La sobrecarga de trabajo atasca 864 juzgados en toda España
Los órganos mercantiles de Sevilla, los más saturados del país, están señalando vistas para 2017.
Casi la mitad de los juzgados de España (1.695 de 3.894) sufren una sobrecarga de trabajo superior al 150%, según el último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judical (CGPJ). De éstos, en 864 juzgados el porcentaje de asuntos pendientes de resolución, lo que refleja el atasco y la saturación que sufren estos órganos, es superior a la media. Los juzgados de la Comunidad Valenciana , Andalucia, Castilla-La Mancha y Madrid son los que tienen el mayor porcentaje de sobrecarga de trabajo. Por órganos, los juzgados de lo social, los de primera instancia y los mercantiles, son los que más atascos sufren.
“Es un problema grave y complejo”, señala la juez Mar Cabrejas, miembro de la comisión permanente del CGPJ. “Existe una descompensación en la distribución de cargas de trabajo: hay un número significativo de juzgados que presenta cargas inferiores al 100% y por otro lado la crísis económica ha saturado especialmente juzgados sociales, mercantiles y civiles. La no creación de plazas en los últimos cuatro años ha complicado el panorama”.
El juzgado con más sobrecarga de trabajo en España (483%) es el mercantil número 2 de Sevilla, cuyo titular es Miguel Ángel Navarro. Si la carga aprobada para cada juzgado de lo Mercantil es de entre 333 y 399 asuntos, al juez Navarro le llegaron el año pasado 1.769.
El trabajo de los jueces de lo Mercantil se ha disparado con la crisis debido, sobre todo, a los concursos de acreedores . En lo que va de año, al despacho del juez Navarro han llegado 783 demandas concursales. Pero aún son más las demandas de asuntos mercantiles, 1.241 desde enero, entre las que destacan los procedimientos por impugnación de condiciones generales de los contratos, en especial las cláusulas suelo de las hipotecas. “Las condiciones abusivas de muchos contratos son una realidad que antes ni se denunciaban. Ahora hay abogados que se están especializando en estos asuntos y nos llegan en aluvión”, señala Navarro, que cuenta con la ayuda de otro juez en comisión de servicio.
Las vistas para resolver estas demandas se están señalando para 2017. El juez Navarro admite que los ciudadanos son bastante pacientes. “Poco revuelo hay para la situación que se soporta. En el ámbito judicial ocurre como el resto de asuntos del país, la gente se está acostumbrando, ha asumido que hay dilaciones extremas y la mayoría ni protesta”, afirma. “Si no se pone remedio, el año que viene se empezaran ya a señalar juicios para 2020”.
La solución pasa, según el juez, por la creación en Sevilla de al menos dos nuevos juzgados de lo Mercantil o bien por reasignar a los juzgados de instancia la competencia sobre las demandas de las condiciones generales de los contratos.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid tiene, según el informe de la Inspección, un 408% de sobrecarga de trabajo, casi el triple de lo que se considera asumible. Sin embargo, no está saturado. Los tres magistrados de esta sección tuvieron que tramitar el año pasado 4.719 asuntos, más del doble que el resto de secciones de la Audiencia Provincial. Pese a ello, su nivel de asuntos pendientes (582) es bajo en relación a los asuntos que tramita.
El magistrado Arturo Beltrán, presidente de la sección quinta de la Audiencia de Madrid, explica que al tratarse de un órgano al que llegan todos los recursos de presos, se ven obligados a resolver cada año un 250% más de casos que el resto de secciones. “El 85% de nuestro trabajo consiste en autos de vigilancia penitenciaria, que desde el punto de vista doctrinal son sencillos. Toda la Audiencia necesita más jueces, todos trabajamos por encima de lo asumible y lo pagamos en salud, porque nos quita el sueño, los fines de semana y hasta las vacaciones, pero en ningún caso esta sobrecarga significa que le quitemos al justiciable sus derechos”, señala Beltrán.
La vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas plantea dos soluciones: “Una distribución adecuada de las cargas de trabajo y la creación de unidades judiciales en aquellos órganos cuya sobrecarga no es coyuntural. La creación de tribunales de instancia permitiría la redistribución más justa de las cargas de trabajo. Si no se crean de manera próxima, la creación de plazas de hace imprescindible para evitar la situación actual y la continua utilización de figuras de refuerzo que no ofrecen una solución satisfactoria”.
La Asociación Jueces para la Democracia (Jpd) asegura citando una encuesta que el 92% de los jueces confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo. “Hay 395 jueces sin plaza y se han suprimido 1.200 jueces sustitutos. El Gobierno ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno. Es urgente que en los próximos cinco años se creen 815 plazas”, señala.
COMENTARIO:
Soy Abogado y sé de lo que hablo. La falta de inversiones del estado y de las comunidades autónomas con competencias asumidas en justicia es atroz, una vergüenza sin paliativos. No hay nada más humillante ni que atente más contra los derechos humanos que un proceso se encuentre cinco años en primera instancia. La unificación de los juzgados de primera instancia civiles (reclamaciones de cantidad, familia, arrendamientos, etc) junto con la instrucción penal y, además, los juicios de faltas es DEMENCIAL. Se impone una organización judicial del siglo XIX al siglo XXI, para eso no pasa el tiempo. En materia de administración de justicia, España sigue siendo la España negra, la de charanga y pandereta y la España "Cañí". Pagamos bastantes impuestos para que el estado nos ofrezca medios decentes. Y punto.
Esto no es impartir Justicia. De ningún modo. En este país es la injusticia la que campa por sus respetos, para todos, pero sobre todo para los pobres. Los poderosos, con abogados de postín, obstaculizando cuanto pueden, logran por su cuenta alargar los procesos, alcanzando prescripciones injustas, etc.... Casi siempre, salen de rositas, y si no, indulto al canto y a su casa. No existe justicia sana y rápida en este país. Aparte de que cuando se toca a un político o personaje influyente, no se sabe hasta qué punto el poder judicial no será presionado por el ejecutivo, como ya hemos visto frecuentemente. Mientras no se le otorguen más medios y hasta que el poder Judicial no sea independiente, este país seguirá funcionando como una república bananera y -cada vez más- perderá la confianza del pueblo en lo más sagrado, en lo que más puede cohesionar a una sociedad y hacerla seria y creíble.
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