Sánchez quiere volver a presentar los Presupuestos y, con ellos, la mayor inversión a Cataluña y las subidas fiscales.
El balón de oxígeno que atrapa el Gobierno socialista tras las elecciones, reforzado con mayores apoyos parlamentarios, ha vuelto a sacar del cajón el proyecto de Presupuestos para 2019. La intención política de Pedro Sánchez es presentar de nuevo las cuentas y, con ellas, todas las medidas que venían incluidas y de la mano: en concreto, la subida de impuestos a grandes empresas, rentas altas y al diésel, así como a tecnológicas y servicios digitales. Un alza fiscal que suma, en cálculos de Hacienda, 4.903 millones, aunque su aprobación tardía reducirá considerablemente este impacto. Más impuestos a los que se suman la enmienda a la totalidad a la reforma laboral de 2012, con nuevos cambios para primar los convenios de ámbito superior y reforzar a los sindicatos en la negociación colectiva.
Eso sí, Economía enviará hoy a Bruselas el Programa de Estabilidad con un escenario de prórroga presupuestaria que ya habían dejado redactado y una previsión de déficit del entorno del 2% del PIB, antesala para una nueva relajación del objetivo de déficit. «Es el escenario actual», justifican en Hacienda.
Pero más allá del corto plazo, la idea es recuperar las cuentas y volverlas a presentar al Congreso pese al calendario, como ya anunciaron antes de las elecciones el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, o la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los Presupuestos contendrán subidas de IRPF a los que ganan más de 130.000 euros -con la que se quiere ingresar 328 millones- además de alzas a las grandes empresas en Sociedades y la fijación de un tipo mínimo del 15% de la base imponible, que para bancos y petroleras será del 18% -otros 1.776 millones, que la Airef avala-.
También se producirá un aumento fiscal al diésel para equiparar su fiscalidad progresivamente a la gasolina-670 millones de los que la Airef concluía que se recaudarían 503, una previsión que se reduce por su demora-. Junto a la tasa Google y a la Tobin que grava las transacciones financieras -1.200 millones y 850 de ingresos respectivamente que la Airef reduce a 349 millones-, el Gobierno calcula que la subida de impuestos será de 4.903 millones -2.560 para la Airef-.
Incentivo para las regiones
Planes que se reavivan en un momento en el que Podemos y los independentistas catalanes se perfilan como apoyos probables para las cuentas. Estas también incluirán el incremento de un 18% de la inversión del Estado que, en el caso de Cataluña, aumenta un 66%, hasta los 2.251 millones. Todo un jugoso incentivo para el voto de ERC a las cuentas, a lo que se añaden los 2.500 millones de IVA atrasado para las regiones -de 989 millones para Cataluña- y la actualización de las entregas a cuenta, que suman otros 7.000 millones más para las comunidades. Todo ello limitará la reducción de déficit, ahora el segundo mayor de la Eurozona con un 2,5% del PIB, aunque el Ejecutivo aprobará un nuevo objetivo con su nuevo panorama parlamentario.
Sánchez también llevará a cabo cambios en el mercado de trabajo. La esencia de la reforma laboral ya está cogida con alfileres. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones y en su agenda tiene marcado en rojo desmontar los cambios con los que las empresas combatieron la destrucción de empleo en 2012.
Baile laboral
¿Qué pasos dará el Ejecutivo? Buscará el acuerdo de empresarios y sindicatos para abordar unos cambios que pretenden restar protagonismo del convenio de empresa, el pilar básico de la reforma. Ello permitirá que lo pactado por sindicatos y patronales sobre salarios y jornadas de trabajo en los convenios sectoriales -estatales, autonómicos o provinciales- vuelva a estar por encima de lo que se acuerde en el seno de las empresas. Para este ámbito quedarían temas de organización interna, como el horario, los turnos y otros elementos de las condiciones laborales.
Recuperando la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa se matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado, se devolvería el protagonismo perdido a los sindicatos en las empresas y, por otro, se frenarían los recortes de salarios que implicó en 2012 dar todo el poder a las empresas en los convenios. Devaluar salarios fue la alternativa a los despidos de la crisis.
La norma aprobada por el PP introdujo altas dosis de flexibilidad para modificar las condiciones laborales y evitar las extinciones de empleo. La idea era permitir que una empresa que se encontrara en dificultades dejara de aplicar el convenio, incluida las subidas salariales previstas en pactos de ámbito sectorial, y diera preferencia a los pactos firmados en el centro de trabajo.
La denominada ultraactividad, hoy limitada a un año, también será modificada. El Gobierno quiere eliminar los actuales límites y que sea la negociación colectiva en cada caso la que determine su duración. Este mecanismo fue antes de 2012 uno de los mayores elementos de control que tenían los sindicatos en las negociaciones de los convenios. Si este llegaba a su fin y no se renovaba, permanecía vigente hasta que se firmaba el nuevo y lo hacía sin fecha de caducidad.
Sánchez también quiere introducir cambios en los contratos. Simplificar a tres las modalidades: indefinido, temporal y formativo y también reforzar la causalidad de los temporales. Sin olvidar nuevas subidas del salario mínimo.
NO SE VAN A REDUCIR GASTOS SE VAN AUMENTAR A CONSTA DE LOS PEQUEÑOS AHORRADORES.
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