Es grave, es insostenible y empieza a ser inaceptable.
La plataforma Médic@s del Sespa advierte de que recrudecerá las movilizaciones. Pero conviene llamar a las cosas por su nombre: ¿qué significa exactamente ese "recrudecimiento"? ¿Es una medida de presión legítima o una amenaza directa? ¿Implica aumentar aún más el daño a los usuarios -que, en este contexto, pasan a ser víctimas-?
La irresponsabilidad ha alcanzado un nivel intolerable, tanto por parte de la Administración como de determinados profesionales. Y sí, duele decirlo con esta claridad, pero es necesario. Ya no sirve escudarse en la reducción de jornada, las guardias o cualquier otra reivindicación. Existen sindicatos, mesas de negociación y mecanismos legales precisamente para evitar que los conflictos laborales se trasladen a quienes no pueden defenderse: los pacientes.
Porque esto no es un conflicto cualquiera.
Imaginemos a bomberos en huelga mientras un incendio arrasa viviendas. Imaginemos a policías o guardias civiles inhibiéndose ante un delito. Imaginemos a electricistas desapareciendo en pleno apagón o a mineros abandonando con compañeros enterrados. Resultaría escandaloso, inasumible, incluso delictivo. Pues bien, no hace falta imaginar demasiado: cuando los médicos dejan de atender en un sistema ya colapsado, el resultado es exactamente ese. Y no es una exageración: es la realidad.
Miles de pacientes esperan diagnósticos, tratamientos o intervenciones que llegan tarde o no llegan. Listas de espera que, en muchos casos, deberían estar bajo supervisión judicial. Situaciones que no solo deterioran la calidad de vida, sino que ponen en riesgo la salud y la propia vida. Esto tiene consecuencias reales, medibles y, en demasiadas ocasiones, irreversibles.
La Administración no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe asumir su responsabilidad y actuar con firmeza frente a cualquier uso irresponsable del derecho de huelga. Porque sí, toda reivindicación es legítima, pero también lo es exigir que se plantee y se resuelva sin causar daño a terceros. Para eso existen el diálogo, la negociación y la responsabilidad institucional.
Se supone que hablamos de profesionales altamente cualificados, con criterio, vocación y capacidad de influir sin necesidad de recurrir a medidas que agraven el problema. No se puede destruir lo que durante años fue un motivo de orgullo colectivo.
Y la pregunta sigue en el aire: ¿qué ha pasado para que una sanidad que funcionaba razonablemente bien haya llegado a este punto? La respuesta no es simple, pero lo que sí es evidente es que no se están poniendo soluciones eficaces sobre la mesa. Lo que vemos es deterioro, desgaste y una sensación creciente de abandono.
La huelga es un derecho, pero no es un derecho absoluto ni puede ejercerse de cualquier forma. No cuando afecta a servicios esenciales. No cuando hay vidas en juego. No cuando el resultado es dejar a miles de personas sin la atención que necesitan.
Defender derechos laborales no puede convertirse en una coartada para incumplir obligaciones básicas. Y cuando esa línea se traspasa de forma reiterada, cuando la desatención genera perjuicios graves, continuados y previsibles, entramos en el terreno de la responsabilidad exigible. En esos casos, el despido procedente por negligencia reiterada -con pleno respeto a las garantías legales y al principio de proporcionalidad- no debería ser una opción excepcional, sino una consecuencia lógica dentro de un Estado de Derecho que protege, ante todo, la vida y la integridad de los pacientes.
Cuando están en juego vidas humanas, no hay margen para la ambigüedad: la responsabilidad debe estar por encima de cualquier otra consideración. Y cuando esa responsabilidad falla -desde la Administración o desde quienes deben prestar el servicio-, las consecuencias las pagan siempre los mismos: los pacientes.
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