El exministro niega las acusaciones ante la magistrada, quue deja en libertad con cargos a los Cotino
Eduardo Zaplana se sentó ayer por la tarde ante la juez de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, para decirle que no declaraba puesto que la causa está secreta y para negar los hechos que se le atribuyen en el «caso Erial». «Es todo falso», dijo a la magistrada, según fuentes de su entorno. El exministro de Trabajo asegura que no tiene dinero ni negro ni blanco en el exterior, ni testaferros ni sociedades, y habla de «película de la UCO». La juez, siguiendo la petición del fiscal Anticorrupción, ordenó su ingreso en prisión sin fianza por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Quien si abandonó los juzgados fue su mujer, Rosa Barceló, investigada en esta causa.
El juez también acordó prisión comunicada y sin fianza también para Francisco Grau, economista y especialista financiero muy cercano a Zaplana que, en la misma línea, negó todos los hechos y cualquier vinculación con ellos. Los investigadores le consideran parte fundamental de la trama por sus tareas de asesoramiento, al igual que al abogado Juan Francisco García Gómez, que fue su jefe de gabinete y habría sido el vehículo para mover fondos supuestamente ilícitos en paraísos fiscales y luego introducirlos en España. La juez decretó para él medidas cautelares con la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
El matrimonio formado por Joaquín Barceló -exdirector general de Turismo de la Generalitat y alto cargo en Terra Mítica- y Felisa López sería el responsable de repatriar los fondos procedentes de Luxemburgo a través de su entramado societario. La juez decretó cárcel para el considerado como testaferro de Zaplana y medidas cautelares para su mujer.
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La lista de investigados policiales se completaba con el exdirector general de la Policía Juan Cotino y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.
La operación «Erial» investiga delitos de falsedad, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Las pesquisas se centran en el pago de comisiones superiores a 10, 5 millones de euros a cambio de licitaciones públicas, el entramado societario creado para el blanqueo de esas cantidades y su reintegro en el circuito legal a través de una trama de amigos y conocidos de Zaplana.
La defensa del exministro había presentado un escrito de libertad adjuntando un informe médico para acreditar su delicado estado de salud a causa de la leucemia que padece, que fue desestimado.
No obstante, estas fuentes aseguran que «está tranquilo» y podrá acreditarlo. Entre las personas que, según las pesquisas, le pagaron cantidades millonarias por adjudicaciones, se encuentran los hermanos Vicente y José Cotino, quienes ayer se negaron a declarar ante la juez.
Ésta acordó para ambos libertad con cargos y obligación de comparecencia semanal en el juzgado para firmar, según fuentes conocedoras de la decisión.
La jornada arrancó con el traslado de Zaplana a primera hora desde la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), donde pasó la noche tras los registros en la ciudad, a la de Patraix, en Valencia, donde llegó poco antes de las 10.15 horas. En el interior de las dependencias se encontraban ya varios arrestados. Por las instalaciones de la Benemérita pasó igualmente el expresidente de Las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía, Juan Cotino, que se negó a declarar y a su salida explicó a los medios que la causa está bajo secreto de sumario «y cuando se abra, lo sabremos todo». Fuentes cercanas comentaron que no pesa sobre él ninguna medida cautelar ni citación para presentarse ante el juzgado. Hacia el mediodía, un vehículo gris conducido por agentes de la Guardia Civil abandonó la comandancia con Eduardo Zaplana a bordo para trasladarle a la Ciudad de la Justicia, donde posteriormente acudieron el resto de detenidos.
LA CORRUPCIÓN DE LO QUE SE VE Y LO QUE DEBE DE ESTAR TAPADO.
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