Cuando faltan responsabilidad, verdad, seriedad y cumplimiento en el poder político, aparecen fugados, condenados, delincuentes, separatistas y corruptos pidiendo indultos, concesiones y amnistías. Y aparecen también invasores y niñatos haciendo asentamientos, prohibidos para todos menos para ellos, exigiendo regularizaciones y contratos de alquiler indefinidos. Mientras, quienes han trabajado, cotizado y pagado para sostener el Estado del bienestar que pretenden destruir contemplan impasibles tanta irresponsabilidad.
Sobre Ceuta ya clama el cielo. Han pasado casi dos meses y ahí siguen, mientras se mantiene una situación que transmite una imagen de debilidad y puede alimentar un efecto llamada. ¿De verdad podemos pensar que los más vulnerables de África no terminan enterándose de lo que ocurre cuando España y toda la Unión Europea son incapaces de ofrecer una respuesta rápida y eficaz? La solidaridad es necesaria, pero también lo son el control, la responsabilidad y unas reglas que se cumplan.
Y con la vivienda sucede algo parecido. No vale meter a todos los rentistas en el mismo saco. Hay que diferenciar a quienes hacen un negocio con la vivienda sin importar quién viva dentro de quienes han trabajado y ahorrado para comprar un piso o dos y los ponen a disposición mediante un alquiler. Esto último hay que respetarlo. O respetamos la propiedad y la seguridad jurídica o acabaremos siendo un país sin ley.
En este asunto tampoco sirven las promesas rápidas de Pedro Sánchez para después no cumplirlas o para que terminen sirviendo de nada. El problema exige actuar sobre la falta de vivienda, sus precios y unas rentas que para muchas familias resultan excesivas. Y las causas son varias: un turismo invasivo que encarecen y saturan determinadas zonas; ayuntamientos que permitieron demasiados pisos turísticos y viviendas que, sin serlo oficialmente, se alquilan como si lo fueran; una inmigración sin control que también demanda vivienda; y una población que ha crecido mientras la oferta residencial no lo ha hecho al mismo ritmo. Lo que había para 40 millones no puede ser suficiente para 50 y muchos más si además determinadas zonas soportan un turismo que funciona prácticamente como población permanente.
También influye la venta de viviendas y terrenos a extranjeros con mayor poder adquisitivo, porque cuando aumenta la demanda en un mercado con poca oferta, los precios suben y la población local queda en una posición cada vez más difícil. Pero la cuestión más sangrante es la falta de construcción de vivienda y, especialmente, de vivienda protegida para familias vulnerables españolas o, sin serlo, estén integradas, trabajando, cotizando y haciendo país.
Y seguramente quede alguna razón más: el empobrecimiento general de una sociedad que cada vez tiene más dificultades para ahorrar, emanciparse y acceder a una vivienda. Ese es el verdadero problema que debería ocupar buena parte de la agenda política.
Se puede ser solidario, por supuesto. Pero después de atender las necesidades de quienes están aquí, de quienes trabajan, cotizan y sostienen con sus impuestos el Estado del bienestar. Porque el dinero que este Gobierno administra no es suyo: es de los ciudadanos. Y no puede repartirse como si perteneciera a quienes gobiernan mientras los problemas de los españoles siguen esperando.
España necesita menos propaganda y más responsabilidad. Menos promesas y más cumplimiento. Y, sobre todo, recuperar una idea elemental: las leyes, los derechos y las obligaciones deben valer para todos.
Porque cuando quienes cumplen son siempre los que tienen que esperar y quienes incumplen son quienes terminan obteniendo concesiones, poder, el problema deja de ser únicamente político. Se convierte en un problema de confianza en el propio Estado.
Lo primero que necesita este país es echar a quienes llevan ocho años gobernando y llevando a España hacia un sistema donde todo se encarece y todo deja de funcionar: la sanidad, el control de fronteras, la vivienda, la cesta de la compra, la luz, los carburantes... Dejarán España como un erial solo por ese afán de aferrarse al poder de la mano de quien sea, incluido Bildu y quienes quieren romper el orden constitucional y territorial y la solidaridad interna.
Es un disparate. Y estos niñatos se manifiestan por Maricarmen, culpando a no sé quién, en vez de hacerlo contra este Gobierno, que lleva ocho años en el poder y va dejando todo a peor.
Por si queréis repetir un 15-M, mirad qué ha mejorado desde entonces: nada. Si antes no podías comprar un piso, ahora ni siquiera puedes alquilarlo. Y son los mismos los que os animan. Para ellos sí ha habido casoplones; para el resto, división y confrontación.
