EL GOBIERNO APROVECHA EL PACTO PARA AFIXIAR A LA CONCERTADA

El Gobierno aprovecha el pacto para la reconstrucción del Covid para asfixiar a la concertada y amenazar a los centros de educación especial

Hoy se votan en el Congreso las enmiendas a un documento para la reconstrucción con tintes ideológicos .

Desde que se conoció su proyecto de ley (Lomloe), la ministra de Educación, Isabel Celaá, negó por activa y por pasiva las críticas de asociaciones, sindicatos, padres y medios que aseguraban que la «ley Celaá» cargaba contra la concertada. «Son fake news», «las familias no tienen nada que temer», dijo en diferentes ocasiones. Con más fuerza, quizás, negó las acusaciones acerca de la intención de cerrar los centros de educación especial a la que alude, en un texto ambiguo, la disposición adicional cuarta de su proyecto de ley.

Pero si quedaba alguna duda de las intenciones de Educación, el Gobierno las deja bien claras en el documento de la Comisión para la Reconstrucción Social y

 Económica del Congreso cuyas enmiendas se votarán hoy. Esta comisión, constituida a principios de mayo, se dividió en cuatro grupos de trabajo. En el grupo dedicado a las Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, el PSOE y Unidas Podemos dejan bien claro que su objetivo es la defensa de la enseñanza pública y la progresiva eliminación de la concertada. También amenazan a los centros de educación especial. ¿Cómo? En el bloque dedicado a educación del documento, al que ha accedido ABC, establecen, como primer objetivo el «incremento de los recursos públicos dedicados a la educación y las becas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa». Aparte de dejarla sin fondos, también buscan dejarla sin puestos escolares.

El segundo punto señala que «las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes». En la misma línea sigue el tercer punto, que anuncia «la elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema será de carácter gratuito y público».

La «trampa» de esta etapa de 0-3 no es, ni mucho menos, su universalización, sino que actualmente no está concertada y si solo se prestase a través de la red pública la posibilidad de que los niños opten por otro tipo de centro en las etapas siguientes se reduce. Así, la concertada perdería, indefectiblemente, alumnos.

Todos los apartados mencionados están sujetos a enmiendas que defienden a la concertada y que fueron presentadas por el PP, Cs, Coalición Canaria y Junts per Cat, aunque este último partido pide cambios «tibios». Hay dudas, por tanto, respecto a qué pasará con el voto catalán, con el del PNV, que solo hace reclamaciones competenciales, o ERC que más que modificaciones sugiere propuestas, como «crear un fondo para actividades lúdicas en verano».

En la defensa de la concertada, PP, Cs y CC son los más contundentes: «No podemos renunciar a que la financiación llegue al resto de la educación, más allá de que la concertada es uno de los grandes pilares del movimiento cooperativista en numerosos territorios. El objetivo es que la calidad de una educación llegue a todos los ciudadanos», dice el PP en una enmienda de modificación. Para Cs, al dejar afuera a la concertada se conculca «el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de todo este alumnado y la eficacia del derecho a la educación». Por su parte, Junts per Cat pide eliminar por completo el apartado que dice que la inversión irá destinada íntegramente a la pública.

En cuanto a los puestos escolares, Cs y PP piden que se incluya también a los centros sostenidos con fondos públicos. También se adhiere Coalición Canaria: «No puede entenderse que se permita la ampliación de plazas en centros públicos para hacer frente a las ratios requeridas y ello no se permita a los centros concertados». Respecto a la educación infantil tanto este partido como Cs, reclaman que se garantice la oferta de plazas también en centros sostenidos con fondos públicos.

«Contra la segregación»

El ataque a los centros de educación especial se hace cuando el Gobierno propone «luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión». Además, promueve el «apoyo a los planes de las comunidades dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras». Este último aspecto se traduce en la eliminación progresiva en los centros de educación especial. Por ello, el PP pide que se añada un párrafo que «asegure los centros de educación especial desde el respeto a la libertad de elección de los padres».

Fuentes del partido de Casado reconocen su preocupación respecto a lo que de este documento pueda plasmarse finalmente en la ley que el Gobierno «cocina» en el Congreso. «Si este documento es la antesala a las enmiendas de Podemos a la "ley Celáa", poco queda que negociar».

ESTA ES LA DE BACLE