SÁNCHEZ CUESTIONA SU PROPIA ESTRATEGIA EN EL RECURSO AL TC.

Sánchez cuestiona su propia estrategia en el recurso al TC al reconocer «un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral».

El Gobierno recuerre al Contitucional la resolución del Parlament contra el Rey pese a no contar con el aval del Consejo de Estado.

En el complejo equilibrio que el Gobierno practica entre el independentismo y una respuesta contundente a la fractura, ayer tocó el perfil duro. El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la resolución del 11 de octubre de 2018 del Pleno del Parlamento de Cataluña. Se trata de un texto impulsado por los comunes de Ada Colau y que apoyaron las fuerzas independentistas en el que se «rechaza y condena el posicionamiento de Su Majestad el Rey, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017» y «apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

Es la segunda vez que el Gobierno de Pedro Sánchez plantea un recurso de estas características, pese a su voluntad de «no abrir ninguna causa judicial más» en el conflicto catalán. Pero en esta ocasión la diferencia cualitativa es importante y es que el Gobierno actuará sin el aval del Consejo de Estado.

«Un grave atentado»

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció ayer que el dictamen del órgano consultivo «ha concluido que dichas resoluciones no constituyen objeto idóneo para su impugnación». Manifestó que el Ejecutivo «agradece y respeta la opinión del Consejo de Estado» pero aseguró que «no comparte esa argumentación jurídica» y que entiende que los hechos del 11 de octubre «son un grave atentado al principio de lealtad institucional».

Pero lo más relevante y llamativo es que en sus argumentos para iniciar la impugnación aún sin el aval del Consejo de Estado el Gobierno incluya la consideración de que los hechos acaecidos el 11 de octubre «suponen un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlamento de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional». Una valoración que choca frontalmente con los análisis del Gobierno sobre la evolución favorable del conflicto catalán desde la llegada de Sánchez. Y que supone, de facto, manifestar que el Consejo de Estado, que preside la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha pasado por alto un hecho de tanta gravedad.

El ataque al Rey, clave

El Consejo de Estado entiende que dichas resoluciones del Parlament «no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución» porque interpreta que «tienen una naturaleza netamente política y no jurídica, pues no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo».

El Consejo de Ministros se reunió ayer en Sevilla –lo hará en Barcelona antes de final de año– y tras el encuentro Celaá denunció que tales resoluciones son «un grave atentado al principio de lealtad institucional» y «una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra». También insistió en que presenta el recurso «por sentido de Estado».

Pese al revés que supone no contar con el visto bueno del Consejo, el Gobierno explicó los motivos de su decisión. Celaá mencionó que la resolución del Parlamento catalán supone un «ataque injustificado a la figura del Rey».

Pese a entender que no cabe impugnación, el propio Consejo de Estado entiende que tales resoluciones son «un grave atentado al principio de lealtad institucional» y «una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra», así como «que comportan una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado».

El Gobierno entiende que no es aceptable «ni desde el punto de vista político ni jurídico, el intento de abolición de la Monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey, que supone una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica que vulnera no solo la Constitución sino también el Estatuto de autonomía de Cataluña».

Podemos critica el recurso

La decisión abre una vía a su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, para marcar diferencias con el Ejecutivo a cuenta del cuestionamiento de la figura del Rey. La ofensiva de Podemos a la Corona ya es una estrategia sostenida en el tiempo. Ayer, el secretario general de Podemos criticó que «el Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas. Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia», informa Alexis Romero.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, consideró «correcta» la decisión, pero cuestionó la falta de coherencia de Sánchez porque no se puede estar «en misa y repicando, ni sorber y soplar a la misma vez» y definió como «malabarismo» que esto tenga lugar la misma semana que se apoya en el Congreso despenalizar las injurias a la Corona.

SON INCORREGIBLES Y TORRA QUIERE PROBAR LA CÁRCEL PARA SER HÉROE ENTRE LOS SUYOS.