SANCIONAR SIN CASTIGAR

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici (izquierda) y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas el 11 de julio de 2016

Sancionar sin castigar.

Lo más útil es ligar la multa por déficit excesivo a un nuevo plan de ajuste que no estrangule la recuperación.

Al activar el procedimiento sancionador contra España por incumplimiento de déficit, Bruselas inicia un camino que puede ser sencillo en términos administrativos (sancionar o no por una infracción comunitaria), pero que resulta más complejo en términos de pura racionalidad económica y también de justicia política. No es lógico sancionar a un país con una multa elevada y la retirada de fondos estructurales, obligándole así a gastar hasta 2.000 millones más en una sanción que puede ser evitada o condicionada, y privándole de recursos para incentivar el crecimiento; su desequilibrio se hace más patente. Tampoco es acertado aplicar un rigor estricto a un país cuando otros (como Alemania) no fueron ni siquiera reprendidos por infracciones parecidas.

La política económica de la eurozona ha sido hasta el momento procíclica y manifiestamente perjudicial para los intereses de los ciudadanos europeos (alemanes, holandeses o austríacos incluidos). La política de austeridad impulsada desde Bruselas (con Alemania al fondo) ha sido errónea y nefasta para los intereses de las economías del euro; ha obstaculizado la salida de la recesión, está favoreciendo un estancamiento persistente de la economía y alentando un flujo intenso de capitales desde los países del sur hasta Berlín y sus satélites. Además, la política de ajuste se sustentó en cálculos equivocados de los multiplicadores gasto-PIB. El Brexit agudizará las tasas misérrimas de crecimiento europeo (medio punto de caída, según el FMI), con lo cual el eje Bruselas-Berlín-Frankfurt debería estar pensando en cómo enfrentarse a esta nueva amenaza, en lugar de seguir con el hágase justicia y perezca el mundo.

Pero el caso es que, en términos políticos, el Gobierno español se ha hecho merecedor de la sanción. La gestión del ajuste presupuestario ha sido un modelo de ineptitud, porque ha mutilado indiscriminadamente parcelas del Estado de Bienestar (educación, sanidad, protección social) sin conseguir siquiera una desaceleración inmediata del crecimiento de la deuda. El Gobierno ha ignorado interesadamente sus compromisos de ajuste (equivocados en términos de política económica, pero obligados en términos de política europea), en los que juraba creer como salida de la crisis cuando y como le ha convenido por razones electorales. Si supuso que podía bajar los impuestos saltándose el cumplimiento del déficit con la misma impunidad ante Bruselas que la que tiene en el espacio electoral español, el gobierno de Rajoy se ha equivocado. Y debería quedar patente esa equivocación sustancial.

No obstante, existen fórmulas de compromiso real para solucionar un conflicto que, en el fondo, afecta mucho menos a la médula política y filosófica de la UE que la pretensión italiana de salvar sus bancos con dinero público. La multa a España es una cuestión de rigor, pero no de credibilidad en los procedimientos. Podría mantenerse, aunque con una cuantía simbólica, y quedar condicionada a la puesta en marcha por el Gobierno de un plan de ajuste realista y una reforma fiscal en profundidad. Pero sobre todo, ese nuevo ajuste debería distribuirse temporalmente de tal manera que no estrangulara la recuperación económica ni asfixiara a la sociedad.

MEJOR ATEMORIZAR QUE COMROBAR QUE ESPAÑA NO PUEDE PAGAR