Jordi Burguet, en sus terrenos rusticos en Vilanova i la Geltrú, catalogados como terrenos urbanos
Más de 900.000 personas pagan una factura de IBI hinchada por la burbuja
El Supremo falla contra el elevado cobro a dueños de suelos no urbanizados.
Los desmanes de la actividad inmobiliaria siguen pasando factura a los ciudadanos siete años después del estallido de la burbuja. Los Ayuntamientos vieron en el negocio del ladrillo un filón para llenar sus arcas. Durante la pasada década los consistorios recalificaron suelos rústicos a urbanizables para crear nuevos barrios o urbanizaciones, lo que suponía un incremento casi automático del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Miles de contribuyentes, desde campesinos hasta empresarios, han visto cómo su recibo del IBI se disparaba durante estos años aunque su terreno siguiera siendo un campo de patatas. Una sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo, pone fin a esa anomalía: si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico. Unos 900.000 propietarios podrían beneficiarse del fallo.
El origen de la sentencia está en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre ellos la Fundación Dolores Bas. La entidad tiene el 50% de una finca en la que se cultivan cereales. Nunca se ha puesto un solo ladrillo, pero la finca fue declarada urbanizable y su recibo del IBI se disparó. “No tenía sentido. Tenemos incluso una subvención agrícola”, explica su abogado, Luis Díaz-Ambrona, quien afirma que entre los afectados hay el de una parcela en Fresno de Torote (Madrid) que en 2006 tenía un valor catastral de 496 euros. Solo dos años más tarde, su dueño se quedaba sin aliento al ver la nueva valoración: 3,8 millones de euros. Sus propietarios estaban negociando con el consistorio pagar el tributo con terrenos de la propia parcela. “Es muy corriente ver una diferencia de 50 veces entre el recibo que se pagaba cuando el suelo era rústico al que se abona tras ser declarado urbanizable, pero puede llegar a ser incluso de 100 veces”, asegura Díaz-Ambrona.
Muchos propietarios deben entregar sus terrenos para saldar el tributo
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la fundación al considerar que para que un suelo sea urbano precisa de un plan urbanístico o bien de obras de urbanización. Sin embargo, la Administración central del Estado recurrió el caso en el Supremo al considerar que “la doctrina” que se estaba sentando era “gravemente dañosa para el interés general y además claramente errónea y no ajustada a Derecho”. El Abogado General del Estado advertía de la gran cantidad de inmuebles que se verían afectados, unos 900.000, y “el daño económico directo” que se infligiría a las arcas públicas. El abogado solicitaba que no se considerara necesaria la aprobación de “un instrumento urbanístico” para considerar la “naturaleza urbana del suelo urbanizable”. El Supremo, no obstante, desestima ese recurso “al no poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado General del Estado”.
Fuentes judiciales explicaron que la sentencia del Supremo abre la puerta a que los propietarios de esas 900.000 fincas dejen de pagar ese IBI hinchado. Lo que está por ver es si, además, tienen derecho a ser compensados por lo abonado en años anteriores. Porque esas valoraciones que también alimentaron la burbuja se dieron en todo el territorio. Durante la burbuja la recalificación de una finca no era una mala noticia para el propietario. Al pasar de rústica a urbanizable, su valor se incrementaba y podía sacar tajada al venderla a un promotor. Demanda había de sobra. Hoy eso ya no es así. Muchos propietarios de suelo, algunos de los cuales lo adquirieron como inversión, han quedado atrapados y tienen que hacer frente a un IBI elevado. Algunos, dicen fuentes del sector, los han devuelto a los Ayuntamientos y otros han pasado a manos de los bancos.
Los padres de Jordi Burguet son propietarios de un campo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que en 2006 fue clasificado como suelo urbanizable delimitado por el consistorio. Los terrenos formaban parte de un nuevo desarrollo que iba a llamarse Eixample Nord, un barrio que iba a albergar unas 4.500 viviendas. Desde entonces la familia Burguet abona un recibo de IBI como si el campo fuera “suelo urbano”.
Una finca pasó de valer 496 euros a 3,8 millones pese a no haber edificado
Los propietarios de los terrenos, alrededor de 400 familias, se han constituido en plataforma para demandar al Ayuntamiento que descalifique el suelo. “Se estableció que esa zona podía ser edificable, pero no se ha hecho nada y no hay ninguna perspectiva de que pueda salir adelante. Si la población ha descendido y hay urbanizaciones con edificios fantasma en la ciudad, ¿qué sentido tiene seguir?”, plantea Burguet, quien explica que la producción del campo no llega ni a cubrir un 10% de los recibos de IBI. El Ayuntamiento no respondió las preguntas de este diario.
“Aquí ha habido un catastrazo”, admite sin tapujos Gregorio Chamorro, alcalde de San Andrés del Rabanedo (León). Un millar de vecinos de la localidad, de unos 30.000 habitantes, y sus alrededores vieron cómo el nuevo planeamiento municipal multiplicaba el valor catastral de sus fincas y el recibo del IBI. “He visto cómo se pasaba de 200 a 400 y 500 euros, o de 50 a 200 euros”, afirma. “Dejamos en suspenso la recaudación y no cobramos el recargo”, añade.
Víctor Jiménez es el presidente de Apovata, una asociación nacida en Talavera de la Reina (Toledo) para denunciar la subida del IBI generado por el Plan de Ordenación Municipal. “El problema ha sido el sobredimensionamiento de los planeamientos y la aplicación de valores del suelo que están por encima de la realidad”, lamenta. Jiménez es también uno de los cerca de mil afectados de la localidad que llevan reclamando al Ayuntamiento una solución. Su recibo por una finca rústica que ahora es urbanizable, cuenta, ha pasado de 100 a 2.000 euros anuales. Este diario no pudo hablar con el consistorio.
Terrenos castigados
Además de los suelos en los que no se ha puesto ni una piedra, en toda España hay terrenos en los que sí han empezado las obras de urbanización —hay calles o farolas—, pero en los que no se ha edificado ni un solo piso. Algunos Ayuntamientos han decidido aplicar a esos solares un tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mayor al que se impone sobre una vivienda. Es el caso de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuyas ordenanzas fiscales fijaban en 2013 y 2014 un tipo que duplicaba el general. La normativa de 2013 fijaba un tipo del 1,04% y la de 2014 uno del 0,96%, en lugar del 0,485% en 2013 y el 0,46% en 2014.
Esa decisión se acogía a que la Ley de Haciendas Locales permite, salvo en el caso del residencial, aplicar tipos distintos dependiendo de los usos que se dé al inmueble. Sin embargo, en este caso se imponía un tipo más alto a los solares sin edificar, con independencia del uso que se les iba a dar tras la construcción.
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin embargo, ha dejado sin efecto ese apartado de las ordenanzas municipales de Sant Cugat para esos dos años. Ya había tres antecedentes en Aragón, Madrid y Andalucía. Y, además, el caso de este municipio no es aislado. El abogado Àlex Subirachs, del despacho Subirachs Advocats, que ha llevado este caso, explica que esa práctica de poner un recargo a solares vacíos se da en al menos otros 25 municipios de la provincia de Barcelona. El abogado, que también se ha encontrado con solares que pagaban el IBI como si fueran urbanos sin que hubiera construido en ellos, asegura que ha visto liquidaciones por el impuesto del IBI de 100.000 y 200.000 euros.
EL CIUDADANO LO PAGA TODO Y NO TIENE A NADIE QUE LE DEFIENDA
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