Iglesias afirma que España no realizará más devoluciones en caliente de inmigrantes
El líder de Unidas Podemos asegura que "es consenso" que este tipo de expulsiones "no son respetuosas con los derechos humanos".
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo dejará de realizar devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. “Cualquier acción que vaya en contra de los derechos humanos y en contra del acuerdo de Gobierno no se puede producir”, ha sentenciado Iglesias en Los desayunos de TVE. El líder de Unidas Podemos respondía así a la pregunta de si se mantendrá la práctica que acaba de avalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que consiste en expulsar inmigrantes sobre la marcha si sortean la frontera por la fuerza o apoyándose en la masa para desbordar a las fuerzas de seguridad, sin ofrecerles la posibilidad de pedir asilo, asistencia jurídica o médica.
“Este Gobierno tiene una política sobre las migraciones que va a ser respetuosa con los derechos humanos y es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos”, argumentó Iglesias. “Esto dicho así se lo he escuchado decir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, completó. El Ministerio del Interior ha descartado comentar las palabras de Pablo Iglesias.
La continuidad de las devoluciones en caliente, así como otras cuestiones de la política migratoria planteadas por Marlaska, ha sido motivo de fricción entre los socios del Gobierno de coalición. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había condenado inicialmente a España en 2017 por estas devoluciones exprés, avaló el 13 de febrero esta práctica y la decisión cayó como un jarro de agua fría en las filas de Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó públicamente su desacuerdo con el fallo y el diputado de Podemos Rafa Mayoral calificó la sentencia de “impresentable”.
El fallo consideraba que "los demandantes se pusieron ellos mismos, de hecho, en una situación ilegal cuando intentaron de forma deliberada entrar en territorio español” y, en este sentido se posicionó Marlaska el pasado lunes. Durante la comisión de Interior en el Congreso, el ministro del Interior afirmó que la sentencia manifestaba que “la violencia [en referencia a los saltos de la valla] era un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”. Ni el ministro ni ningún otro miembro del Ejecutivo aclararon, sin embargo, qué consecuencias tendría la sentencia en el día a día de la frontera. Tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaron en sus programas el fin de las devoluciones en caliente.
Las devoluciones en caliente, recogidas en una disposición adicional de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, impulsada por el PP en 2015, serán nuevamente revisadas por el Tribunal Constitucional. El alto tribunal, con una clara mayoría conservadora, debe resolver ahora los recursos de inconstitucionalidad que presentó la oposición, liderada por el PSOE contra esta norma, bautizada como ley mordaza. El fallo de Estrasburgo sugiere que los magistrados españoles optarán por aceptar las devoluciones, pero su encaje legal o su eliminación sigue estando en manos del Gobierno de coalición.
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