Mas y dos cargos de la Generalitat, imputados por la consulta del 9-N
El Tribunal Superior de Justicia cita también a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre.
En un auto recogido por Europa Press, el magistrado Joan Manel Abril ha citado a Mas el jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Ortega y Rigau. El TSJC también ha llamado a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía.
En una providencia notificada dos días después de las elecciones autonómicas del 27-S, el alto tribunal catalán ha decidido tomar declaración a los tres querellados, después de que ellos mismos solicitaran que no se acordaran nuevas diligencias de investigación ni testificales hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.
La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. El fiscal jefe catalán presentó la denuncia por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña) a acusar al presidente de la Generalitat. El aspecto común de las condenas para los cuatro delitos es que conllevan penas de inhabilitación.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió, en diciembre, investigar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta alternativa del 9 de noviembre. Los magistrados admitieron a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado en la que se acusa a Mas y a dos de sus consejeros por presunta desobediencia
El pleno de la sala civil y penal del TSJC, después de más de cuatro horas de reunión, acordó por mayoría admitir a trámite “todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014”, según una nota emitida por el tribunal catalán. La investigación también abarca “todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados” con la desobediencia respecto a la consulta soberanista.
Penas que conlleva cada delito
El delito de desobediencia del que se acusa a Artur Mas conlleva una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
La obstrucción a la justicia o usurpación de funciones está castigada con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
La prevaricación administrativa está penada con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Y, en el caso de la malversación, la pena de multa es de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. El Código Penal especifica, además, que si el culpable no reintegra el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán penas de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
COMENTARIO:
Los sofismas son muy entretenidos, se les da la vuelta y...¡tachán! Veamos: Rato, procesado y con bienes embargados, la infanta procesada y sus bienes embargados, su esposo otro tanto, consejeros del PP imputados, Pujol en la calle o jardín donde esté, con su esposa y mayoría de sus hijos en igual grata compañía... Está claro que el gobierno controla la justicia
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