Hubo un tiempo en que Asturias era sinónimo de trabajo, industria y prosperidad. Durante más de un siglo fue una de las regiones que impulsaban la economía de España. Hoy, en cambio, es una comunidad que ve cómo pierde población, oportunidades y peso económico mientras contempla con resignación el deterioro de aquello que la convirtió en una tierra próspera.
Nada de esto ha sucedido por casualidad. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas, de la falta de una estrategia de futuro y de gobiernos que, uno tras otro, han ido permitiendo el desmantelamiento del tejido productivo sin ofrecer una alternativa capaz de sustituirlo.
Fueron desapareciendo las conserveras, los astilleros, buena parte de la pesca, la caza como actividad económica, la ganadería y la agricultura. Con ellas también fueron cayendo las queserías, las industrias lácteas, las cárnicas y decenas de empresas que transformaban la riqueza del campo en empleo y bienestar. Después llegaron la crisis de la minería, el retroceso de la siderurgia y el cierre de industrias que durante generaciones dieron de comer a miles de familias.
¿Y qué se construyó a cambio?
Prácticamente nada.
Se destruyó un modelo basado en producir riqueza para sustituirlo por otro basado en depender de terceros. Asturias pasó de ser una tierra que fabricaba, exportaba y generaba empleo de calidad a confiar cada vez más en un turismo estacional y en un sector servicios donde abundan los salarios bajos y la precariedad. Una región que fue ejemplo de capacidad industrial no puede conformarse con vivir de servir mesas mientras importa lo que antes producía.
Todos los gobiernos tienen su parte de responsabilidad. Ninguno puede decir que revirtió esta deriva. Pero muchos asturianos consideran que el mandato de Barbón representa el colofón de un proceso de decadencia que parece no tener fin. La sensación es que ya ni siquiera funcionan con normalidad los servicios públicos que siempre fueron motivo de orgullo. La sanidad, por ejemplo, se ha convertido para muchos ciudadanos en un motivo de preocupación más que de tranquilidad.
Mientras Asturias perdía empresas, empleo, población y oportunidades, quienes gobernaban continuaban disfrutando de sus cargos sin asumir responsabilidad alguna por los resultados de su gestión. En cualquier empresa privada, un gestor que deja semejante balance tendría que responder por ello. En política, sin embargo, casi nunca ocurre. Se cambia de despacho, de cargo o de institución, pero rara vez se rinden cuentas por el daño causado.
Hoy Asturias sigue siendo un paraíso natural. Pero un paraíso natural, por sí solo, no garantiza el futuro de quienes viven aquí. Parece que esta tierra ha quedado reservada para el disfrute de turistas, osos, lobos y jabalíes, mientras los jóvenes hacen las maletas porque no encuentran oportunidades. Incluso los ríos ya no son lo que fueron. Donde abundaban truchas y salmones, hoy quedan menos símbolos de aquella Asturias llena de vida. También desaparecen lugares de ocio, iniciativas empresariales y motivos para creer que el futuro será mejor.
Lo más preocupante no es solo lo que se ha perdido. Lo verdaderamente alarmante es que muchos han terminado aceptándolo como si fuera inevitable. Como si la decadencia fuera un fenómeno natural y no la consecuencia de decisiones políticas tomadas durante demasiados años.
Gobernar no consiste únicamente en ocupar un cargo. Consiste en dejar la tierra mejor de como se encontró. Por eso creo firmemente que todo político debería responder por el estado en que deja aquello que recibió. Igual que se exigen responsabilidades a cualquier profesional por su trabajo, también deberían exigirse a quienes administran el presente y deciden el futuro de millones de personas.
Porque cuando un gobernante destruye riqueza, oportunidades y esperanza, el coste no lo paga él. Lo pagan las generaciones que vienen detrás.
