URGENCIAS

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, en el hemiciclo del Senado

Urgencias.

La expulsión de Rita Barberá del grupo del PP en el Senado incrementará sus ingresos mensuales en 2.300 euros.

Cuando cada paciente llega con su problema, la recepcionista le pregunta qué le ocurre, anota sus síntomas, y le advierte que el turno de atención puede verse alterado por la gravedad de los casos que se presenten. Las excepciones a la norma obedecen al interés general, y aunque para cada uno no existe cuerpo más importante que el propio, todos somos capaces de entenderlo.

Si tienes la mala suerte de que el trazado de una carretera pase por el jardín de tu casa, no te queda más remedio que resignarte a la expropiación. Se trata de otra clase de urgencia, donde el interés general, el bien común, vuelve a situarse por encima del derecho individual, incluso cuando es tan sacrosanto como la legítima propiedad.

Todo esto viene a cuento de que la expulsión de Rita Barberá del grupo del PP en el Senado, incrementará sus ingresos mensuales en 2.300 euros. Es la ley, aunque la exalcaldesa de Valencia haya abandonado su partido a la fuerza, tras verse implicada en un caso de corrupción. La ley le permite conservar su escaño, pasar al grupo mixto, ganar cada mes casi 7.000 euros a cargo de los contribuyentes.

Entiendo los motivos que, hace décadas, impulsaron a los legisladores a decidir que el escaño es propiedad del parlamentario electo, pero me pregunto por qué ese derecho tiene que ser superior al de un ciudadano al que la misma legislación obliga a renunciar a su propiedad en favor del interés general.

Ya sé que no conviene legislar en caliente, pero que un corrupto se vea favorecido por la ley en detrimento de las arcas públicas nos sitúa a todos en la posición de un agonizante cuyo tratamiento se posterga a favor de una señora que tiene un juanete. Quizás, sus señorías, ahora que tienen tiempo de sobra, podrían meditar sobre esto.

LOS POLÍTICOS LEGISLAN PARA PROTEGER SUS DERECHOS MÁS QUE PARA LA JUSTICIA DE LOS DERECHOS  DEL PUEBLO.