CARTA ABIERTA AL
REY FELIPE VI: EL SILENCIO INSOSTENIBLE DE LA CORONA Señor: Le escribo como un
ciudadano que ve con profunda preocupación la deriva de nuestro entramado
constitucional, sin que el máximo garante de la nación ejerza sus funciones de arbitraje.
Su papel institucional no puede convertirse en el de un mero testigo mudo que
contempla, bajo una falsa neutralidad, el progresivo desmoronamiento de las
instituciones democráticas del país. El análisis de sus atribuciones
constitucionEl Ministerio de Sanidad lleva tiempo defendiendo
que los inmigrantes no tienen garantizado el acceso sanitario en España. Hace
unos meses, el Gobierno aprobó el real
decreto de universalidad, por el que establece que aquellos que se
encuentren en situación irregular en nuestro país podrán acceder al sistema con
una declaración responsable. La norma generó críticas, centradas especialmente
en el aumento de la presión asistencial que provocará esta situación, con Vox a
la cabeza en el rechazo al decreto. La ministra de Sanidad tacha estas
observaciones de «bulos» y «prejuicios» y defiende que los inmigrantes utilizan
menos el sistema sanitario que los españoles.
Sanidad ha elaborado un informe sobre el estado
de salud y el uso del sistema sanitario de los inmigrantes para defender su
tesis, cuyas conclusiones ha presentado este lunes Mónica García. «El principal relato
que se ha querido instaurar en torno a la migración y la sanidad no se
sostiene. La población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que la
población nacida en España», ha asegurado García. En concreto, ha dicho, los
españoles utilizan la atención primaria entre un 18 y un 51 por ciento más que
los inmigrantes; presentan entre un 32 y un 69 por ciento más de consumo de
medicamentos y entre un 24 y un 38 por ciento más de enfermedades crónicas que
los nacidos fuera de España.
ales demuestra
que la moderación no debe significar pasividad cuando la separación de poderes
se encuentra bajo asedio constante. El artículo 56 de la Constitución le define
explícitamente como la cabeza del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y
le encomienda la alta función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular
de las instituciones. Mientras el Ejecutivo presiona a los jueces, altera el
funcionamiento de la policía judicial y utiliza los recursos públicos como
cortafuegos frente a sumarios por presunta corrupción, refugiarse en silencios
corporativos ignorando el mandato de ese precepto. Firmar decretos que
erosionan los contrapesos del sistema choca con el artículo 61, que recoge su
juramento solemne de guardar y hacer guardar la Constitución. La soberanía
reside en el pueblo español, el mismo que sostiene este país con su esfuerzo
diario mientras asiste a la división ética de su cúpula política. Los españoles
no esperan de su Monarca un cronista pasivo de la decadencia que se limita a
sancionar con su firma las decisiones del Ejecutivo, sino una institución firme
que recuerde los límites de la legalidad. Su actual inacción erosiona el
prestigio de la Corona de forma irreversible ante la historia. Cumpla con su
juramento ante España, abandone la comodidad de Zarzuela y actúe a la altura de
la gravedad que hoy amenaza nuestra democracia.
