Malestar en el CGPJ por el silencio «cómplice» de los tres ministros jueces
«Parecen más comprometidos con su programa de gobierno que con el Estado de Derecho», lamentan.
Vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder (CGPJ) no ocultan su malestar con la posición que ha adoptado el Gobierno frente a lo que consideran un ataque a la independencia judicial por parte del vicepresidente Pablo Iglesias. Reconocen que casi hubieran preferido el silencio antes que el aval de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, amparando las manifestaciones de Iglesias en la libertad de expresión.
Pero se muestran especialmente dolidos con el silencio «cómplice» de los tres jueces que conforman el Ejecutivo, que no han salido públicamente a defender a sus compañeros aunque en privado admitan su desacuerdo con las palabras del líder de Podemos. Se trata del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Solo esta última hizo un tímido comentario público el mismo jueves, cuando señaló que «las decisiones judiciales se pueden criticar sin pasar límites». Se da la circunstancia, además, de que los tres ministros han formado parte del órgano de gobierno de los jueces en distintas etapas, en el caso de Grande-Marlaska durante el mandato de este mismo Consejo, que abandonó en junio de 2018 para dar el salto a la política. Desde Interior, el ministro quiere acabar con todo lo que suponga «desafección por las instituciones del Estado».
Ricos y pobres
Y es que para la mayoría de los miembros del CGPJ las declaraciones de Iglesias traspasan cualquier límite a la libertad de expresión porque, según reconocen distintas fuentes de este órgano, una cosa es criticar una sentencia –la que condenó a la diputada de la Asamblea de Madrid Isabel Serra por atentado a la autoridad, lesiones y daños– y otra la segunda parte de su afirmación, que ataca directamente a la independencia judicial al sostener que hay «una justicia de ricos y otra de pobres». «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», dijo Iglesias.
A juicio de los vocales, este comentario supone un ataque directo a la independencia judicial «no por parte de cualquier ciudadano o político, sino por parte de alguien que es Poder Ejecutivo». Y es aquí donde se enmarca la declaración de la Comisión Permanente del Consejo el pasado jueves, la segunda en la que, con motivo de una intervención de Iglesias, el CGPJ ha tenido que apelar a la «responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia». La primera fue en enero, cuando el vicepresidente sostuvo que los tribunales europeos han humillado a la justicia española en la causa del «procés».
Fuentes de la Permanente recuerdan que cuando el ataque ha venido del Ejecutivo, el Consejo ha respondido de la misma forma «estuviera quien estuviera en el Gobierno». Así se hizo también cuando el exministro de Justicia Rafael Catalá comentó que uno de los jueces de la sentencia de la Manada tenía «un problema singular».
«Intervenimos para salvaguardar las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el marco en el que está en peligro la independencia judicial», señala un vocal de perfil moderado diferenciando estos ataques de las múltiples críticas que sufre el Poder Judicial por parte de políticos de distintas formaciones y comunidades autónomas.
La mayoría de los miembros del Consejo de sensibilidad progresista –y no solo los dos que desde la Permanente apoyaron la declaración institucional, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda– comparten la opinión de que Iglesias no puede desdoblarse de su condición de vicepresidente. «Uno no puede hablar como activista un día y otro como vicepresidente del Gobierno», comenta una fuente de perfil progresista que critica el respaldo del Gobierno a su vicepresidente.
«Esto no es libertad de expresión. Para nosotros habría sido deseable al menos una tímida protesta porque lo que se está pidiendo es prudencia a un miembro del Ejecutivo», dice. «Se pedía respeto a un poder del Estado y que ese poder responda hablando de libertad de expresión es dar cobertura a esa crítica», comenta otra fuente de este mismo sector. Coinciden en que de los tres ministros-jueces del Gobierno les habría gustado otra reacción: «Han demostrado que están más comprometidos con su programa de gobierno que con el Estado de Derecho».
Critican también la «equidistancia» del comunicado de Jueces para la Democracia, asociación a la que están afiliados varios de los vocales progresistas de procedencia judicial. El comunicado manifiesta su «profundo rechazo» a las declaraciones de Iglesias, pero critica un «sesgo claro» del CGPJ «a la hora de elegir las manifestaciones públicas de los políticos objeto de su crítica». «Esta no es una cuestión política, sino una cuestión de Estado», coinciden los vocales.
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