Un apartado aparte merece la afirmación de que la legislación española no permite votar a determinados inmigrantes. Eso no es un bulo: es una cuestión legal que puede comprobarse. Pero, cuando se afirma que, en una democracia seria, basta con que existan leyes para garantizar que estas se cumplen, conviene ser mucho más prudentes. La realidad es que un Gobierno con mayoría suficiente puede modificar leyes, utilizar procedimientos legislativos rápidos y cambiar el marco jurídico de cuestiones que antes defendía en sentido contrario.
Lo hemos visto con los indultos: quienes antes sostenían que las penas debían cumplirse íntegramente terminaron justificando precisamente lo contrario. Por eso, resulta ingenuo pensar que determinadas cuestiones no pueden cambiar simplemente porque hoy la legislación diga otra cosa. Pedro Sánchez hará lo que considere necesario para sacar adelante su proyecto y, después, lo revestirá jurídica y políticamente de la manera que le convenga. Y entonces, quizá nos digan que aquello que hoy califican de bulo solo lo era por nuestra candidez e «inocencia».
Si ya tenemos en marcha la posibilidad de que nuevos ciudadanos accedan a la nacionalidad española por la vía de la memoria histórica, incluidos descendientes de españoles que nunca han vivido ni pisado España, una vez adquirida la nacionalidad tendrán los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español, independientemente de que su vínculo real con nuestro país sea, en muchos casos, únicamente familiar y de antaño. Y podrán dar su voto a quien les facilitó tal posibilidad por esa misma razón.
No hablamos necesariamente de emigrantes que algún día regresarán a España. En la mayoría de los casos, podrían no vivir aquí nunca y venir únicamente de vacaciones. Y, dependiendo del país de residencia y de las circunstancias, podrían terminar beneficiándose de determinados derechos y servicios públicos sin haber contribuido previamente al sistema español.
Y respecto a las regularizaciones masivas, ya veremos hasta dónde llegan. No lo olvidemos.
Por eso, cuando se habla de que vivimos en una «democracia seria» simplemente porque existen leyes y procedimientos, discrepo. Una democracia no se mide solo por las leyes que tiene escritas, sino también por la calidad de sus instituciones, por el respeto a los límites constitucionales, por la separación de poderes y por la coherencia de quienes gobiernan respetando la igualdad ante la ley. Y, sinceramente, viendo lo que hemos vivido en los últimos años, creo que hay razones más que suficientes para cuestionarlo.
¿O no recuerda cuándo era anticonstitucional la amnistía y en qué quedó?
Sobre el voto, sí pueden votar en las elecciones municipales los residentes regularizados que procedan de países que cuenten con un acuerdo de reciprocidad con España. Pueden consultar cuáles son, pero aquí también este Gobierno puede hacer tratos con quienes no los tengan, al tiempo.
Les recordaré que las elecciones municipales son los cimientos que sustentan los aparatos de los partidos. Por cada voto y cada concejal obtenido reciben subvenciones del Estado. Eso se convierte en cargos, familias de cargos, enchufes, afiliados, compromisarios... para sostener ejecutivas y candidatos a las elecciones generales y autonómicas.
Vean que Sánchez jamás da puntada sin hilo. Las legislaciones se pueden moldear, manipular o cambiar cuando existe una mayoría simple -en este caso- que no respeta a la oposición ni al pueblo soberano.
Un personaje así, capaz de estar de vacaciones, en chanclas, rodeado de seguridad y con una costa para él, mientras los ceutíes están siendo invadidos. Y recuerden que se fue cuando los grandes incendios seguramente aplazaron las vacaciones obligadas de bomberos, policías, guardias civiles, sanitarios... Pero el máximo responsable, con todos sus bemoles, bañándose como hacían los grandes jefes de Estado de antaño: un trozo de costa para él solito, rodeado de seguridad hasta los dientes.
Y todavía hay quien dice que nos protege la legislación en manos de este señor
