IGLESIAS CARGA CONTRA EL JUEZ PARA MANTENER LA TESIS DE LA CLOACA.

Iglesias carga contra el juez para mantener la tesis de «la cloaca»

Cuestiona, como la exasesora, la «base jurídica» de la decisión de expulsar al vicepresidente de la causa

La Inspección investigará si un fiscal del caso cruzó la línea al informar a la abogada que ambos compartían.

La abogada de Podemos Marta Flor, protagonista de unos whatsapps que han dejado a los pies de los caballos a la Fiscalía Anticorrupción porque dan a entender que le pasaban información privilegiada, ya no representa a Pablo Iglesias en el caso Villarejo, pero sigue al lado de Dina Bousselham. Era ella quien tenía orden del juez de cambiar de defensa, porque apreciaba un «conflicto de interés» en que Flor representase a ambos, pero al final, el resultado es similar.

Es la manera que han elegido para acatar sin acatar la orden del juez Manuel García Castellón en esta pieza de la causa que cada vez se parece menos al caso Villarejo. En síntesis: la copia del móvil de ella aparece

 en los archivos del comisario después de airearse en la prensa atacando a Pablo Iglesias. Los dos son llamados como víctimas pero después se descubre que él pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos contra ella, porque conservó la tarjeta meses y según dijo ella en un principio, cuando se la hizo llegar ya no funcionaba.

Con estas mimbres, el juez avisa a Bousselham de que es una víctima, pero ella, que acaba de ser puesta al frente de un diario creado al abrigo de Podemos, pone por escrito que va de la mano de Iglesias. No ha hecho ni hará nada sobre este asunto contra él. La Fiscalía ve los dos mismos delitos del juez, pero entiende que se persiguen de parte y aquí no hay parte (Bousselham) que los quiera perseguir. Él, en todo caso, fue expulsado de la causa.

En el impás en lo que el juez averigua por qué la tarjeta devuelta no funcionaba, los dos, aunque con abogados distintos, han recurrido a la Sala de lo Penal para que se descarten lo que denominan «hipótesis» del juez sobre los posibles delitos que, dicen en sendos escritos, son «contrarias a Derecho», carentes de «base material», «de base fáctica indiciaria alguna» y en el caso de Iglesias, también «de base jurídica».

Quieren que la Sala revierta la decisión del juez y restituya al vicepresidente su condición de perjudicado, de acuerdo a los escritos a los que tuvo acceso ABC.

«Protegió mi intimidad»

En cuanto a la revelación de secretos, ambos sostienen que en el contexto de relación profesional y de amistad que mantenían, Bousellham nunca cuestionó que Iglesias tardase más o menos en devolverle el dispositivo. «Doña Dina ha confiado siempre en que el modo de actuar del Sr. Iglesias y que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación del Sr. Iglesias, no ha sido otra que proteger su intimidad», señala el recurso de ella.

Para los investigadores, Iglesias pudo tener el dispositivo en su poder incluso entre 5 y 36 meses porque no se ha concretado en qué fecha se lo devolvió, pero ambos entienden que el hecho de que ella no dijese ni a la policía que investigaba el robo ni a los agentes del caso Villarejo que la había recuperado no implica que no lo hubiera hecho.

«La hipótesis del juez instructor, dicho sea con todos los respetos, carece de base material alguna», dicen los dos escritos, idénticos en este punto.

En cuanto a los daños informáticos, se ciñen a la última versión que ofreció Bousselham, cuando tras haber declarado dos veces que la tarjeta no funcionaba, matizó que al principio pudo abrirla y luego ya no.

Alertan de que ni en el momento de la entrega del dispositivo en el juzgado ni en los primeros informes policiales -citan prácticamente los mismos folios- se apreciaron daños físicos e inciden en que ella nunca dijo que la tarjeta le llegase «dañada» o «destruida». Critican que el juez no se planteara la posibilidad de que los daños se hicieran en el servicio técnico o ya bajo custodia.

En los dos escritos recuerdan que Iglesias «no ostenta condición de investigado alguna» y nadie le ha denunciado por estos hechos. La defensa de Bousselham, sobre este asunto, va un paso más allá y sostiene que la ley «no ampara, en ningún caso, la práctica de investigaciones prospectivas, que pueda el instructor incluir bajo el paraguas del dinamismo de los actos de investigación, de la fase preparatoria del proceso».

En opinión de ambos, ninguna de estas «hipótesis» del instructor empaña el hecho de que unos archivos de Bousselham que tenía Villarejo se publicaron en prensa con el único fin de «desacreditar» a Pablo Iglesias y por eso debe seguir como perjudicado.

Ahora, Anticorrupción deberá informar estos recursos para que se envíen a la Sala y en un momento en que la presión es máxima sobre los fiscales.

Investigación de Fiscalía

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado anunció ayer que abrirá nuevas actuaciones para investigar la posible filtración de información por parte de los fiscales de Anticorrupción a esta misma letrada, Marta Flor, que venía representando a Bousselham e Iglesias de forma conjunta y a Podemos en otras piezas de la causa.

El Ministerio Público explica que ya el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal incoó expediente gubernativo como consecuencia del escrito presentado por una particular (una periodista de Canarias) en el que solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación «orientada a determinar la imparcialidad» del fiscal encargado del caso «Tándem».

El 9 de marzo de 2020, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal-jefe Inspector dictó decreto de archivo del citado expediente al «no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».

Ahora, con nuevos datos revelados por distintos medios en los últimos días y un soporte documental más amplio que va más allá de una mera denuncia, la Inspección Fiscal tendrá que dilucidar la existencia o no de esos supuestos vínculos personales entre los fiscales y la letrada.

Con toda la información disponible, el inspector decidirá una de estas tres posibilidades: archivar de nuevo el expediente, proponer una sanción disciplinaria al fiscal si entiende cometida alguna falta, o derivarlo a la jurisdicción penal si ve indicios de delito en su actuación

VAYA RATA DE ALCANTARILLA.