Los expertos dejan el diseño de las pensiones en manos de la política.
El informe que se remite al Pacto de Toledo admite la probable “disminución significativa” de la prestación de jubilación media sobre el salario medio.
Una cosa es hacer cuentas y otra política, tomar decisiones que afectarán a la vida de millones de ciudadanos durante décadas. El consejo de 12 expertos escogidos por el Gobierno para elaborar un estudio que sirva de guía para la reforma de pensiones presentó ayer su informe final con fórmulas “robustas técnicamente”, pero, como recalcó el presidente de este grupo, Víctor Pérez-Díaz, ahora “se abre un horizonte de decisiones políticas”. “Este no es un consejo de profetas”, recalcó.
El mandato del equipo formado por 11 hombres y una mujer era el de plantear un “factor de sostenibilidad”, que es el mecanismo automático por el que las pensiones se ajustan a la esperanza de vida y otras variables demográficas y económicas. Es un duro reto para España: la esperanza de vida a partir de los 65 años crece alrededor de 16 meses cada 10 años, según estos estudios, y las necesidades en 2050 podrían ser un 70% superiores a las actuales.
El informe diseña dos fórmulas: un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que modera el cálculo de la pensión inicial por el aumento de la esperanza de vida, y un Factor de Revalorización Anual (FRA), que desvincula el crecimiento anual de las pensiones del IPC y lo liga a los ingresos públicos. Su aplicación rebaja las pensiones. El texto —aprobado por 10 votos a favor, una abstención y uno negativo— defiende la aplicación en 2014.
Aunque ayer en la conferencia de prensa los expertos defendieron que esto no tiene por qué traducirse en una pérdida de poder adquisitivo, el texto es muy claro al advertir que “las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia aumentará de forma considerable en los próximos años, como consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes”. Y, “si no se aumenta esa base”, la aplicación de dichos factores “darían lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio”.
La congelación, explicó Rafael Doménech, número dos del servicio de estudios del BBVA, solo está prevista para “situaciones excepcionales” similares a crisis tan intensas como la actual.
Añadió que “lo más probable es que las pensiones medias vayan a ganar poder adquisitivo”, recalcó Doménech, en líneas con otros expertos, dado que puede aumentar la base de cálculo, es decir, los salarios. Pero es un argumento que esconde que la pensión media puede subir en un país aunque baje la de cada uno de sus jubilados, por motivos generacionales: los retirados que fallecen cobraban unos salarios inferiores que los trabajadores de generaciones posteriores, con mejor formación y sueldos. Esta circunstancia es la que hizo posible que, por ejemplo, que la pensión media aumentara un 3,2% el mismo año en que el Ejecutivo de Zapatero las había congelado, en 2011. La conclusión es que la pensión media puede mejorar pese a que las nuevas fórmulas supongan recortes.
“El comité no dice cómo solucionar el riesgo de que bajen las pensiones con relación al salario medio”, admitió Miguel Ángel García, de CC OO, aunque propone diferentes vías, como la prolongación de la vida laboral, el crecimiento del empleo, las rebajas de impuestos o el complemento de pensiones privadas.
La posición de García chirría con la CC OO. El sindicato emitió ayer en un comunicado en el que recalcaba que este informe “no vincula” a CC OO, quien reivindica el acuerdo de reforma firmado en 2011 que trasladaba el factor de sostenibilidad en 2027. García, en cambio, defiende que entre en vigor en 2019. “Soy el responsable del gabinete económico y mi labor es elaborar informes para que la organización tenga la mayor información posible a la hora de fijar sus posiciones, pero son sus órganos los que toman las decisiones, no yo”, justificó.
La filosofía de fondo es la misma que resumió Manuel Lagares: “Este es un informe técnico, no político”, restando calado político al trabajo, por el que los estudiosos no han cobrado.
El informe final es casi idéntico al último borrador, aunque en el último minuto han desaparecido jugosas afirmaciones desveladas por EL PAÍS ayer, como la que recalcaba que había que aprovechar la crisis para aprobar la reforma, ya que “el sacrificio es más fácil de aceptar en tiempos comprometidos”. También se ha esfumado la frase de que “el factor de sostenibilidad no es sinónimo de recortes” y la de que culpar al factor de sostenibilidad de la disminución del nivel de vida de los futuros jubilados equivale a “matar al mensajero”.
La comisión política del Pacto de Toledo recoge el guante.
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