La ley del Jurado, aprobada por el PSOE en tiempos de Felipe González "por imperativo legal de urgente necesidad", incluye la "malversación" y el "tráfico de influencias" entre los delitos que deben ser juzgados por ciudadanos legos, y la mujer del Presidente está imputada por ellos. Es la ley, socialista, además.
Hoy, dirigentes del mismo partido y prensa subordinada califican de "surrealista" o "insólita" la posibilidad de que sea un jurado el que decida la culpabilidad o inocencia de personas implicadas en asuntos cuya tasación penal, por otra parte, encaja como un guante en los contemplados en la ley del Tribunal del Jurado.
La izquierda, que tanto habló de transparencia, regeneración y participación ciudadana, ha acabado temiendo a la transparencia, huyendo de la regeneración y maldiciendo la participación ciudadana, en forma de jurado popular.
A un juez siempre se le puede tachar de facha, de machista, de vendido a la derecha o tener dos DNI, pero ¿qué van a decir de nueve ciudadanos anónimos? ¿Que también son ultras porque no les votan?
Al final no se trata de quién o quiénes juzguen; se trata de quién es la persona juzgada.
En este caso, la imputada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, es nada más y nada menos que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y urge encontrar una imposible vía de salida.
Imaginemos un jurado popular en un caso de violación.
El fiscal querrá un jurado formado por feministas que odian a los hombres y aconsejará a la víctima sobre su apariencia y expresión, para que se la perciba inocente e indefensa.
La defensa querrá un jurado de primitivos cristianos rurales que tendrán predisposición a pensar que si ella estaba en ese bar, en ese barrio, con esa minifalda hasta las axilas, se merecía lo que le ocurrió.
Cada bando, en función de cómo le afecte, optará por sus intereses, por eso se multiplican las alarmas tratando por todos los medios de que no sea la Justicia, sino el Gobierno, quien dictamine sobre la inocencia o culpabilidad de la investigada.
Pero, amigo, si la única forma de condenar a todos los culpables fuera condenar a todos los sospechosos, y la única forma de evitar condenar a un inocente fuera no condenar a nadie, tenemos que coincidir en que la Justicia debe tener la última palabra.
Bolaños, conocedor de que el año pasado de 44 juicios con jurado popular 43 acabaron en condena, está desesperado y obsesionado con el juez Peinado y deja caer que si persecución política, que si "lawfare" o alucinaciones del propio juez.
Para más inri, ha calificado de "incomprensible" el procedimiento judicial afirmando que decisiones como esta "dañan el buen nombre de la Justicia".
Creo que hasta el propio Presidente "sueña" con ser imputado, ahora que tiene el apoyo comprado de una mayoría de diputados para que la espada de Damocles de una teórica condena deje de pender sobre su cabeza si, como saben, en la preceptiva votación del Congreso por su condición de aforado los diputados dicen "no".
Toda la causa, o causas, desaparecen automáticamente, como si nunca hubieran existido.
Sánchez, que soñaba y sueña con ser secretario general de ONU, y liderar el mundo, pasará a la historia por ser el presidente gafe que nos trajo una pandemia, un volcán, una tragedia ferroviaria, inundaciones e incendios, y cuyo entorno (político y familiar) acabó imputado por corrupción. Prevalecerán los hechos y, sí, pasarán a la historia de nuestro país.
Saludos cordiales.
