El Gobierno da luz verde la 'ley Trans': sin informe médico y con autodeterminación de género desde los 16 años
España reconocerá su condición también a los inmigrantes y sancionará con infracciones administrativas ataques al colectivo LGTB
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes en segunda vuelta después de un duro enfrentamiento entre los socios de Gobierno, la 'ley Trans'. «Por fin y cumpliendo el compromiso que teníamos con las personas LGTBI», ha dicho en la rueda de prensa posterior la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Parafraseando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Montero ha explicado que con esta ley se amplían «las oportunidades de felicidad de todas las personas». El lema institucional elegido es el de 'Orgullo de país', porque en palabras de la ministra, esta ley hace de España «un país mejor, más libre y democrático donde todas, todos y todes, podemos sentirnos muy orgullosos».
La nueva ley contiene dos principios básicos: la autodeterminación de género y la despatologización de la transexualidad, aunque desde 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya eliminó las referencias a la transexualidad como un trastorno.
La ley se aprueba justo un año después de que el anteproyecto llegase a La Moncloa y en la semana que arranca el Orgullo LGTBI, cuyo Día se conmemora mañana 28 de junio.
En la redacción se reconoce la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe médico o psiquiátrico ni tratamiento médico hormonal. Los jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la misma manera que los mayores de 18. Entre los 14 y 16 años necesitarán autorización, entre los 12 y 14 se podrá realizar a través de jurisdicción voluntaria y por debajo de 12 años podrán cambiar su nombre en el DNI.
Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia. En el primero cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio y recibirá información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación.
En la segunda, que debe ser en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitante ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. En el plazo de un mes tras esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.
Sanciones
El informe del Consejo de Estado es «un buen informe», ha dicho Montero. «Tanto este como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el del Consejo Económico y Social que hemos tenido que ir recopilando, los hemos leído y en todos aquellos aspectos que podían mejorar el texto, tanto a nivel técnico como político, lo hemos hecho. En el sentido de ampliar derechos han sido tenidos en cuenta y se han incorporado recomendaciones», ha explicado.
Una de las novedades que se han añadido a la propuesta inicial tiene que ver con las personas transexuales que llegan procedentes de otro país. Según ha explicado Montero, España les reconocerá el derecho a cambiar los documentos expedidos aquí si en su lugar de origen no lo tienen reconocido.
Además, para luchar contra la lgtbifobia el Gobierno ha anunciado una serie de infracciones administrativas. Las más leves irán de los 200 a los 2.000 euros. Las graves, de los 2.001 euros a los 10.000 sancionarán conductas como excluir de la contratación a las personas de este colectivo o impedir que se produzcan inspecciones en el ámbito laboral para ocultarlo. Las muy graves irán de los 10.001 hasta los 150.000 y se multarán desde la negación al acceso a bienes y servicios (negar la entrada a un bar hasta la compra o el alquiler a una persona LGTBI) hasta las terapias de conversión o el acoso hacia estas personas cuando no sea constitutivo de un delito. También se sancionarán contenidos educativos discriminatorios en libros de texto o materiales didácticos.
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