CARTA ABIERTA AL REY FELIPE VI.

 

CARTA ABIERTA AL REY FELIPE VI: EL SILENCIO INSOSTENIBLE DE LA CORONA Señor: Le escribo como un ciudadano que ve con profunda preocupación la deriva de nuestro entramado constitucional, sin que el máximo garante de la nación ejerza sus funciones de arbitraje. Su papel institucional no puede convertirse en el de un mero testigo mudo que contempla, bajo una falsa neutralidad, el progresivo desmoronamiento de las instituciones democráticas del país. El análisis de sus atribuciones constitucionEl Ministerio de Sanidad lleva tiempo defendiendo que los inmigrantes no tienen garantizado el acceso sanitario en España. Hace unos meses, el Gobierno aprobó el real decreto de universalidad, por el que establece que aquellos que se encuentren en situación irregular en nuestro país podrán acceder al sistema con una declaración responsable. La norma generó críticas, centradas especialmente en el aumento de la presión asistencial que provocará esta situación, con Vox a la cabeza en el rechazo al decreto. La ministra de Sanidad tacha estas observaciones de «bulos» y «prejuicios» y defiende que los inmigrantes utilizan menos el sistema sanitario que los españoles.

Sanidad ha elaborado un informe sobre el estado de salud y el uso del sistema sanitario de los inmigrantes para defender su tesis, cuyas conclusiones ha presentado este lunes Mónica García. «El principal relato que se ha querido instaurar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene. La población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que la población nacida en España», ha asegurado García. En concreto, ha dicho, los españoles utilizan la atención primaria entre un 18 y un 51 por ciento más que los inmigrantes; presentan entre un 32 y un 69 por ciento más de consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38 por ciento más de enfermedades crónicas que los nacidos fuera de España.

ales demuestra que la moderación no debe significar pasividad cuando la separación de poderes se encuentra bajo asedio constante. El artículo 56 de la Constitución le define explícitamente como la cabeza del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y le encomienda la alta función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Mientras el Ejecutivo presiona a los jueces, altera el funcionamiento de la policía judicial y utiliza los recursos públicos como cortafuegos frente a sumarios por presunta corrupción, refugiarse en silencios corporativos ignorando el mandato de ese precepto. Firmar decretos que erosionan los contrapesos del sistema choca con el artículo 61, que recoge su juramento solemne de guardar y hacer guardar la Constitución. La soberanía reside en el pueblo español, el mismo que sostiene este país con su esfuerzo diario mientras asiste a la división ética de su cúpula política. Los españoles no esperan de su Monarca un cronista pasivo de la decadencia que se limita a sancionar con su firma las decisiones del Ejecutivo, sino una institución firme que recuerde los límites de la legalidad. Su actual inacción erosiona el prestigio de la Corona de forma irreversible ante la historia. Cumpla con su juramento ante España, abandone la comodidad de Zarzuela y actúe a la altura de la gravedad que hoy amenaza nuestra democracia.