El Gobierno modificará la ley para prohibir los teléfonos de tarificación adicional 902
Desde el Ministerio de Consumo consideran que es un derecho del consumidor el poder comunicarse con una empresa sin tener que pagar un recargo superior al de una tarifa básica.
El Ministerio de Consumo quiere erradicar los teléfonos de tarificación adicional que supongan un coste adicional para el consumidor, como los 902, y prepara una modificación de la ley con el fin de prohibir su uso por parte de los servicios de atención teléfonica de las empresas. Fuentes de Consumo argumentan que este servicio no puede «ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas» y creen que ofrecer una solución es cuestión de «justicia social». Esta situación se habría «agravado» durante la pandemia del coronavirus por las «restricciones de aforo, movilidad y presencialidad», según explican desde el Gobierno.
Desde el Ministerio de Consumo consideran que es un derecho del consumidor el poder comunicarse con una empresa sin tener que pagar un recargo superior al de una tarifa básica. «Hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de tarifa básica y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman», señalan desde el departamento dirigido por Alberto Garzón.
En base a estos argumentos, el ministro de Consumo tiene la intención de suprimir cualquier número de tarificación adicional por considerar que el acceso de una atención eficaz no puede estar condicionada por los recursos económicos del consumidor. Cuando la reforma de la norma entre en vigor, los usuarios dispondrán de un número geográfico de tarifa básica para relacionarse con las empresas, sean o no clientes de ellas en ese momento.
Las líneas de teléfono más frecuentes de esta categoría son los 902, que implican unos costes muy altos y suponen un sobrecargo en el recibo final del hogar. Para poder ejecutar este veto, el Gobierno tiene previsto modificar la ley, en concreto el artículo 21.2 de la LGDCU, para precisar este punto de acuerdo con una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). De salir adelante, las operadoras no podrán aplicar precios por encima de la considerada como tarifa básica. Antes de proceder a aprobar esta restricción, Consumo abrirá un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajará en colaboración con asociaciones de consumidores y de la sociedad civil.
Por su parte, los representantes de la asociación de consumidores Facua recuerda que el TJUE ya puso de manifiesto que resulta ilegal cualquier teléfono de atención al cliente cuyo coste sea superior al de una tarifa básica. A pesar de ello, la asociación cree que las empresas realizan una interpretación favorable del dictamen europeo para no poner fin a estos teléfonos y que por ello, es necesario sacar adelante una norma que prohíba de forma expresa estos teléfonos.
YA VA SIENDO HORA.VAYA SUDADS DEL MINISTRO¿DE QUÉ?
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