El rastro de Zapatero en Plus Ultra lleva a Montero
Los correos sitúan a la entonces ministra de Hacienda en el centro de unas reuniones cuya explicación ya resulta inaplazable
Durante semanas, José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado transmitir la idea de que no desempeñó ningún papel relevante en el rescate de Plus Ultra. Pedro Sánchez también ha procurado marcar distancias con el expresidente, limitándose a afirmar que será él quien dé las explicaciones oportunas ante la Justicia. Sin embargo, las exclusivas publicadas por ABC en los dos últimos días introducen un elemento nuevo que trasciende la figura de Zapatero. El foco deja de estar únicamente sobre quien presuntamente ejercía influencia desde fuera del Gobierno y pasa a dirigirse hacia quien tenía la responsabilidad institucional sobre el organismo que canalizó los 53 millones de euros del rescate: la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La importancia política de las informaciones conocidas no reside solo en que desmonten la imagen de una inexistente relación entre ambos. Los correos electrónicos revelan al menos ocho citas entre Zapatero y Montero, una interlocución constante y una confianza que difícilmente pueden considerarse anecdóticas. Más aún, muestran que el expresidente era recibido con una frecuencia desconocida hasta ahora en el ministerio del que dependía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento utilizado para conceder las ayudas extraordinarias durante la pandemia.
Existe además un detalle especialmente inquietante. Uno de esos encuentros, celebrado el 7 de julio de 2021, apenas tres días antes de la destitución de José Luis Ábalos, fue organizado con instrucciones específicas para que Zapatero accediera al despacho utilizando el denominado «ascensor ministra». Ese procedimiento, documentado en los correos internos, evidencia la voluntad de mantener oculto un encuentro ordinario. La discreción, por sí sola, no constituye una irregularidad. Pero cuando coincide con una investigación judicial sobre un rescate multimillonario y con la supuesta actividad de intermediación de un expresidente, deja de ser un detalle protocolario para convertirse en un hecho que exige una explicación convincente.
Hasta ahora, Montero había conseguido aparecer como un personaje secundario dentro de esta investigación. Esa posición ya no es sostenible. No era una ministra cualquiera. Era la titular de Hacienda, la responsable política de la SEPI y una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez, hasta el punto de convertirse en vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE. Precisamente por el peso institucional que acumulaba, cualquier contacto reiterado con quien hoy está siendo investigado por presunto tráfico de influencias adquiere una dimensión que trasciende el plano estrictamente personal o político.
A ello se añade que el entorno político y administrativo de Montero (Carlos Moreno, señalado por Aldama, o Víctor Fernández en la SEPI) tampoco ha permanecido al margen de las investigaciones que afectan al Gobierno. Sin prejuzgar responsabilidades, la acumulación de indicios y procedimientos judiciales hace todavía más necesaria una actitud de absoluta transparencia. Las nuevas evidencias obligan a responder sobre hechos concretos: por qué se produjeron esos encuentros, qué asuntos se trataron y cuál fue el papel desempeñado por la entonces responsable de tutelar la SEPI.
En una democracia consolidada, cuanto mayor es el poder ejercido, mayor debe ser la obligación de rendir cuentas. María Jesús Montero presumía de ser «la mujer más poderosa de España», esa posición privilegiada exige hoy un ejercicio de transparencia proporcional a la gravedad de las informaciones conocidas. El rastro de Zapatero conduce ahora hasta la exvicepresidenta. Y si las investigaciones judiciales consideran relevantes estas reuniones y las circunstancias que las rodearon, Montero deberá ofrecer todas las explicaciones necesarias y, llegado el caso, prestar declaración ante la Justicia como corresponde a cualquier servidor público. Porque la pregunta decisiva ya no es únicamente qué hizo Zapatero. La cuestión es qué sabía, qué autorizó o qué papel desempeñó quien tenía la responsabilidad política sobre el organismo que hizo posible el rescate
