ESPAÑA NACIONALIZA FISCALMENTE A 160 GRANDES FORTUNAS DE GIBRALTAR.

La Agencia Tributaria está estrchando el cerco sobre Gibraltar

España «nacionaliza» fiscalmente a 160 grandes fortunas de Gibraltar.

La Agencia Tributaria regulariza la situación de los ciudadanos domiciliados en el Peñón que viven en la Costa del Sol.

Son una figura tradicional en urbanizaciones como Sotogrande, La Zagaleta o Valderrama. En el ámbito de la fiscalidad internacional se les llama «free riders» (el término inglés para denominar a los gorrones que viajan en tren sin comprar el billete). Se trata de ciudadanos de nacionalidad extranjera que, aunque viven habitualmente en lujosas residencias en la Costa del Sol, están domiciliados en el Peñón, con lo cual no pagan el impuesto sobre la renta (IRPF), ni el impuesto de patrimonio, ni siquiera el de la matriculación de sus coches de alta gama. La propiedad de sus bienes inmobiliarios se esconde detrás de complejos entramados societarios, una maniobra con la que evitan el gravamen sobre inmuebles de los no residentes e incluso aminoran el impuesto de sociedades (pues se deducen los gastos asociados al mantenimiento de sus mansiones). Esto les permite, también, vender estos inmuebles sin que la operación deje constancia en España (se eluden así impuestos como el de transmisiones patrimoniales).

1.000 millones menos al año

España defiende históricamente que Gibraltar es un territorio con todos los ingredientes para seguir siendo calificado de paraíso fiscal y denuncia que cada año la Hacienda española deja de recaudar más de mil millones de euros, como consecuencia del régimen fiscal de la colonia, que favorece la creación de sociedades «offshore» como las de Panamá y a las que recurren numerosas personas que quieren erosionar sus bases fiscales en sus países de origen para, de ese modo, pagar menos impuestos, o incluso ninguno si consiguen declararse residentes, en este caso en Gibraltar.

Hasta el año 2013 los «free riders» habían utilizado el sistema con relativa impunidad, pero a partir de ese año la situación ha cambiado progresivamente. Dentro de la amplia batería de medidas que España adoptó para evitar las irregularidades que se cometen desde la Roca, Hacienda estrechó el cerco sobre los grandes privilegiados fiscales de este enclave, los extranjeros que disfrutaban de los mejores de cada lado de la frontera.

La consecuencia es que la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía ha logrado nacionalizar, a efectos fiscales, a un grupo muy relevante de estos «free riders».

Según los últimos datos conocidos del balance de la lucha contra el fraude fiscal en Andalucía, Ceuta y Melilla, «el control de los residentes ficticios en Gibraltar ha supuesto actualmente la regularización de la situación de más de 160 contribuyentes». Tras la inspección de control a estos ciudadanos, se ha generado una deuda media en torno a los 125.000 euros por contribuyente (en total suman 20 millones de euros). «Casi todas las actuaciones han sido además objeto de ingreso inmediato asociado a la liquidación». No solo se ha regularizado la situación, sino que «en varios expedientes, y en la medida que las conductas regularizadas se han entendido especialmente dolosas, se ha procedido a su denuncia ante la Fiscalía por delito fiscal, encontrándose actualmente diversas causas en instrucción en juzgados de Málaga y Cádiz», subraya este informe.

Esta nacionalización fiscal es el fruto de una larga investigación, en la que se han utilizado diversas fuentes. «Se ha realizado una actuación de seguimiento, presencial y documental, y hemos detectado a aquellos gibraltareños que, en realidad, tenían su núcleo de intereses focalizado totalmente en España», afirma Jorge Ramírez, delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía. Se trata de actuaciones complejas porque hay que captar toda la renta mundial de ciudadanos que han hecho fortuna en diversos países.

En 2012 la Agencia Tributaria se centró de forma muy especial en el análisis de todos los perjuicios que Gibraltar estaba causando a la Hacienda española. «Nos centramos en distintos puntos, no solo en los free riders, también en aspectos como las sociedades opacas o el contrabando de tabaco, que también causa un menoscabo muy serio a las cuentas públicas españolas».

Los «free riders» no son los únicos que han sido objeto de la intensificación de las actuaciones de control. Otro de los segmentos de población que también se había beneficiado históricamente de la situación de la frontera ha sido el de los profesionales que desempeñan su trabajo en Gibraltar pero residen en España.

«Cuando hicimos el primer control sobre el cumplimiento de las rentas que se declaraban por trabajos realizados en la Roca, había un 93% de no declarantes», apunta Jorge Ramírez. A partir de 2014 esta situación sufrió un vuelco. Estos contribuyentes comenzaron a recibir un aviso de Hacienda en el que se les indicaba que —con la la información obtenida a través de distintas fuentes— existía la constancia de que estaban percibiendo rentas en Gibraltar. «A partir de ese momento la situación ha cambiado radicalmente, ya tenemos un 75% de declarantes voluntarios, frente al 4% de hace apenas unos años».

Y NO SÓLO ESO DEBERÍAN DE SER PENALIZADAS POR EVASIÓN DE IMPUESTOS.