YOLANDA DÍAZ,LA TITULAR MÁS HIPERACTIVA DEL GOBIERNO QUE DESENCAJA A LAS EMPRESAS.

Yolanda Díaz, la titular más hiperactiva del Gobierno que desencaja a las empresas

Más pablista que Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo ha puesto el diálogo social al límite, y en pie de guerra al sector turístico

Las meteduras de pata de esta abogada laboralista le han obligado a rectificar varias veces tras el toque de atención de La Moncloa.

Yolanda Díaz se ha convertido en una de las caras más visibles del Gobierno por el impacto que la crisis está teniendo en el mercado de trabajo. Es la ministra más hiperactiva y su gusto por entrar en terreno ajeno hace que su cascada de intervenciones nunca pasen desapercibidas, como tampoco sus sonoras rectificaciones. Lo mismo reprende a los periodistas, que se aventura a anunciar que el sector turístico no se reactivará en España hasta diciembre, que publica en el BOE que el 70% del país se contagiará del virus, y luego rectifica.

Su verborrea durante la crisis le llevó a rectificar dos veces en menos de una semana tras invadir competencias de Sanidad que no gustaron a La Moncloa. La ideóloga de cada paso que da Pablo Iglesias en el terreno económico se aventuró a anunciar, sin medir las consecuencias, una parálisis del sector turístico, de ocio y cultural hasta final de año. Acción, reacción. Unas horas más tarde daba marcha atrás, aunque el daño ya estaba hecho.

El turismo se hunde

El sector avisó de que si se cumplían los avisos de Díaz tendría unas pérdidas de 124.458 millones, lo que equivaldría a un desplome del 81,4% en el PIB turístico. Un hundimiento sin precedentes que pondría en serio peligro a casi tres millones de empleos si se cuenta la repercusión que tiene en otros sectores como la hostelería, también paralizada. Las declaraciones de la ministra de Trabajo, unidas a las que realizó Alberto Garzón recomendando que no se realicen todavía reservas el verano, provocaron que Exceltur situara el impacto de la crisis del Covid-19 en el peor de los escenarios, toda vez que las intervenciones de estos dos ministros no fueron desmentidas por Pedro Sánchez ni por la titular de Turismo, Reyes Maroto.

La segunda rectificación de la ministra llegó la los pocos días. El BOE publicaba el miércoles pasado que el Gobierno recurrirá a la sanidad privada para detectar posibles contagios por coronavirus entre los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, cuya plantilla está desbordada por la tramitación y pago de los ERTE. Un contrato de 125.000 euros con Quirón Prevención que se justificaba en que «casi todos los centros de trabajo presentarán algún caso, que el ratio de transmisión es de 1 a 3 aproximadamente y que la previsión de las autoridades sanitarias es que en torno al 70% de la población se contagie en los próximos meses». El departamento que dirige atribuyó la última afirmación a un error.

La ministra ha puesto el diálogo social al límite y sembrado la duda sobre las «oscuras» intenciones de los empresarios en esta crisis. Las relaciones con el Gobierno quedaron heridas de muerte cuando Antonio Garamendi y la organización que dirige se enteraron por la televisión de que el Gobierno prohibía los despidos objetivos e imponía los permisos retribuidos. Una sorpresa, teniendo en cuenta que días antes se había producido un encuentro entre los empresarios con la vicepresidenta Calviño y no fueron informados de esta medida laboral sin precedentes en España. Díaz había conseguido convencerla de que solo con una prohibición a las empresas se frenaría la sangría de extinciones que ya se estaba produciendo y que llegaría unos días más tarde con la estadística: casi un millón de empleos solo en 14 días de marzo. Iglesias y su ministra entraban de lleno en la vida de las empresas para intentar controlarlas, por sorpresa, y, además, obligando al tejido empresarial a mantener el empleo seis meses tras los ERTE. La patronal avisaba de una explosión de paro.

Enciende a las regiones

Pero esta abogada laboralista gallega también ha puesto en pie de guerra a las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) tras darles plantón y optar por reunirse con los sindicatos en un encuentro al que se sumaría también el vicepresidente segundo. Y ha desatado las críticas de las autonomías tras requisar, sin previo aviso, los fondos para la formación de los parados, 2.400 millones que se han centralizado sin consultar a las regiones para pagar la factura del paro tras la avalancha de ERTE y despidos.

UNA DESCEREBRADA E INCULTA, EN LA LINEA DE PODEMOS.