conocerse este miércoles las intenciones del Ministerio del Interior de cara a la nueva convocatoria. El ministro Jorge Fernández ha advertido que prohibirá 'reokupar' la madrileña plaza del Sol porque "las acampadas son actos ilegales".

Las palabras del titular de Interior ya están levantando todo tipo de comentarios en Twitter. Está por ver si su advertencia termina por encender aún más a los indignados, tal y como ocurrió el año pasado con los dictámenes de la Junta Electoral.

El portavoz de los autores de este vídeo apunta que personalmente "está al margen" de las acampadas aunque defiende que "no le sorprende" para nada la nueva movilización que partirá el domingo 12 de mayo desde varios puntos de Madrid en dirección a Sol. "Si ya existían motivos el año pasado, ahora más", concluye.

MANIFESTACIONES CONTRA LOS RECORTES SOCIALES SIN EL CONTROL SINDICAL EN MADRID, CATALUÑA, VALENCIA…..

Salinas en Lanzarote-Canarias-España(foto J.A.Miyares)

MILES DE PERSONAS SE MANFIESTAN EN CIUDADES ESPAÑOLAS POR LOS RECORTES SOCIALES DEL GOBIERNO.

Varios miles de personas, un millar según la policía y 10.000 según los organizadores, se han manifestado por el centro de Madrid en defensa de la sanidad y educación públicas y contra los recortes en las prestaciones sociales.

Bajo el lema 'Tu salud es su negocio. No al copago', alrededor de 40 organizaciones han convocado la marcha. Una gran pancarta con el lema 'Tu salud es su negocio. Escuela sin clases, ni conciertos, ni privatización' ha encabezado la protesta, en la que los asistentes han coreado consignas contra el Gobierno, los recortes en los servicios públicos, el copago, la monarquía y el sistema financiero, entre otros.

"Fuera las empresas de la sanidad", "Gasto militares para escuelas y hospitales", "Los currantes no cazan elefantes", "Los recortes para los de las Cortes", "Mariano escucha, la pública está en lucha" y "Yo ya pago, no al repago" han sido algunos de los cánticos.

Mientras, varios cientos de personas se han manifestado también en Zaragoza para expresar su "indignación" por los recortes. Los manifestantes, convocados por la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, leyeron un manifiesto delante de la Delegación del Gobierno.

Con esta protesta, que llevaba por lema "No nos toquéis la sanidad", según Demetrio Calvo, miembro de la Plataforma, se pretende mostrar la "indignación" por lo que está pasando en la actualidad para llegar a una privatización del sistema sanitario.

"Se están riendo de nosotros, con buenas palabras, pero lo que quieren poco a poco, en Aragón más despacio que en otros sitios como Madrid, Cataluña o Valencia, es privatizar el sistema", ha agregado Calvo.

En su opinión, es un sistema "realmente eficiente", "sostenible", y uno de los mejores de Europa, a pesar de que en España se gasta en sanidad entre un 6,3% y un 6,5% de la riqueza nacional cuando la media europea es un 7,5%.

En Sevilla, cientos de personas se han manifestado "en defensa de la administración pública, la educación y la sanidad". Según el secretario de Sanidad del sindicato CGT de Andalucía , Manuel Reina, la manifestación ha tenido una acogida "importante" dado lo "precipitado de la convocatoria", que se ha transmitido fundamentalmente a través de Internet, "sin que hayan podido pegarse carteles".

Encabezados por una pancarta con el lema 'Tu salud es su negocio', los manifestantes han lamentado que la crisis "sirve como detonante y justificación de las privatizaciones" en servicios públicos, de forma que se están adoptando medidas que de forma inmediata son "los recortes y el deterioro" pero a largo plazo puede suponer "la desaparición del Sistema Público de Salud universal y gratuito".

