El lobby del autoconsumo llevará ante la CE el 'regalo' de 3.600 millones a las eléctricas
Los llamados CTC supusieron una sobrecompensación a las compañías eléctricas por la liberalización del mercado. El Gobierno renunció a recuperar lo que les pagó de más, en total unos 3.600 millones.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, uno de los colectivos que está dando batalla al Gobierno en el campo del autoconsumo, presentará a finales de este mes una demanda ante la Comisión Europea para que obligue al Gobierno a reclamar a las grandes compañías eléctricas 3.600 millones de euros concedidos en concepto de los llamados CTC (Cargos de Transmisión a la Competencia). Esa cantidad añade 200 millones a lo que se tenía en cuenta hasta ahora.
La decisión, que llevaban ya tiempo preparando, ha sido confirmada la tarde de este lunes en asamblea. Aunque los detalles de la denuncia se conocerán esta semana, su intención es llevarla ante Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, para que obligue al gobierno español a reclamar a las compañías eléctricas una cantidad de dinero que, consideran, nunca debieron cobrar.
Se trata de un nuevo intento por recuperar un dinero que durante mucho tiempo se ha dado por perdido. En 2012, el Secretario de Estado de Energía que nombró José Manuel Soria, ministro de Industria, trató de poner en marcha el proceso, pero el caso había prescrito, al haber pasado cuatro años desde que se derogaron los CTC. Por eso la Plataforma ha decidido acudir a Europa, que da un plazo de 10 años, con la esperanza de que tome cartas en el asunto.
La sobrecompensación millonaria
El caso de los CTC viene de largo, desde que en 1997 se liberalizó el mercado eléctrico. En esa época, el Gobierno del PP creó un sistema de compensación a las grandes compañías eléctricas por las inversiones que habían hecho hasta el momento.
Una compensación de 36 euros por megavatio-hora producido, con un máximo de 8.600 millones de euros, que durante años pagaron los consumidores como parte de su recibo de la luz. Los CTC se mantuvieron en funcionamiento durante años, hasta que en 2005 el precio de mercado del megavatio alcanza los 50 euros, por encima de la compensación dispuesta por el Gobierno. Las eléctricas estaban cobrando de más.
Las ayudas se derogaron en junio de 2006, y ahí comenzó una batalla administrativa y legal para determinar si las eléctricas habían cobrado dinero de más, a cuánto ascendería la cantidad y si era pertinente solicitar que lo devolvieran. A los informes de la abogacía del Estado respondieron las propias compañías con sus legiones de abogados, elaborando un total de 14 informes que rebatían las tesis de los primeros.
Y se salieron con la suya. A pesar de los esfuerzos del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, y del director general de Energía, Jorge Sanz, durante la primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria paralizó los esfuerzos.
Una orden que nunca llegó
Pedro Marín, Secretario General de Energía desde abril de 2008, lo reconoció así en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en la investigación para determinar quiénes fueron los responsables que de nunca se recuperasen todos aquellos millones. Según esas declaraciones, Marín y su equipo decidieron que no era conveniente continuar con esa Propuesta de Orden de Liquidación, ya que se estaba intentando “estabilizar el sector”. Había, según su versión, muchos problemas técnicos respecto a la viabilidad de la liquidación de los CTC, así como una serie de “factores externos” que entraron en juego. Así que la orden quedó en nada, y el periodo para reclamar prescribió.
Es sin duda el caso de corrupción más grave que hemos vivido en España hasta ahora
Fue el 25 de junio de 2010 cuando terminó el plazo para reclamar los pagos ilegíticos, algo que el Gobierno no hizo ni ha hecho hasta el momento. Representantes de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lo consideran una ayuda ilegal del Ejecutivo a las grandes empresas eléctricas, que ha repercutido en el bolsillo de los consumidores y que ha torpedeado la libre competencia en el sector eléctrico de nuestro país, debido a lo cuantioso de la cantidad total: "Es sin duda el caso de corrupción más grave que hemos vivido en España hasta ahora".
En junio de 2013, la Plataforma llevaba el caso ante la fiscalía Anticorrupción, que tomó declaración a los responsables de Energía entre 2007 y 2010. Sin embargo, en verano de este mismo año, la Audiencia Nacional rechazaba una querella interpuesta contra Elena Salgado y Miguel Sebastián por este mismo caso, al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.
Así que la asociación abrirá un nuevo frente de batalla al gobierno, esta vez en Europa. La plataforma es uno de los grupos más activos a favor del autoconsumo en nuestro país: impulsaron la recogida de firmas contra el decreto de autoconsumo que prepara el Ministerio de Industria, que consideran que tiene una intención disuasoria a causa de los recargos y trámites burocráticos que establece para quieres opten por esta opción, y han contribuido a unir a otros grupos, entre ellos partidos políticos, asociaciones ecologistas y de consumidores o empresas del sector de las energías renovables, para hacer una oposición unida contra el plan del Ministerio.
Está previsto que esta semana trasciendan más datos de esta denuncia que llegará a Bruselas, según sus planes, a finales de este mes, y que podría terminar, si todo sale según sus planes, con un buen susto en las cuentas de las compañías eléctricas.
COMENTARIO:
Ante todo, digo yo que "lobby" será UNESA, que agrupa a las grandes eléctricas, y es por lo menos ridículo hablar del "lobby de las renovables".
Como se señala, "Es sin duda el caso de corrupción más grave que hemos vivido en España hasta ahora". Si se suman los de Bárcenas, Urdangarín, EREs, Gurtel, Púnica, Palau, 3%, etc, etc, no se acercan a estos 3.600 millones.
Y esta cantidad es hasta 2006 que se acabaron los pagos en concepto de CTCs y fue cuando se debió hacer la liquidación y la devolucion de lo que estas eléctricas habían cobrado de más. Pero ¿y después? Los CTCs eran para que las centrales construidas antes de la "liberalización" acabaran su vida útil sin perder dinero porque "la competencia" obligase a bajar los precios, y así los autorizó Bruselas. La realidad es que desde 2005 los precios son muy superiores a lo que se había previsto, y estas centrales ya amortizadas están cobrando muchos miles de millones más, casi todo beneficios limpios para estas eléctricas, sin que tengan posible competencia. Luego echan la culpa del déficit de tarifa a las renovables y sus primas, ¡vaya con el lobby!
