La vida de las personas y, en general, la sociedad han cambiado mucho en los últimos decenios, y, dramáticamente, muchas veces para peor, o al menos no claramente para mejor. La carestía de la vivienda, la casi obligatoriedad de que tengan que trabajar el hombre y la mujer para que las familias puedan sufragar sus gastos, a veces solo para subsistir, el crecimiento exponencial de los divorcios, etcétera, han tenido consecuencias terribles en la desestructuración de los hogares. Si a todo añadimos que las personas viven más tiempo, tenemos ante nosotros un panorama nuevo, con muchas aristas, una nueva complejidad sociológica que los poderes públicos tienen que asumir y tienen que gestionar. Estos cambios afectan especialmente a las personas más vulnerables, especialmente a los niños y a los mayores. En este sentido, la escasez de guarderías públicas y/o asequibles para las familias dificulta mucho la conciliación familiar y lo mismo, o aún peor, sucede con los geriátricos, las residencias para las personas mayores, las públicas muy escasas y las privadas caras, abandonadas a su libre albedrío por la Administración pública y con múltiples problemas que afectan gravemente a su personal y, en última instancia, a los ancianos, esos que han luchado y que lo han dado todo por nosotros a lo largo de su vida y que merecen un ocaso digno, una atención que, cada vez más, las propias familias no pueden darles.
Los trabajadores de las residencias de ancianos privadas de Asturias están en pie de guerra. Cuando escribo estas líneas se manifiestan en Oviedo ante la Consejería de Bienestar. Están hartos. Estas personas son mucho más que trabajadores, hacen una labor social impagable. Todos los días, todas las noches, atienden y cuidan a nuestros mayores, muchas veces convirtiéndose en su familia, en su última familia. Es un trabajo duro y difícil que requiere profesionalidad, buena condición física y mucha paciencia. Tanto el personal sanitario como el resto de los trabajadores y trabajadoras de las residencias, de los geriátricos, son auténticos héroes. Su labor no es nada fácil y no hay mucha gente que pueda realizarla y salir airoso todos los días. Las personas mayores tienen enfermedades, medicaciones que hay que controlar por ellos, a veces están impedidas y hay que moverlas, a veces su capacidad mental obliga a una continua vigilancia y dedicación. Es un mundo que solo los que se dedican a él en cuerpo y alma conocen en toda su complejidad y en todo el sacrificio que exige. Pues bien, esos trabajadores no tienen ni el reconocimiento social que se merecen ni unas condiciones laborales medianamente dignas. Salarios bajos, continuas bajas laborales por estrés o por lesiones físicas, ratios exageradas, más horas de trabajo de las que deberían... Esos que cuidan de nuestros mayores no tienen quien cuide de ellos. Reivindican mejoras salariales, con sus pluses; reducción de horas anuales; bajar las ratios de residentes por auxiliar; reconocimiento de la categoría profesional; un calendario anual previsible y zonas de descanso adaptadas. Todo cabal, todo justo a la vista de lo que lleva ya demasiado tiempo sucediendo. La Administración pública tiene que implicarse en este asunto, debe patrocinar un convenio laboral justo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras de los geriátricos privados, y debe hacerlo ya mismo. Sí, porque este problema no es nuevo, hace ya muchos meses iniciaron movilizaciones para reclamar algo básico e imprescindible a la vista de la problemática actual: la reforma urgente de la normativa que regula las ratios de personal en las residencias privadas de personas mayores de Asturias. Lo hicieron porque viven y padecen las consecuencias de unas plantillas insuficientes que hacen imposible prestar la atención de calidad que nuestros mayores merecen. Mantuvieron reuniones con la Consejería de Derechos Sociales y de Bienestar, trasladaron sus propuestas y elaboraron un documento detallado de las necesidades del sector. Incluso se les reconoció que sus demandas eran razonables y necesarias. Les aseguraron que se iniciaría la modificación de la normativa y que, para finales del pasado marzo, dispondrían de un borrador sobre el que poder trabajar y realizar aportaciones. Pero, después de más de tres meses, el silencio administrativo vuelve a situar en el olvido un problema que afecta a miles de personas mayores y a quienes las cuidan. Por eso han ido a la Consejería de nuevo, porque la situación sigue siendo insostenible y el Gobierno del Principado no ha hecho nada al respecto. Hasta aquí se ya llegado.
