El Fiscal General del Estado Torres Dulce, el pasado julio
El fiscal general y el de Cataluña quieren presentar en breve la querella
Torres-Dulce espera tomar la decisión definitiva esta misma semana.
La fiscalía decidirá en los próximos días si presenta finalmente la querella contra los responsables de la Generalitat por la consulta alternativa del pasado 9 de noviembre en Cataluña. En principio, tanto el fiscal general del Estado, Eduardo Torre-Dulce, como el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, son partidarios de presentarla, según fuentes de la cúpula del ministerio público.
En ambos casos, la intención es actuar por un presunto delito de desobediencia de los responsables de la Generalitat.
Para hoy, lunes, está previsto que continúe la reunión de la Junta de Fiscales de Cataluña que se inició el viernes y terminó sin acuerdo. En esa cita la mayoría de los fiscales fueron reticentes a actuar contra Artur Mas y sus consellers. Romero de Tejada no tenía obligación legal de convocar voluntariamente esa reunión que, en todo caso y una vez forzada por los fiscales catalanes, solo tiene carácter consultivo, pero no vinculante, según fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Una vez que acabe esa reunión, Romero de Tejada trasladará a Eduardo Torres-Dulce su decisión definitiva. A partir de ahí, el fiscal general decidirá por sí mismo, sin que esté previsto que reúna a la Junta de Fiscales de Sala. Ese trámite solo está planteado para el caso en el que un inferior jerárquico no quiera cumplir una orden superior, siempre según dichas fuentes.
Si Torres-Dulce mantiene su decisión inicial de presentar la querella lo tendrá que hacer el responsable de la fiscalía en Cataluña, lo que podría ocurrir en los primeros días de esta misma semana.
Las citadas fuentes explican que la presentación de la querella sería coherente con la actuación del ministerio público durante la jornada del 9-N. Ese día, la fiscalía no se opuso a que varios juzgados admitieran denuncias de ciudadanos contra la Generalitat por delitos como el de desobediencia. Lo que sí hizo la fiscalía por orden de su máximo responsable y en sintonía con el Gobierno fue evitar medidas cautelares, como impedir la apertura de los colegios electorales, para evitar causar un daño mayor que el que se pretendía evitar.
Esa misma noche, la Fiscalía General del Estado hizo pública una nota en la que se insinuaba que se presentaría la querella. “Valorar la posible concurrencia de responsabilidades penales, y en su caso ejercer las oportunas acciones legales”, aseguraba.
El propio Gobierno dio por hecha esa actuación de la fiscalía y así lo ha reiterado con impaciencia durante toda la pasada semana, en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y Torres-Dulce. El viernes, el fiscal general insinuó la posibilidad de que, finalmente, no hubiera querella, argumentando que no era necesaria porque ya hay actuaciones judiciales en marcha como consecuencia de denuncias de ciudadanos. Esa circunstancia ya existía desde el mismo 9-N, cuando se pronunciaron varios jueces de Cataluña.
COMENTARIO:
En un país verdaderamente democrático, las presiones políticas que el PP ejerce sobre la Fiscalía suscitarían un rechazo profundo y se investigarían. Las declaraciones de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, avanzando que la Fiscalía presentaría una querella son graves. Se quiere poner la Fiscalía en un debate político en el cual no tiene que estar, e incluso dentro del PP hay malestar por cómo se ha gestionado. Es sorprendente que se acuse al gobierno de Mas de desobediencia, ya que no recibieron ningún requerimiento del Tribunal Constitucional sobre el 9N.
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