Plus Ultra: la factura del rescate
Lo que Plus Ultra pone encima de la mesa es la irresponsabilidad del Gobierno a la hora de gestionar el dinero que es de todos y que, como tal, debería manejarse con más cautela.
La compañía aérea Plus Ultra ha entrado en preconcurso de acreedores, ha reducido rutas y prepara un ERE sobre su plantilla cinco años después de recibir una inyección de dinero estatal de 53 millones. El rescate público aún está por devolver y, a día de hoy, todo apunta a que serán todos los españoles los que paguen una operación que desde su comienzo aparecía como una maniobra descabellada que servía a intereses que no eran los de los ciudadanos españoles.
El caso Plus Ultra está en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama acaba de prorrogarla seis meses, hasta el 28 de mayo de 2027. Quedan diligencias esenciales por practicar y Calama advierte de que podrían imputar a más personas. La Fiscalía sostiene que parte del dinero pudo servir para blanquear fondos de Venezuela y la investigación alcanza a una figura tan medular en el Partido Socialista y en el sanchismo como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Además del expresidente, están imputadas sus hijas, Laura y Alba, por el papel presuntamente instrumental de su sociedad; su secretaria, Gertrudis Alcázar; su amigo Julio Martínez, que declaró que el expresidente cobraba 5.000 euros al mes y que se pactó un 1 por ciento del rescate; la cúpula de la aerolínea y su accionista venezolano Rodolfo Reyes.
La empresa fue declarada como de interés estratégico y mereció un cuantioso rescate en plena pandemia, cuando carecía de entidad suficiente para merecer esa consideración. Sobre cuáles fueran las verdaderas motivaciones de la operación tendrá que pronunciarse la Justicia, pero existen sospechas fundadas sobre la limpieza del rescate. Plus Ultra recibió un crédito de 19 millones de euros y otro préstamo participativo de 34 y, en caso de que la compañía acabara en la quiebra, parte del capital tendría que acabar en manos del Estado, una condición que tiene pocos visos de reparar la deuda. De momento, la empresa no ha devuelto un solo euro y solamente ha pagado intereses por un total de unos 12 millones de euros. Plus Ultra ha tratado de negociar con la SEPI el calendario de pagos para retrasar los plazos, aunque el momento electoral no hace presumir el hallazgo de una solución al enredo.
Lo que Plus Ultra pone encima de la mesa es la irresponsabilidad del Gobierno a la hora de gestionar el dinero que es de todos y que, como tal, debería manejarse con más cautela. Tampoco podemos abstraernos de todas las sospechas que sobrevuelan sobre la compañía y su rescate, y de si el presupuesto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en lugar de haber servido para mantener en momentos de dificultad compañías verdaderamente estratégicas y servir así a los intereses de los españoles, fue a parar de manera presuntamente fraudulenta y, en todo caso, antiética, a manos de unos pocos. Tenemos que lamentar cómo presenciamos una degradación de la gestión pública a manos del Gobierno de Pedro Sánchez, que a cada poco utiliza las instituciones y su presupuesto para intereses que no son los del ciudadano que los mantiene.