SE ACABA EL TURISMO SANITARIO EN ESPAÑA

Roma-Italia(foto J.A.Miyares)

Sanidad prohibirá el turismo sanitario para ahorrar 1.000 millones.

• Ana Mato anuncia que se modificará la ley española

• Asegura que 'se ha utilizado mal la asistencia sanitaria por los extranjeros'

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades autónomas incorporar la derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

"Como no hemos incorporado ese articulo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tiene más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.

De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y para acabar con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España".

'Se ha utilizado mal'

Así, el Gobierno además de atender a una "demanda social", conseguirá un ahorrar, aproximadamente, teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011, 1.000 millones de euros que "es lo que se está gastando de más en este tipo de prestación sanitaria".

Esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba, ha señalado Mato, que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".

Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que vienen a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".

Con el mismo objetivo, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que las personas que viene de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.

De este modo, explica, se pretende evitar que "con una misma tarjeta sanitaria, vengan 5 ó 6 personas de una misma familia sólo a utilizar la asistencia sanitaria española y se vuelvan a su país".

HA SIDO UN LATROCINIO EN TODA REGLA ANTE LA DEBILIDAD DE ESPAÑA

Toledo-España(foto J.A.Miyares)

Cristina Fernández dice que Argentina está "cambiando la historia" al recuperar YPF.

Recordó que su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner, dijo que "el problema energético fue la desnacionalización y la venta de las acciones de YPF".Sin embargo, tanto Kirchner como la propia Fernández apoyaron la privatización de YPF en 1992.El Senado argentino aprueba la expropiación, que se ampliará a la división de gas.CRONOLOGÍA: Las fechas clave que acrecentaron la tensión.CLAVES: ¿A quién perjudica más el conflicto: a España o a Argentina?PERFIL: Axel Kicillof, el el ideólogo de la expropiación.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó este mércoles que el país está "cambiando la historia", al destacar la "recuperación" de YPF, en medio del proceso de expropiación de la petrolera a la española Repsol-YPF.

"Los argentinos estamos cambiando una historia que muchas veces no quisieron escribir y que lo hicieron otros por ellos", pero "no hay que echarle la culpa a nadie", manifestó Fernández durante el acto de presentación del canal estatal Tecnópolis TV.

La mandataria dispuso el pasado lunes la intervención de YPF y envió al Parlamento un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera a la española Repsol.

"Se están dando pasos muy importantes e impensados hacía muchos años. Se progresó mucho después del derrumbe producido antes de 2003", insistió Fernández.

Recordó además que su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner, dijo en 2003 que "el gran problema energético fue la desnacionalización y la venta de las acciones de YPF".

"Ahora se está recuperando ese instrumento estratégico", pero "la historia no se construye como uno quiere sino como uno puede y a pesar de todos los obstáculos, porque no es un camino llano y sin tropiezos", subrayó Fernández.

Recurrirán al FMI y el BM

Además, Argentina ha anuciado que llevará a la próxima asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) la expropiación, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, transmitirá a los representantes de los países asistentes a la reunión la "importancia" que tiene para Argentina la decisión "de fortalecer la soberanía energética", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

"La irresponsable gestión del grupo controlante Repsol ha dado lugar a una significativa caída en la producción de crudo (de 20 millones de barriles en 1998 a 11 millones en 2011), acontecimiento sin precedentes históricos similares", afirmó Lorenzino.

El ministro dijo que, en lugar de capitalizar YPF para invertir en exploración y sostener un nivel de producción "acorde a las crecientes necesidades de una demanda en expansión", la "gestión privada se limitó a vaciar las reservas existentes (1.205 millones de barriles en 1998 a 666 millones de barriles en 2011)".

Afirmó asimismo que la petrolera basó su negocio en el refino y posterior venta al mercado interno de gasolina (naftas) "premium" (las más caras)y que distribuyó beneficios -en lugar de reinvertirlos- "por más de 15.700 millones de dólares, poniendo en riesgo la soberanía energética" de Argentina.

