El dilema del caso Cristina de Borbón
Juez y fiscal se enfrascan en una batalla personal a cuenta de la imputación de la Infanta.
José Castro (juez) y Pedro Horrach (fiscal) constituyeron durante años en Baleares un sólido matrimonio de conveniencia contra la corrupción. Desde hace unos meses, ambos encaran un proceso irreversible de divorcio a cuenta de la culpabilidad o inocencia de la infanta Cristina en una causa que ha puesto bajo sospecha a la institución monárquica. En ese territorio de hostilidades, juez y fiscal han convertido sus últimos escritos dentro del procedimiento en una reyerta casi personal, pública y ruidosa.
Horrach y Castro hilvanaron con cientos de pruebas el caso Nóos, hasta destapar una trama de corrupción dirigida por Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta, con el impulso de su socio Diego Torres, y favorecida por una decena de cargos de los Gobiernos del PP en Baleares y Comunidad Valenciana.
Torres y Urdangarin montaron un negocio basado en las relaciones públicas y una falsa apariencia de buenas intenciones. Nóos era un instituto sin ánimo de lucro —exento del pago del Impuesto de Sociedades— en cuya directiva figuraban la hija del rey Juan Carlos y su secretario personal. Entre 2004 y 2006, Nóos firmó cinco convenios con la Administración balear y con la valenciana a razón de un millón de euros por cada evento que organizaba. Los gobernantes aceptaban el precio sin rechistar y nunca fiscalizaron los gastos.
Urdangarin y su socio desviaron la mayor parte del dinero público —los eventos costaban apenas un 20% de la tarifa convenida— a media docena de empresas privadas que habían creado para lucrarse con el negocio. Una de esas sociedades, Aizoon, era propiedad de Urdangarin y de Cristina de Borbón al 50%.
Dos años después de iniciada la investigación y acreditados los aspectos delictivos del negocio de Urdangarin, el juez Castro opinó que era el momento de imputar a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en los fraudes cometidos por su marido.
El fiscal, reconocido perseguidor de corruptos y autor de famosos alegatos contra el poder, entendió que las pruebas que habían reunido durante la investigación no eran suficientes para imputar a la Infanta. Esa primera discrepancia entre Horrach y Castro tras años de armónica colaboración ha desencadenado ahora una turbulenta refriega donde los argumentos jurídicos de juez y fiscal se mezclan con gruesas descalificaciones.
En el fondo de la disputa respira un dilema jurídico respecto a si Cristina de Borbón colaboró activamente en la trama delictiva de su marido o se benefició de la misma a sabiendas de su origen. La Audiencia Provincial, en un auto donde rechazó la primera imputación judicial a la Infanta, dejó escrito que “no basta el aprovechamiento para considerarlo punible, siendo preciso que el beneficiario conozca el origen delictivo de esos fondos”. En el mismo auto, la Audiencia invitó al juez a seguir investigando, al entender que la Infanta podría haber cometido delitos fiscales y de blanqueo como copropietaria de Aizoon. El juez obedeció y quiere sentar en el banquillo a la Infanta por esos delitos. El fiscal lo considera “pura especulación, cuando no pura ficción”.
COMENTARIO:
La conducta del fiscal no tiene nombre; piensa que imputación significa "llevar a galeras". Y desde luego sus adjetivos y frases son inapropiadas y fuera de lugar. parece vivir en la época medieval y no se ha enterado que estamos en el siglo XXI.
A los familiares del rey se les debe exigir una conducta ejemplar si quieren conservar algo del mermado prestigio de una institución tan anacrónica que ellos encarnan por derecho de sangre (y parentesco) al pertenecer a la dinastía reinante. Utilizan su status monárquico para su beneficio y no quieren pagar el precio que ello supone en ejemplaridad, austeridad, etc... Ojo, estamos hablando (eso dicen algunos) de una monarquía parlamentaria del siglo XXI y no del "tenno", del dios viviente del Japón medieval. O es que estamos tontos.
Si una señora que no fuera Cristina de Borbón fuera co-titular del Instituto Noos y de la sociedad Aizoon y alegara desconocimiento de las actividades delictivas de ambas sociedades y del duque empalmado, lo mínimo incluirla como procesada en la instrucción para determinar el grado de conocimiento de tales actividades, que es lo que ha hecho el juez Castro al pasar el sumario a la Audiencia, porque es inverosímil que nada supiera de lo que hacían ambas sociedades y el empalmado y que nunca se interesara por el origen de los fondos que llegaban a la familia. Al margen del circo mediático que el fiscal reprocha a la instrucción y del que el sr. juez no tiene culpa, salvo que sea culpable de tener una actitud más asequible con la prensa de lo que es más común. También a la (hierática) jueza Alaya le acusan de algo similar aquí en Andalucía porque tiene imputados a relevantes sociatas
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