El Gobierno oculta los informes definitivos sobre la responsabilidad de ACS en el Castor
Industria tiene guardados bajo llave los dos estudios solicitados a la Universidad de Standfort y al Massachussets Institute of Technology sobre qué causó los seísmos en Tarragona y Castellón.
¿Qué provocó realmente los cerca de 500 seísmos que tuvieron en vilo a las poblaciones de Castellón y Tarragona en septiembre de 2013? ¿Fue el polémico almacen de gas del Castor el responsable de aquellos terremotos o fue una casualidad geológica como la registrada en Ossa de Montiel? La respuesta definitiva la sabe el Ministerio de Industria, porque hace cerca de un mes recibió los informes que pidió a dos prestigiosas universidades internacionales para llegar hasta el fondo del asunto. Pero, de momento, ha decidido mantener ambos estudios guardados bajo llave.
Fuentes próximas al Ministerio de Industria han confirmado que José Manuel Soria ya tiene en sus manos los dos informes solicitados a la Universidad de Stanford y al Massachussetts Institute of Technology (MIT) para corroborar o no los dos análisis previos que hizo el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo según el cual los 540 terremotos registrados en dos meses en Vinaròs (con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Richter) fueron generados por las inyecciones de gas realizadas por Escal UGS. Los partidos políticos denunciaron entonces el trato de favor dado a ACS, el promotor del proyecto energético.
Según distintas fuentes, las conclusiones de la Universidad de Stanford y el MIT, uno de los centros más afamados del mundo, confirman a grandes rasgos las primeras inspecciones realizadas por el IGN. De ser así, el ministro no sería ajeno al impacto social de los mismos, después del rechazo que ya provocó que el gaseoducto del Castor fuese rescatado con dinero público, con una indemnización a ACS de 1.350 millones de euros.
Otras fuentes añaden que ni Enagás, la empresa a la que se le endosó contra su voluntad la hibernación de la infraestructura submarina, conoce los detalles de los informes de Standford y del MIT, necesarios para proceder a la evaluación de las instalaciones para decidir si deben ser desmanteladas o no. La compañía gasista ha declinado hacer ninguna declaración sobre esta información, mientras que Industria no ha respondido a las llamadas de este medio para ofrecer su versión.
Una factura en el bolsillo de los ciudadanos
El pago de los 1.350 millones a la constructora presidida por Florentino Pérez realizado en noviembre de 2014, apenas días después de que la constructora entregase la gestión del fracasado almacen de gas al Estado, generó una oleada de protestas entre los grupos políticos emergentes y en la sociedad, ya que la compensación fue desembolsada con súbita rapidez mientras que las deudas acumuladas con las eléctricas y otras industrias han tardado años en abonarse. Además, esa cantidad repercutirá finalmente contra el consumidor, que tendrá que asumir un coste de 182 euros en su factura del gas a medio plazo.
Los informes de la Universidad de Stanford y del MIT, cuyo coste tampoco se conoce, pero distintas fuentes cuantifican en más de un millón de euros, son vitales para saber si el Gobierno puede reclamar a Escal UGS responsabilidades por los daños causados y para conocer si el gaseoducto pudiera reabrirse en el futuro. Un extremo que ni los técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME) y del Instituto Geográfico se atreven a garantizar al 100%.
En su día, Soria ya fue acusado de no hacer públicos los informes previos de los expertos españoles, que sí atribuyeron la causa-efecto de los movimientos de tierra entre Castellón y Tarragona a las inyecciones submarinas del Castor. Un hecho que el ministro de Industria rechazó al indicar que necesitaba la opinión de dos estudios internacionales para decidir si la infraestructura energética debería ser cerrada definitivamente. No obstante, los detalles de las conclusiones de los científicos nacionales sólo se conocieron gracias a que un diputado de IU los exigió y los divulgó.
COMENTARIO:
Es una irresponsabilidad profesional, casi un atentado contra la sociedad por la peligrosidad de lo sucedido, y una desfachatez económica que pagaremos todos los españoles.
Me temo que todo es así. Me temo que los grandes empresarios tienen controlados a los políticos de turno con amenazas tales como despidos masivos, falta de inversión en determinadas zonas, etc.
Percibo que este tipo de acuerdos-concesiones se suceden casi a diario bajo la premisa del "yo te doy tu me das", y así se protegen mutuamente. Son unos bastardos, pero no veo cómo frenarlo sin consecuencias para todos, ya que la posible caída de una de estas empresas dejaría en paro a mucha gente.