Lorenzino indicó que esta situación de YPF explica "las crecientes importaciones de combustible del país, de 853 millones de dólares en 1998 a 9.397 millones de dólares en 2011".

El Kirchnerismo aprobó la privatización

Tanto Kirchner como la propia Fernández apoyaron la privatización de YPF en 1992 y, hasta que empezó la embestida gubernamental contra la empresa, el pasado diciembre, la presidenta citó en más de una ocasión a YPF, entonces bajo control de Repsol, como modelo de empresa en Argentina.

El Senado aprobó este miércoles en comisiones el dictamen del proyecto de ley para expropiar un 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol y la empresa YPF Gas, propiedad del grupo español,lo que habilita el debate de la iniciativa en el pleno de la Cámara Alta.

El oficialismo se propone discutir el proyecto gubernamental en el pleno del Senado el miércoles de la semana próxima para luego girarlo a la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores afines al Gobierno también hagan pesar su mayoría.

El viceministro de Economía, Axel Kicillof, anunció este martes que Argentina no pagará los 10.000 millones de dólares que reclamó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.

El proyecto de ley gubernamental declara de interés "público nacional" el sector de los hidrocarburos y añade que la valoración de YPF dependerá del estatal Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.

EL REPAGO DE LA SANIDAD ES INJUSTO SOBRE TODO CON LAS RENTAS MÁS BAJAS.

La Raya-Aller-Asturias(foto J.A.Miyares)

Expertos advierten del impacto del nuevo copago en la salud de los más pobres.

La medida podría influir en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos
Economistas de la salud piden un análisis sobre la eficacia de la propuesta de Sanidad

Más allá del beneficio económico en las arcas del Estado, algunos especialistas temen que el aumento del copago en los medicamentos tenga un efecto negativo en el cumplimiento de los tratamientos farmacológicos, sobre todo entre las personas con ingresos más bajos. Teniendo en cuenta, además, que los jubilados consumen en torno al 80% del gasto total en farmacia.

Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES) espera que la medida sea reversible. Y sugiere que el incremento del copago farmacéutico anunciado ayer vaya acompañado de un instrumento de evaluación independiente para comprobar si esta iniciativa “efectivamente sirve para mejorar el uso de los recursos o genera bolsas de desigualdades y problemas de salud entre aquellos con menor renta”.

Francisco Baixauli, vicepresidente de la Asociación Española de Farmacia Comunitaria, insiste en esta idea y recuerda que el seguimiento de cualquier tratamiento farmacológico va ligado a su importe y a la accesibilidad a los medicamentos. “El paciente es muy sensible al aumento del precio y, cuanto más dinero tenga que aportar, menor será el cumplimiento terapéutico”, explica.

Junto a esta idea, los especialistas destacan que existen otras vías para mejorar la eficiencia del sistema y que resultan más eficaces. “Este tipo de anuncios responde a medidas compulsivas y apaños que no llevan a ninguna parte”, explica Enrique Costas Lombardía, economista de la salud y vicepresidente de la Comisión Abril para la Reforma de la Sanidad. Pese a declararse partidario del copago, Costas Lombardía sostiene que las medidas anunciadas ayer por la ministra Ana Mato “no tienen gran peso y se agotan en sí mismas”, ya que el sistema lo que necesita es “una reforma profunda y de gran calado, mucho más global”.

Juan Oliva también critica que se haya puesto el énfasis en el copago: “Para que tuviera sentido, debería de estar relacionado con un mayor paquete de medidas de uso racional de los recursos”. El presidente de la AES considera que, salvo cuestiones anunciadas ayer como la potenciación de la central de compras o mejorar el control del gasto de los pacientes europeos, “no se aportan grandes medidas de fondo que corrijan los problemas estructurales”. Oliva pone el ejemplo de asignaturas pendientes como la coordinación entre la asistencia primaria y la especializada o entre la atención sanitaria y los servicios sociales.

