El Tribunal de la UE avala una prisión provisional incluso con inmunidad reconocida
Los juristas, escépticos ante la posible entrega inmediata de Puigdemont a España
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido también como Tribunal de Luxemburgo, reconoce que la prisión provisional es una medida cautelar que está en manos del juez nacional que instruye la causa. Es más, en casos de inmunidad del procesado en cuestión, el TJUE no niega la posibilidad de que esa prisión pueda ejecutarse, pues los requisitos que la sustentan es algo que corresponde valorar a cada país miembro. Cuánto más entonces en casos en los que el reclamado carece de esa inmunidad, como es el caso de Carles Puigdemont.
No hay, por tanto, ningún obstáculo en el derecho de la Unión que impida que el juez que instruye una causa contra una persona concreta dicte cuantas medidas cautelares estime oportunas para garantizar el buen fin del procedimiento en cuestión, recuerdan juristas consultados por ABC. Y una de esas medidas es la prisión provisional a la que Llarena insta en la euroorden que este lunes Italia decidirá si ejecuta.
Prueba de que el TJUE desvincula una medida como la prisión provisional de una inmunidad es la sentencia en la que respondió a la cuestión prejudicial que en su momento –tras finalizar el juicio del 'procés' y antes de la sentencia–, le planteó el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en relación a Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat, hoy indultado, había sido elegido eurodiputado en las mismas elecciones (mayo 2019) a las que concurrieron Puigdemont, Comin y Ponsatí. Junqueras estaba entonces en prisión provisional y el tribunal del 'procés' le negó ir a recoger el acta al constatar que había un elevado riesgo de fuga, a la vista de los antecedentes de los huidos y de la inminente sentencia que les condenaría, en octubre de ese año, por sedición.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo supuso un duro golpe para España porque reconocía la condición de eurodiputado desde el momento en el que uno es elegido y sostenía que el Supremo tenía que haberle dejado recoger el acta sin que el hecho de estar en prisión provisional pudiera ser un obstáculo para ello.
Sin embargo, a renglón seguido añadía algo muy importante sobre ese desplazamiento: «(...) Si el tribunal nacional competente estima que debe mantenerse una medida de prisión provisional impuesta a una persona que haya adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad reconocida en el párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, conforme al párrafo tercero del mismo artículo».
Y eso es precisamente lo que hizo el juez Pablo Llarena cuando instó al Parlamento Europeo a levantar la inmunidad de los prófugos refugiados en Bélgica. La Eurocámara lo hizo en marzo y, aunque se les restableció durante unas semanas, el 30 de julio de este año el Tribunal General de la UE rechazó este «blindaje» para los tres parlamentarios al considerar que el riesgo detención iba a ser mínimo. Y ello porque el procedimiento de entrega en Bélgica quedó suspendido cuando Llarena planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE poniendo en evidencia el marco de cumplimiento de la euororden. El viernes, la defensa de Puigdemont volvió a pedir al TGUE que reactive esa inmunidad ante la posibilidad de que Italia ejecute mañana la orden de entrega.
Los juristas no se atreven a aventurar la decisión que tomará la juez de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña), pero se muestran escépticos ante la posibilidad de que se materialice esa entrega inmediata a España.
No dudan de que la orden de detención cursada por Llarena –que se tradujo en el arresto del expresident el 23 de septiembre tras pisar suelo italiano– está vigente ni tampoco de que el prófugo carece de inmunidad.
Pero sí ven difícil que la juez de Italia acceda a entregarlo de forma inmediata estando en marcha, por un lado, la nueva petición de medidas cautelares al TGUE (que todavía no ha tomado una decisión de fondo sobre la inmunidad de los tres europarlamentarios) y sobre todo la respuesta a la cuestión prejudicial que planteó Llarena ante el Tribunal de Luxemburgo.
MUY BIEN
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