Una regularización temeraria

Este proceso, diseñado desde la improvisación, puede tener consecuencias que España tardará años en digerir

Apocas horas de que concluya el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes, el Gobierno se enfrenta a una realidad que desmiente todos sus cálculos. Si el Ejecutivo justificó el decreto con la previsión de aflorar la situación administrativa de unos 500.000 inmigrantes, las solicitudes ya superan ampliamente los 1,3 millones y, según coinciden distintos despachos especializados en extranjería, podrían acercarse al millón y medio antes del cierre definitivo del procedimiento. Incluso ha comenzado a extenderse la convicción de que, en esta última jornada, se admitirán expedientes incompletos para subsanarlos sobre la marcha. De confirmarse, sería el último síntoma de un proceso que ha terminado escapando al control de quienes lo diseñaron.

Estas cifras revelan que el Gobierno emprendió una de las mayores decisiones de política migratoria de la historia reciente de manera temeraria. Ya no se trata de una regularización difícil pero asequible, sino de un proceso cuyo volumen supera todas las estimaciones iniciales, incluso las más elevadas realizadas por organismos independientes y por informes policiales. Parece claro que hubo un efecto llamada, cuya naturaleza habrá que determinar, porque los españoles merecen una explicación.

La improvisación resulta todavía más preocupante porque esta decisión nunca fue objeto de debate. El Ejecutivo optó por aprobarla mediante un real decreto, evitando la deliberación sobre sus efectos económicos, sociales e institucionales. Esa ausencia de control democrático resulta mucho más grave cuando la realidad desborda las previsiones oficiales. El Parlamento no pudo discutir la memoria económica de la medida, ni su capacidad para absorber semejante incremento de población, ni las consecuencias sobre unos servicios públicos que ya soportan tensiones evidentes. Nadie, por lo visto, tuvo tiempo de analizar los trastornos de todo tipo que ha creado en Alemania, un país más poblado y rico que España, la política de acogimiento de un millón de refugiados sirios de Angela Merkel.

El problema tampoco puede justificarse argumentando que somos una fortaleza donde es imposible migrar de manera legal. Los datos desmienten esa presunción. España concedió en 2024 cerca de 1,47 millones de autorizaciones de residencia, más del doble que seis años antes, y las autorizaciones de trabajo pasaron de 129.173 en 2020 a 255.237 en 2024, prácticamente el doble. Es decir, el sistema ordinario de inmigración no sólo funciona, sino que ha incrementado extraordinariamente su capacidad de absorción en los últimos años. La vieja argumentación según la cual era necesario abrir procesos extraordinarios porque el sistema regular no concedía suficientes permisos ha dejado de tener asidero en la realidad.

Precisamente por ello resulta difícil comprender que una regularización de esta magnitud ni siquiera haya exigido, con carácter general, la existencia de un contrato de trabajo. El arraigo acreditado mediante requisitos muy flexibles puede resolver situaciones de vulnerabilidad, pero plantea interrogantes cuando se aplica a centenares de miles de personas. Regularizar no consiste únicamente en expedir papeles. Significa incorporar nuevos trabajadores al mercado laboral, al sistema sanitario, al educativo, a las prestaciones sociales y, eventualmente, a procesos de reagrupación familiar. Todo ello exige recursos y una estrategia de integración que el Gobierno no ha explicado.

España necesita una política migratoria seria, compatible con sus necesidades demográficas y económicas, pero también con la capacidad real de integración del Estado y de las administraciones territoriales. Confundir una política de inmigración ordenada con una regularización masiva diseñada desde la improvisación constituye un error cuyas consecuencias pueden prolongarse durante muchos años. La avalancha de solicitudes no representa el éxito del procedimiento. Al contrario: demuestra que el Gobierno puso en marcha una operación de enorme trascendencia para nuestra sociedad sin conocer su verdadero alcance, sin preparar sus efectos y sin someterla al debate democrático que una decisión así exigía.