Anticorrupción pedirá la máxima rebaja para Aldama en la causa de obras públicas si vuelve a colaborar
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga si amañó contratos con Ábalos y Koldo García, quienes habrían competido con Santos Cerdán para llevarse mordidas
La Fiscalía Anticorrupción tiene las esperanzas puestas en que el empresario y comisionista Víctor de Aldama continúe aportando información clave para avanzar en algunas de las causas de corrupción más importantes que se instruyen en este momento en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la del supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública en el que el comisionista habría estado implicado, junto a José Luis Ábalos y Koldo García —presuntamente compitiendo éstos con Santos Cerdán— para que las compañías Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) fueran las adjudicatarias de contratos presuntamente a cambio de mordidas para los tres implicados.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los hechos en una causa abierta a instancias del instructor del caso Mascarillas del Supremo, Leopoldo Puente, quien decidió desgajar la parte de las constructoras de la investigación por los contratos de la pandemia que ya se ha juzgado, con sentencia condenatoria para Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
Fue Aldama quien mencionó a las constructoras ante el magistrado Puente el año pasado y entregó documentación con la que pretendía acreditar que estas empresas habrían sido beneficiadas con proyectos de Transportes mientras Ábalos estuvo al frente del Ministerio y él y su mano derecha se llevaron mordidas a cambio. También apuntó en sus declaraciones en fase de instrucción —encaminadas a la colaboración desde el principio— a que la trama habría encontrado dificultades para amañar los proyectos en el norte de España porque allí el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tenía una especie de «cupo» para llevarse comisiones a cambio de que las obras fueran a parar a una empresa de su órbita. Posteriormente, la investigación del Supremo y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió despejar que se trataba de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Servinabar (de la que Cerdán poseyó casi el 50% con su socio y amigo Antxon Alonso) y Acciona Construcción.
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