¿COBRA FUERZA EL NEONACISMO EN EUROPA?

La Raya-Aller-Asturias(foto J.A.Miyares)

Desmantelada la tumba de los padres de Adolf Hitler

La decisión trata de evitar que se convierta en un lugar de peregrinación

La tumba de Alois y Klara Hitler, padres del dictador nazi Adolf Hitler, fue desmantelada el miércoles. Según ha explicado Kurt Pittertschatscher, párroco de la Iglesia de San Miguel de la localidad austriaca de Leonding, cerca de Linz, la losa ha sido levantada y “la tumba puede ser reasignada”. El canal británico BBC recogía este viernes las declaraciones del alcalde de la ciudad Walter Brunner, que explica que una familiar del genocida tomó la decisión de quitar la lápida. Se evitará así que la tumba se convierta en destino de romerías para neonazis y ultraderechistas. Según la agencia AP, esta familiar “ha renunciado a sus derechos de arriendo” de la sepultura. No se sabe exactamente de quién se trata, pero diversos medios especulan que puede ser una descendiente de la primera esposa de Alois, llamada Anna.

El párroco del pueblo no especifica qué ha sido de los restos de los padres de Hitler, nacido en Braunau-am-Inn (a unos 100 kilómetros de distancia) el 20 de abril de 1889. Es de suponer que no los exhumaron. Alois Hitler murió en 1903. La madre de Adolf murió cuatro años después. El hijo que tuvieron se suicidaría en 1945 en su búnker berlinés, tras desencadenar la peor guerra de la historia y ordenar el asesinato sistemático de millones de judíos en Europa. Es un viaje largo y espeluznante para el hijo del aduanero Alois, que ahora ha quedado sin tumba.

Se erigía sobre los restos de Alois y Klara una estela funeraria de piedra coronada por una cruz. Una placa anunciaba que “Aquí descansa en el señor Alois Hitler; Oficial de la imperial y real aduana y Propietario”. Llevaba la fotografía de un hombre mayor con enormes bigotes. Debajo se informaba de que también está el cuerpo de su esposa, de quien se mostraba una foto de menor tamaño.

Alois Hitler, nacido en 1837, era el hijo de una campesina austriaca llamada Anna Maria Schicklgruber. No se sabe a ciencia cierta quién era su padre, pero lo más probable es que fuera el campesino acomodado Johann Nepomuk Hüttler, o bien el hermano de este, un molinero dado a los vagabundeos llamado Johann Georg Hiedler. Hay pocos detalles de su juventud de Alois. En 1877 cambió el apellido Schicklgruber, de sonoridad francamente rural y un punto bufa, por Hitler. La ortografía de los apellidos era caprichosa en aquél tiempo, pero en alemán, Hüttler, Hiedler y Hitler son casi homófonos.

El criminal de guerra y notorio nazi Hans Frank escribió en sus memorias que Alois pudo ser el hijo de un judío rico de la región. Impulsó con ello el bulo de que Hitler era judío en “un cuarto”. Los historiadores modernos descartan esta tesis. Tampoco es cierto, como se dice a veces en Alemania y en Austria, que Adolf Hitler llegara a apellidarse Schicklgruber.

En cuanto a Klara, era la tercera esposa de Alois. Nacida Pölzl en 1860, también era su prima en primer o segundo grado (según quién fuera el padre de Alois). Cuatro de sus seis hijos con él murieron antes de 1901 y solo Paula Hitler (1896) sobrevivió a la II Guerra Mundial.

La tumba de los padres de Hitler fue levantada sin mayor ceremonia por un albañil. Sólo permanecen a la vista el pequeño cuadrado de piedras que marcaba su perímetro y un gran árbol que crece en la cabecera de la sepultura. Diversos grupos antifascistas celebran hoy la desaparición de la atracción neonazi, en la que no solían faltar flores.