El juez castro
La fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan la táctica de la hija del Rey
Ambas instituciones evitan así un doble pronunciamiento judicial sobre los presuntos delitos.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no recurrirán el auto de imputación de la Infanta. El plazo para hacerlo ante el juez concluyó ayer y, pese a que el del recurso ante la Audiencia finaliza mañana, fuentes de ambas instituciones han adelantado su intención de aceptar el interrogatorio. Ambas respaldan así la decisión de la defensa de la hija del Rey de acudir al juzgado, después de ser llamada por el juez Castro en el auto de imputación.
El objetivo del apoyo a esta estrategia es doble: por una parte, los representantes del Estado y del ministerio público imposibilitan que los argumentos sobre los supuestos delitos cometidos por la infanta Cristina en el caso Nóos consten en dos pronunciamientos judiciales, ya que la ausencia de recursos no hace necesario el pronunciamiento de la Audiencia de Palma sobre la imputación en el mismo sentido que lo ha hecho el juez Castro; por otra parte, para la opinión pública, se acercan a la demanda social de que la justicia sea igual para todos y, con su decisión, no se oponen (sería la segunda vez) a que la Infanta haga el paseíllo, por la llamada cuesta de la vergüenza, hasta el juzgado.
En cualquier caso, el hecho de que la fiscalía y la Abogacía del Estado no recurran la imputación ni se opongan a que la hija del Rey declare ante el juez no significa que vayan a apoyar también que la Infanta se siente en el banquillo, en el caso de que así se decidiera una vez concluida la investigación. No obstante, de no ser así, según apuntaron fuentes del Tribunal Constitucional, Cristina de Borbón podría verse beneficiada por la doctrina Botín, que señala que si el directamente perjudicado (en este caso la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda) no pide sentar en el banquillo al presunto autor del delito, una acusación popular no es suficiente para mantener el procesamiento. Aun así, la Audiencia de Palma señaló, en el mes de mayo, que la acusación popular a la que representa Manos Limpias “gozaría de la legitimación para ejercer la acción penal contra la Infanta”.
COMENTARIO:
Hay pocas trazas de separación de poderes en este lío... Bueno imagino que se habrán dado cuenta que la opinión pública estaba harta y por eso no recurren la imputación. Más sutil, y más perversa, es la actitud de Hacienda que avala unas facturas que corresponden a gastos que no tienen nada que ver con la actividad de una empresa (que de todos modos sabemos que no tenía actividad). En fin, por lo menos vemos que sigue existiendo algún magistrado de fiar por ahí. Quizás no sea suficiente para que la justicia se cumpla, pero algo es algo...
¿O sea que la infanta tiene a su disposición la fiscalía y la abogacía del Estado?.¿ Como cualquier ciudadano? Sería muy conveniente que dimitiera de sus privilegios, que deje de costarnos los gastos de sus innecesarios escoltas en el extranjero y demás gastos, que tenga en comportamiento humilde y ejemplar como corresponde a todo cargo público que vive de los impuestos de los españoles. Hay mucha gente pasando necesidades a pesar de haber trabajado y no haber robado nunca nada.
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