El Gobierno responde a Bruselas que hará un ajuste mayor que en los cuatro últimos años de Rajoy.
El Ejecutivo se compromete a enviar más información sobre el impacto presupuestario de la subida del salario mínimo interprofesional.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiso zanjar de inmediato las dudas planteadas por Bruselas sobre el borrador de Presupuestos para 2019 que le presentó el lunes. El Ejecutivo español respondió este mismo viernes a Comisión Europea que el ajuste que recoge su propuesta es el “mayor esfuerzo estructural” que se habrá implementado en España desde 2013 y le recordó que está dentro de los márgenes de flexibilidad previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, se comprometió a enviar más información sobre el impacto presupuestario que tendrá la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional.
La carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, trata de desgranar la base sobre la que se construyó el borrador de cuentas que deben situar el déficit público en el 1,8% del producto interior bruto (PIB) el año que viene. El documento, firmado por el secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos San Basilio, garantiza que el Ministerio de Economía remitirá toda la información que vaya teniendo en su mano, facilita datos sobre los anteproyectos presentados ayer y argumenta la viabilidad de la reducción de las sendas de déficit y deuda.
El Gobierno responde a tres puntos concretos planteados por el director general de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Buti: el gasto, el ajuste estructural y la deuda. Y ahí se permite lanzar un dardo al Gobierno de Mariano Rajoy al recordar que el ajuste, del 0,4% del PIB, no solo está dentro “del margen de flexibilidad permitido”, sino que “es el mayor esfuerzo estructural” que se habrá realizado en España desde 2013. Ese dato está avalado por informes que maneja la propia Comisión Europea. Recientemente, el Consejo Fiscal Europeo reprendía al Ejecutivo comunitario por haber permitido que España redujera su déficit público en los últimos años confiándose solo al crecimiento y aparcando medidas “políticamente costosas”.
San Basilio expone en la misiva que la “tasa nominal de crecimiento del gasto primario” está por debajo del “margen del 0,5%” que prevén las normativas comunitarias y, además, es inferior a la tasa de crecimiento potencial a medio plazo de España. También considera que está clara la “determinación del Gobierno español por acelerar el ritmo de reducción de la deuda”, que a su juicio ha quedado demostrada con “las medidas estructurales contempladas” y la “prioridad” que se ha dado a “alcanzar un superávit primario en 2019”.
La misiva trata de despejar dudas sobre el cumplimiento de esos escenarios. El Gobierno sostiene que “las premisas macroeconómicas y presupuestarias subyacentes de nuestro DBP [borrador de plan presupuestario, por sus siglas en inglés] son prudentes y han sido respaldadas por la Autoridad Fiscal Independiente”. Así pues, España sigue con su rumbo de salida del procedimiento de déficit excesivo al reducir su desfase presupuestario por debajo del 3%. Pero además, el Gobierno mandará un escenario “detallado” de “no-policy change” –es decir, lo que ocurriría con la hipótesis de que no se cambiara ni una de las políticas actuales— para demostrar la “consistencia” entre el borrador y los “objetivos fiscales”. Eso llevaría, según el Gobierno, a un déficit nominal de “al menos el 2,2% del PIB en 2019” y ninguna mejora en el equilibrio estructural. Y demuestra, añade, que las “medidas adoptadas por el actual Gobierno” sirven para “la mejora de la situación de las finanzas públicas en España”. De hecho, si se deduce el esfuerzo del 0,4% previsto a ese 2,2%, resulta el objetivo del 1,8% al que se ha comprometido el Gobierno.
Nuevos impuestos y lucha contra el fraude
La Comisión pedía también a España más detalles sobre “varias medidas”, en especial las que puedan tener impacto presupuestario, para poder realizar su evaluación de las cuentas públicas. San Basilio detalla en el documento que el Gobierno aprobó el viernes dos anteproyectos de ley para crear una tasa sobre las transacciones financieras y otra a los servicios digitales. El paquete de reformas sobre impuestos sobre sociedades, la renta o aspectos medioambientales (también incluidas en el borrador remitido a Bruselas), en cambio, irán dentro de los Presupuestos. “La diligencia y la ambición con las que ha actuado el Gobierno no dan lugar a duda sobre el compromiso para implementar las medidas de ingresos previstas”, añade.
El Gobierno también considera que la Comisión Europea debe tener en cuenta a la hora de evaluar las cuentas españolas medidas contra el fraude y la evasión fiscal, como el tope de 1.000 euros fijado este viernes para poder realizar pagos en efectivo o la prohibición del software de doble uso. Estos cambios, según el Ejecutivo español, deberían considerarse puesto que “en el pasado” se hizo con otras medidas de “menor rango legal”. En cambio, admite que no está en posición de dar otros detalles. El Gobierno asegura que dará más información sobre otras medidas de gasto e ingresos y que ofrecerá más clarificaciones sobre “el impacto presupuestario de la subida acordada del salario mínimo interprofesional”.
La carta acaba reiterando el “compromiso” de España con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con llevar un proyecto de ley de Presupuestos al Parlamento lo más rápidamente posible y mantener a la Comisión debidamente informada en todo momento sobre acontecimientos relevantes en este proceso. Con ello, esperan que la Comisión pueda realizar sus previsiones de otoño y evaluar las cuentas de España. El veredicto final, a finales de noviembre.
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