Logra así que los nacionalistas vascos y catalanes retiren su enmienda de totalidad contra el nuevo proyecto.
El Ejecutivo no quiere quedarse solo en el debate del anteproyecto de la ley de la transparencia que se celebra en el Pleno del Congreso y ha atendido la principal reclamación de los partidos nacionalistas: la retirada de la postestad sancionadora del ministro de Hacienda sobre las comunidades autónomas y ayuntamientos. Una maniobra de última hora con la que se ha asegurado que tanto CiU como PNV retiren la enmienda de totalidad que habían presentado contra el proyecto.
El nuevo poder que el capítulo de «buen gobierno» concedía a Cristóbal Montoro también había levantado ampollas en el PSOE, que ya había advertido que no votaría a favor de la norma a menos que este punto se echara atrás. Ayer miércoles, el principal partido de la oposición anticipaba que se abstendría en la votación de hoy, lo que dejaba al Ejecutivo en soledad y con un elevado coste en imagen, ante la presentación de enmiendas de totalidad por el resto de los grupos parlamentarios.
Esta es la principal novedad de una sesión se prevé extensa. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó el anteproyecto en el Pleno, donde avanzó la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se encargará de velar por el cumplimiento de la norma así como la inclusión del Banco de España en la nueva legislación.
En la intervención con la que abrió el debate, la vicepresidenta confirmó la inclusión en su ámbito de aplicación de la Casa del Rey y destacó que ésta será «la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia». También aceptó la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública «relevante».
Desde el Grupo Mixto los distintos portavoces le echaron en cara, sin embargo, que la ley sea demasiado restrictiva en cuanto a los límites del acceso a la información y que el Ejecutivo presuma de esta ley pero no predique con el ejemplo criticando que el PP no esté ofreciendo explicaciones «activas» en el «caso Bárcenas» y que el Ejecutivo no ofrezca a los diputados, en muchas ocasiones, los datos que requieren en preguntas por escrito.
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