EL RAPAPOLVO DE UN JUEZ A POLICÍAS Y OTROS COLECTIVOS QUE RECLAMAN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA EL CORONAVIRUS

El rapapolvo de un juez a policías y otros colectivos que reclaman equipos de protección contra el coronavirus.

El titular del Juzgado de lo Social número 34 carga contra quienes piden imponer medidas para no contagiarse: «En la guerra, los que desmoralizan son condenados por traición

El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, Antonio Seoane, ha dictado un duro auto en el que además de negar al Sindicato Unificado de Policía (SUP) la imposición de medidas cautelares que obliguen al Ministerio del Interior a equiparles con protección frente al coronavirus, carga contra todos los colectivos profesionales que han emprendido con mayor o menor éxito, iniciativas jurídicas en el mismo sentido.

Para el juez, «resulta sorprendente el goteo de solicitudes de medidas cautelarísimas que se está produciendo y que parecen carecer de cualquier objeto o mejor dicho, que piden algo aparentemente razonable como es la disminución del riesgo de exposición al virus que padecen todos los colectivos que prestan servicios esenciales a la colectividad».

«Sorprende igualmente que no sean los Sindicatos de clase mayoritarios del país (CCOO, UGT,CGT,CSIF…), los más representativos y aquéllos que posiblemente representen a más trabajadores en esta deficiente situación los que planteen tales medidas sino sindicatos, legítimos, 'de franja' defensores de los intereses corporativos, alguno de ellos con unas cuotas de representación minoritaria en sus respectivos cuerpos funcionariales, otros con opciones ideológicas, igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno quienes están tras estas iniciativas jurídicas», añade.

En su opinión, «parece que ahora se desata una guerra sindical por hacer lo mismo que han hecho otros» ya que »si ya se han adoptado medidas cautelarísimas para un colectivo, resulta de difícil explicación que Sindicatos del mismo Sector o franja pidan lo mismo para el mismo espectro corporativo» aunque en materia de cautelares no rija el principio de cosa juzgada.

Por eso, sospecha que se pudieran estar «dispendiando servicios esenciales» en atender lo que califica como «solicitudes apodícticas, imposibles e inútiles para que determinados Sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación» y que se hace, «pasando por alto que en estas situaciones calamitosas es necesaria la unidad de dirección».

«Tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas ni conjunciones adversativas (mas, pero, empero, sino, aunque…) o locuciones adversativas (como sin embargo, no obstante, antes bien, etc.) En ello radica el auténtico patriotismo. Unicamente recordar que en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los "quintacolumnistas", los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo», expone en su resolución.

«Nada tienen que decir los juzgados»

El juez, tras descartar que concurra la urgencia necesaria para adoptar la medida cautelarísima que se le insta y apuntar asimismo que la competencia sería en todo caso de la Audiencia Nacional, añade que si de lo que se trata es de una petición de tutela del derecho, necesariamente habría que argumentar «cosas de las que no hablan esas solicitudes», como sobre «la utilidad de las medidas que se piden en orden a la satisfacción del derecho». «No es función de los Tribunales de Justicia tejer cuadros de macramé para su exhibición en los salones de las casas de los ciudadanos», apostilla.

Dice que siguiendo ese argumentario, habría de concluirse que «en una situación de escasez de equipos de protección individual pese a los esfuerzos que incuestionablemente realizan las autoridades competentes no es posible reconocer el derecho a todos los integrantes de todos los cuerpos o trabajadores que prestan servicios esenciales«.

«Y entonces habrá que recurrir establecer sectores y puestos preferentes, que es función que desborda lo jurisdiccional. Que todos los grupos soliciten el reconocimiento del derecho conduciría a un reconocimiento universal que nunca se podría satisfacer si persistiera la escasez relativa de equipos. En esa situación cabría preguntarse qué utilidad tendría el pronunciamiento judicial. Y la respuesta es obvia: ninguna», zanja Seoane.

A su parecer, «esa es la inhumanidad de los corporativismos, creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás».

Opina además que tampoco es una medida útil, «porque si no hay equipos o no hay suficientes, el requerimiento judicial no los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente».

«Y si se van adquiriendo más, como es deseable y creemos que ya está sucediendo, corresponderá en todo caso a la dirección única de la crisis la determinación de cuál sea el destino de los mismos. Nada tienen que decir los Juzgados que carecemos de la precisa especialidad para gestionar una crisis sanitaria», concluye.

TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A PEDIR CLARO.