Luna de miel Gobierno-oposición antes de que Rajoy se quede solo ante las pensiones.
El Gobierno vive estos días una luna de miel con los principales grupos de la oposición que le ha permitido arrancar el trámite parlamentario de la Ley de Transparencia en clave de consenso, además de negociar con el PSOE su aval para acudir al Consejo Europeo de junio con el respaldo de casi toda la Cámara. Pero el romance no llegará al verano. Socialistas y nacionalistas ya han anunciado al Ejecutivo de Rajoy que no cuente con ellos para la siguiente reforma prevista, e ineludible, según las 'recomendaciones' de la UE: los cambios en el sistema de pensiones para garantizar su "sostenibilidad" (más recortes a corto y largo plazo).
El acuerdo entre Rajoy y Rubalcaba esbozado en el pleno de control del Congreso y el hecho de que el proyecto de ley sobre transparencia en la Administración entre en la Cámara, previas cesiones, sin más oposición que la de los grupos más minoritarios (IU, UPyD y Mixto) es sólo un paréntesis de entendimiento en la legislatura, según reconocen en el Partido Popular. Al Ejecutivo le interesa acudir el mes que viene a Bruselas con exigencias de medidas de reactivación económica y fomento del empleo con el respaldo de la oposición socialista. Rubalcaba necesita pactar algo con el Gobierno para ganar protagonismo e imagen en un asunto institucional y de Estado.
En la Ley de Transparencia a casi ningún grupo le interesaba quedarse fuera porque todo en ella es popular: garantizar a los ciudadanos el conocimiento más exacto sobre el gasto y funcionamiento de todo el Estado, desde la Monarquía a las organizaciones de todo tipo que se nutren de las subvenciones públicas. El PSOE renunció a presentar una enmienda a la totalidad y el Gobierno logró que CiU y PNV hicieran lo mismo a última hora, una vez que garantizaron a los nacionalistas que el proyecto no afectará a sus competencias autonómicas en la materia y que el Ministerio de Hacienda no tendrá facultades sancionadoras sobre los Gobiernos regionales.
El primer resultado para el Ejecutivo es que empieza a cerrar algunas de las propuestas de acuerdo planteadas por Mariano Rajoy en la Cámara Baja: la posición de España ante la UE y medidas de 'regeneración democrática'. En el Congreso se ha abierto un paréntesis de calma antes de volver a la tormenta habitual que se desata en cuanto Rajoy lleva proyectos de reforma impopulares por suprimir tradiciones administrativas o incluir recortes presupuestarios o de cargos políticos.
El Ejecutivo espera el correspondiente informe del Consejo de Estado para llevar a la Cámara, ya en junio, la reforma de la Administración local (menos poder para los alcaldes, menos altos cargos y sueldos más bajos). También le tocará el turno a la convocatoria del Pacto de Toledo para cambiar el modelo de pensiones. Ante el ajuste en el ámbito municipal (que llegará al Congreso con un año de negociaciones previas), toda la oposición menos UPyD tiene cerrado un previo pacto con el fin de paralizar los cambios. El Grupo Popular da por hecho que se quedará solo, pues también en este terreno la posición del partido de Rosa Díez es exigir más: supresión de Diputaciones, más fusión y cierre masivo de ayuntamientos.
Es otra de la ofertas de acuerdo que hizo Rajoy, aunque ya sabía que los demás grupos se niegan a la reforma. Queda luego el Pacto de Toledo como fórmula de validación parlamentaria para buscar un nuevo modelo para la 'sostenibilidad' de las pensiones. En fuentes gubernamentales reconocen el debate interno abierto a principios de año entre el ministerio de Economía (Luis de Guindos), partidario de plantear ya los recortes en las pensiones por la vía de desligar su revalorización del IPC, y el resto del equipo económico más la titular de Empleo, Fátima Báñez. Rajoy dio la razón a los partidarios de tomarse más tiempo, esperar algún dato económico esperanzador y buscar apoyos en la oposición antes de anunciar medidas, aunque fuera a medio plazo. Ahora se ha agotado el tiempo: la próxima semana estará listo el informe encargado a los expertos, y entre junio y julio tiene que ser debatido por los partidos y los 'agentes sociales'.
El Grupo Socialista, como el resto de la izquierda, descarta cualquier pacto sobre medidas de ahorro en el sistema, aunque las haya tomado en el poder. Los nacionalistas de CiU, última esperanza de 'comprensión' insisten en que tampoco ayudarán a Rajoy, aunque sí lo hicieran con el anterior Gobierno, pero a largo plazo, cuando se diseñó el retraso en la edad de jubilación. Josep Antoni Duran ha recordado al Grupo Popular que el PP se quedó al margen de aquella decisión de los tiempos de Zapatero y que no puede esperar ahora respaldo alguno. Al final, una vez cumplido el trámite del debate en el Pacto de Toledo, Rajoy tendrá que asumir en exclusiva la impopularidad de la reforma de las pensiones.
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