Pedro Sánchez, no se haga el tonto. Debe dimitir y convocar elecciones. Y si no está dispuesto a asumir su responsabilidad política, debería plantearse una moción de censura contra sí mismo, igual que reclamaba cuando el caso Bárcenas sacudía al Gobierno de entonces.
La coherencia no puede depender de quién ocupe el poder. Lo que ayer consideraba motivo suficiente para exigir dimisiones y elecciones hoy debería llevarle a actuar exactamente del mismo modo. Cualquier otra cosa sería un ejercicio de cinismo político difícil de justificar.
La corrupción necesita un corruptor y un corrupto. Pero la responsabilidad principal recae siempre sobre quien ocupa un cargo público. Porque, en el fondo, la clave está ahí: si no se deja corromper, si no pide ni acepta mordidas, la corrupción no prospera. El corruptor puede ofrecer, pero es el cargo público quien decide aceptar.
La honradez la marca quien decide si se vende o no.
Si usted no convoca elecciones inmediatamente, los españoles deben ser conscientes del peligro que corre nuestra democracia en sus manos. Quien llegó al poder apoyándose en una moción de censura fundamentada en la corrupción que afectaba al tesorero del Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy no puede pretender sostenerse ahora sobre una acumulación de escándalos que afectan a su propio entorno político.
La Justicia ya ha señalado a figuras como el fiscal general del Estado, José Luis Ábalos y Koldo García, mientras siguen apareciendo informaciones y procedimientos que afectan a Santos Cerdán y a otras personas de su círculo político y personal. Y aún queda por conocer todo lo que pueda surgir de investigaciones que continúan abiertas.
Por eso resulta una contradicción difícil de tragar. Infumable. Quien hizo de la regeneración democrática su bandera y convirtió la lucha contra la corrupción en el principal argumento para desalojar a un Gobierno no puede ahora refugiarse en excusas, silencios o maniobras de resistencia cuando las sospechas y los escándalos rodean a los suyos.
La democracia no pertenece a los gobiernos. Pertenece a los ciudadanos. Y cuando la confianza se erosiona hasta estos extremos, cuando la ejemplaridad que se exigía a los demás desaparece al llegar al poder, la única salida compatible con la coherencia política y el respeto a los españoles es devolver la palabra al pueblo.
Su resistencia a hacerlo no fortalece la democracia. La debilita. Porque transmite la sensación de que los principios eran válidos cuando afectaban al adversario, pero dejan de serlo cuando afectan a uno mismo. Y eso no es coherencia. Eso es simple supervivencia política.
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